La aprobación de la reforma fiscal con los votos de la alianza PRI-PRD endureció la posición de los panistas frente al gobierno federal y los legisladores priistas; aprendieron la lección de las negociaciones de los perredistas y entendieron que pueden hacer valer la división interna del blanquiazul para obtener mayores concesiones del partido gobernante y obligarlo a una mayor apertura a la inversión privada en exploración y producción de hidrocarburos.
MÉXICO, DF (Apro).- La aprobación de la reforma fiscal con los votos de la alianza PRI-PRD endureció la posición de los panistas frente al gobierno federal y los legisladores priistas; aprendieron la lección de las negociaciones de los perredistas y entendieron que pueden hacer valer la división interna del blanquiazul para obtener mayores concesiones del partido gobernante y obligarlo a una mayor apertura a la inversión privada en exploración y producción de hidrocarburos.
La división del panismo es real, y tras la reforma fiscal las fracturas se incrementaron. Antes de la misma, en el Senado podían identificarse únicamente los grupos calderonista (encabezado por Ernesto Cordero) y maderista (conducido por Jorge Luis Preciado), pero tras la exclusión absoluta de los blanquiazules en las negociaciones legislativas correspondientes, también se manifestaron con mayor claridad las diferencias de senadores como Ernesto Ruffo y Javier Corral, que en general se habían alineado con su actual coordinador.
La energética es una reforma constitucional y, por lo tanto, requiere de una mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras. En el caso del Senado, sería preciso reunir 86 votos a favor, cuando la alianza PRI-PVEM-Panal únicamente completaría 62. Eso significa que dicha alianza necesitaría el apoyo de 24 de los 38 senadores blanquiazules, respaldo que hoy no puede garantizar ninguno de los grupos panistas.
Además, la negociación se complica porque el PAN condiciona la discusión de la reforma energética a que se desahogue previamente la político-electoral, centrada en buena medida en la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y, por ende, en la desaparición de los institutos estatales electorales. Este punto ya provocó la reacción de los gobernadores priistas, que tienen en sus manos la aprobación de la misma, pues por ser reforma constitucional reclama también el respaldo de los congresos de 16 estados, que no puede lograrse sin la colaboración de los mandatarios estatales.
Ahora los panistas exigen la creación del INE y una mayor apertura a la inversión privada en exploración y explotación de hidrocarburos. En este segundo caso no es claro si impulsan la posibilidad de otorgar concesiones a compañías privadas o nada más la de contratos de producción compartida. De cualquier forma, van más allá de la iniciativa presidencial. De acuerdo con la información divulgada el miércoles 6 por The Wall Street Journal, la exigencia es por los contratos de producción compartida. Como sea, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, reconoció en entrevista con Reforma: "…la negociación política implica aceptar cambios".
Mientras tanto, al presidente Enrique Peña Nieto le urge la aprobación de la reforma energética, especialmente porque sabe que es la única posibilidad de reactivar la economía mexicana, sobre todo porque el miércoles pasado el Banco de México volvió a ubicar las expectativas de crecimiento a la baja, de manera que este año se alcanzaría apenas 0.9% de incremento del PIB, es decir, prácticamente la mitad del 1.7% previsto por la Secretaría de Hacienda.
Y su urgencia la manifestó abiertamente al participar el jueves 7 en la Cumbre de México 2013 "El Próximo Capítulo", que organiza The Economist. Sabe que aprobar la reforma energética en este periodo eleva las probabilidades de reactivación de la economía mexicana, aunque sin ninguna garantía, pues es un hecho que la presentación de la iniciativa, en agosto pasado, no despertó el entusiasmo de los mercados financieros internacionales (Proceso 1921).
Así que en estos momentos el PAN tiene la sartén por el mango. Lo paradójico del asunto es que sus divisiones internas, particularmente en el grupo parlamentario del Senado, pueden aumentar sus ganancias o conducirlo al fracaso. Y como en el panismo ningún bloque es capaz de asegurar al gobierno los votos necesarios para aprobar la reforma, éste deberá negociar con los diferentes grupos, los que pueden incrementar sus exigencias y lograr mayores concesiones; aunque también pueden perder todo, pues es real la posibilidad de que una fracción de 15 senadores blanquiazules rechacen todas las propuestas que les hagan y mantengan su posición de diferir la discusión de la reforma energética hasta 2014, o bien, de que estiren tanto la cuerda que terminen reventando las negociaciones.
Asimismo, hay que alertar sobre el hecho de que la debilidad negociadora del gobierno priista lo lleve a conceder demasiado a los panistas y lo conduzca a perder el apoyo de algunos de sus legisladores. Hoy ya es evidente que un grupo amplio de gobernadores priistas (por no asegurar que todos) se oponen a la desaparición de sus órganos electorales estatales, en tanto que, por otra parte, es muy probable que igualmente haya legisladores del PRI convencidos de que la apertura a la iniciativa privada de la exploración y producción del petróleo es negativa para México y que, en consecuencia, no estén dispuestos a avalar mayores concesiones en la materia.
Así, pese a que el gobierno de Peña Nieto tendrá que hacer concesiones en busca de la reforma energética en el actual periodo de sesiones, la debilidad de los dos principales grupos negociadores (el mismo gobierno y los panistas) pone en riesgo el desenlace. Hace dos meses y medio, cuando el presidente envió la iniciativa, era posible afirmar que la reforma obtendría los votos necesarios y que las condiciones establecidas en ella podían ser un piso mínimo para los panistas. Ahora las condiciones han cambiado, y aun cuando el gobierno se ve obligado a acercarse a las posturas del PAN, ni eso le asegura la aprobación.
Fuente: Proceso
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