La reforma hacendaria aprobada el viernes 18 por la Cámara de Diputados no dejó satisfecho a nadie, ni al proponente. Los legisladores le dieron la vuelta a varios puntos de la iniciativa y no sólo enconaron las divisiones entre bancadas sino que recortaron las previsiones del Ejecutivo y se ganaron el rechazo del empresariado, pero sobre todo de la ciudadanía cautiva, la que acabará pagando (con insuficiencia) el previsible hueco petrolero.
20 octubre 2013 | Carlos Acosta Córdova | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- Fueron 41 días de crispación y turbulencia —desde el 8 de septiembre, al darse a conocer la propuesta de reforma hacendaria, hasta la madrugada del viernes 18, cuando se aprobó—, durante los cuales se desataron todas las pasiones y todos los intereses económicos y políticos.
Más allá del saldo, que a nadie dejó satisfecho, quedaron retratados todos los actores enfrascados en esta guerra sin cuartel.
Un gobierno acorralado que debió ceder y conceder por culpa de una Secretaría de Hacienda soberbia, la cual actuó con sigilo, encerrada, sin consultar ni a sus pares a la hora de elaborar la reforma fiscal —agresiva en extremo—, no previó efectos colaterales. Trataba igual a los desiguales y al final quedó achatada y recaudará menos de lo muy poco que esperaba.
Un sector empresarial movilizado como hacía mucho no lo hacía; cuyos sectores —prácticamente todos— se irritaron ante la amenaza a sus privilegios; gastó dinerales en los medios para ventilar sus quejas contra la "agresión" del gobierno; y copó con cabilderos, billete en mano, oficinas públicas y legislativas para negociar cambios en las leyes que lastimaban los intereses de los patrones.
Un PRI que sin necesitarlo, pues sólo requería una mayoría simple en la Cámara de Diputados, se vio obligado —ante la soberbia de Hacienda— a recurrir al auxilio del PRD para sacar adelante la reforma.
Un PAN montado en el berrinche que quiso cobrar cara su alianza al PRI pero terminó perdiendo: dividido, chiquito, gritando a solas. Se opuso a casi todos los puntos de la reforma fiscal pero nunca con argumentos sólidos ni apoyos —sin unidad partidista— y sí, más bien, con ánimo de venganza.
El PRI frenó la reforma fiscal de Vicente Fox en 2001, aquella que proponía IVA en alimentos y medicinas y compensar a los pobres —"completito y copeteado"— por la vía del gasto social.
Además hizo chiquita e intrascendente la reforma energética de Felipe Calderón en 2008; paró en seco la "contribución contra la pobreza", un impuesto generalizado de 2% al consumo que propuso el panista a finales de 2009, se lo cambió por el incremento al IVA de 15% a 16% y puso todas las trabas para que los gobiernos panistas no sacaran sus propuestas económicas.
Quiso cobrárselas el PAN pero se quedó aislado, gritando al viento, acusando de "mercenarios" a los perredistas que se aliaron al PRI.
Un PRD que, en efecto, sacó la mejor tajada pero debió hacer abstracción de ideología para aliarse con el PRI, lo cual era a fin de cuentas una alianza con Enrique Peña Nieto, su némesis.
Y le salió bien: prácticamente todas sus viejas demandas quedaron plasmadas en la reforma: no al IVA en alimentos y medicinas; progresividad en el ISR; aplicación de este gravamen a las ganancias en bolsa y en los dividendos; incorporación del Distrito Federal al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, del que estaba insólitamente excluido porque no tiene municipios ni, supuestamente, altos niveles de pobreza…
Y por si fuera poco, un fondo adicional por los gastos extra en que incurre la capital por ser sede de los poderes federales.
Se ganó el PRD el encono de otras fuerzas de izquierda y de líderes muy visibles de la misma, como Andrés Manuel López Obrador, pero ni caso les hizo.
MENOS DE LO ESPERADO
Desde el pasado 8 de septiembre el gobierno dejó en claro que era poco lo que iba a recaudar adicionalmente con ella: 240 mil millones de pesos más, apenas 5.6% del total de los ingresos presupuestados para 2014 o 1.5% del producto interno bruto calculado para ese año.
Pero será menos. Lo que no pasó y los ajustes a lo que sí pasó implicarán una merma de casi 56 mil millones de pesos sobre aquellos 240 inicialmente esperados.
Peor aún, ese boquete de 56 mil millones anula en 80% los 70 mil millones de pesos de recaudación adicional neta que se esperaba por IVA e ISR con la reforma, que era de 54 mil millones en el primer caso y de 16 mil millones en el segundo.
Y si ambos impuestos son la parte medular del sistema impositivo nacional fue más que claro que la llamada reforma hacendaria quedó lejos de ser realmente una reforma y mucho menos estructural: no será, como prometía el gobierno, palanca para la transformación económica del país; no hará posible que las finanzas públicas ya no dependan de los ingresos petroleros; no proveerá de recursos suficientes para enfrentar las ingentes necesidades de gasto; no echará a andar la economía ni brindará, de manera pronta, mayor bienestar a la población.
Era mucho lo que se prometía y esperaba. Lejos quedó la posibilidad de ampliar de manera contundente la base tributaria o de evitar que el fisco se recargue en los de siempre, en los contribuyentes cautivos, sobre todo en los asalariados, quienes cargan prácticamente con el peso de la recaudación.
Y sin embargo tampoco es menor ni desdeñable lo que se logró.
El Impuesto Sobre la Renta es el principal del esquema tributario nacional, el de mayor recaudación pero también el que mayores problemas causa a la autoridad —y a los contribuyentes— por su eterna porosidad y su persistente complicación.
Para 2014 el gobierno federal propuso eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), y recoger del primero, en una nueva Ley del ISR, los mecanismos para evitar las vías de elusión fiscal.
Así, de acuerdo con las diversas modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, a partir del próximo año, por ejemplo, los grupos empresariales ya no podrán tener empresas creadas o compradas ex profeso para tener pérdidas y diluir en ellas las ganancias de otras compañías del grupo, para así reducir la base para el pago de sus impuestos. Se eliminó el régimen de consolidación fiscal.
Las grandes empresas del sector agropecuario —trasnacionales inclusive— que venían beneficiándose indebidamente de una tasa reducida de ISR, de 21%, ahora pagarán la tasa general de 30% (a partir de ingresos de 338 salarios mínimos) y ya no tendrán las otras facilidades administrativas de las que gozaban.
Así será, pues se eliminó el régimen simplificado para el sector primario, para el que ahora se establecen tratamientos diferenciados, según el tamaño de la empresa o el ingreso de las personas físicas que trabajan en ese sector.
También se eliminó otra vía muy común para disminuir la carga impositiva, la muy polémica deducción inmediata de activos fijos. Muchas empresas la emplean sanamente para hacer crecer su empresa y generar más empleos. Pero realmente la mayoría lo hace, según la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, para disminuir las utilidades y, por ende, la base para el pago de impuestos.
Es decir que muchas compañías prefieren acumular bienes, muebles e inmuebles, para deducirlos en el mismo año de la compra, aunque no hagan uso de ellos de inmediato... salvo para pagar menos impuestos. Ahora sólo podrán deducir el bien a lo largo de la vida útil del mismo.
Aceptó la Cámara de Diputados las propuestas del gobierno, también en materia de ISR, de bajar la deducción en la compra de automóviles, de 175 mil pesos a 130 mil y el arrendamiento de autos, de 230 a 200 pesos diarios.
Pero no aceptó la eliminación total de la deducción en el consumo de alimentos en restaurantes por parte de empresas y personas físicas con actividad empresarial; sólo la bajó del 12.5% vigente a 8.5% a partir del próximo año, y eso sólo si se paga con plástico bancario u otro autorizado por el SAT.
En materia de ingresos de las personas físicas, la Cámara de Diputados complicó más las cosas. El Ejecutivo proponía una tasa marginal de 32% para ingresos superiores a los 500 mil pesos anuales; es decir que hasta esa cifra se pagaría la tasa máxima de 30% y por el excedente dos puntos más de ISR.
Pero los diputados, en aras de "dotar de mayor progresividad al sistema impositivo y en particular al ISR de las personas físicas", decidieron "que las personas con ingresos mayores de 500 mil pesos tributen a una tasa de 31%; los ingresos superiores a 750 mil pesos enfrenten una tasa de 32%, quienes obtengan ingresos por encima de 1 millón de pesos anuales sean gravados con la tasa de 34% y los que perciban ingresos superiores a 3 millones de pesos contribuyan a la tasa máxima de 35%".
Así está redactado el dictamen que fue aprobado por el pleno la madrugada del viernes 18.
Y dice también: "Los niveles de tasas propuestos se consideran adecuados puesto que se ubican por debajo del promedio que aplican los países miembros de la OCDE, donde en promedio la tasa marginal máxima es de 42.6%".
Cierto. Como cierto es también que los servicios que reciben los contribuyentes mexicanos por el pago de sus impuestos no son en cantidad o en calidad ni la mitad de lo recibido por los contribuyentes de aquellos países.
Por esa "progresividad", el tan alardeado afán de que paguen más quienes más ganan, el fisco obtendrá, según cálculos de los diputados, 2 mil 200 millones de pesos más de lo que esperaba el gobierno.
También aceptó la Cámara las propuestas de gravar con una tasa de 10% las ganancias por la venta de acciones en la bolsa de valores y por la distribución de dividendos.
POLÉMICO IVA
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, a partir de 2014 las zonas fronterizas del país tributarán con la tasa general de 16% y ya no de 11%, lo que hará perder al fisco casi 16 mil millones de pesos este año. De no haber sido aprobada en la Cámara su eliminación le habría costado poco más de 17 mil millones.
No prosperaron, por el rechazo generalizado de inicio, el IVA en colegiaturas, en la venta y alquiler de casas, en los intereses reales de los créditos hipotecarios (salvo cuando excedan las 750 mil udis) y tampoco en los espectáculos públicos ni en la venta de joyería al mayoreo.
Sí habrá IVA en las importaciones temporales de las maquiladoras, pero con controles y facilidades para aquellas que, en efecto, venden en el exterior el total o el grueso de su producción.
También se aplicará el impuesto en chicles, mascotas y alimentos para éstas y en el transporte foráneo terrestre de pasajeros. Modificaciones en otros impuestos y derechos darán como resultado que las empresas mineras —las cuales hacen su agosto en México— tributen más.
Por lo pronto, de acuerdo con lo aprobado, pagarán tres derechos más: uno especial de 7.5% sobre sus ingresos, menos deducciones de ley; uno extraordinario de 0.5%, sin deducciones, sobre las ventas de metales preciosos, y uno adicional cuando tengan las minas inactivas dos años continuos.
Y lo que también fue muy polémico y ocupó grandes espacios en los medios: el febril embate de las compañías refresqueras que no pudieron evitar el impuesto de un peso por litro en las bebidas azucaradas, al cual se agregó el repentino impuesto de 5% a los alimentos chatarra, no considerado en la iniciativa del Ejecutivo. Positivo, pues, lo logrado. Pero lejos de tener la trascendencia estructural prometida. El alcance recaudatorio, muy menor.
Fuente: Proceso
20 octubre 2013 | Carlos Acosta Córdova | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- Fueron 41 días de crispación y turbulencia —desde el 8 de septiembre, al darse a conocer la propuesta de reforma hacendaria, hasta la madrugada del viernes 18, cuando se aprobó—, durante los cuales se desataron todas las pasiones y todos los intereses económicos y políticos.
Más allá del saldo, que a nadie dejó satisfecho, quedaron retratados todos los actores enfrascados en esta guerra sin cuartel.
Un gobierno acorralado que debió ceder y conceder por culpa de una Secretaría de Hacienda soberbia, la cual actuó con sigilo, encerrada, sin consultar ni a sus pares a la hora de elaborar la reforma fiscal —agresiva en extremo—, no previó efectos colaterales. Trataba igual a los desiguales y al final quedó achatada y recaudará menos de lo muy poco que esperaba.
Un sector empresarial movilizado como hacía mucho no lo hacía; cuyos sectores —prácticamente todos— se irritaron ante la amenaza a sus privilegios; gastó dinerales en los medios para ventilar sus quejas contra la "agresión" del gobierno; y copó con cabilderos, billete en mano, oficinas públicas y legislativas para negociar cambios en las leyes que lastimaban los intereses de los patrones.
Un PRI que sin necesitarlo, pues sólo requería una mayoría simple en la Cámara de Diputados, se vio obligado —ante la soberbia de Hacienda— a recurrir al auxilio del PRD para sacar adelante la reforma.
Un PAN montado en el berrinche que quiso cobrar cara su alianza al PRI pero terminó perdiendo: dividido, chiquito, gritando a solas. Se opuso a casi todos los puntos de la reforma fiscal pero nunca con argumentos sólidos ni apoyos —sin unidad partidista— y sí, más bien, con ánimo de venganza.
El PRI frenó la reforma fiscal de Vicente Fox en 2001, aquella que proponía IVA en alimentos y medicinas y compensar a los pobres —"completito y copeteado"— por la vía del gasto social.
Además hizo chiquita e intrascendente la reforma energética de Felipe Calderón en 2008; paró en seco la "contribución contra la pobreza", un impuesto generalizado de 2% al consumo que propuso el panista a finales de 2009, se lo cambió por el incremento al IVA de 15% a 16% y puso todas las trabas para que los gobiernos panistas no sacaran sus propuestas económicas.
Quiso cobrárselas el PAN pero se quedó aislado, gritando al viento, acusando de "mercenarios" a los perredistas que se aliaron al PRI.
Un PRD que, en efecto, sacó la mejor tajada pero debió hacer abstracción de ideología para aliarse con el PRI, lo cual era a fin de cuentas una alianza con Enrique Peña Nieto, su némesis.
Y le salió bien: prácticamente todas sus viejas demandas quedaron plasmadas en la reforma: no al IVA en alimentos y medicinas; progresividad en el ISR; aplicación de este gravamen a las ganancias en bolsa y en los dividendos; incorporación del Distrito Federal al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, del que estaba insólitamente excluido porque no tiene municipios ni, supuestamente, altos niveles de pobreza…
Y por si fuera poco, un fondo adicional por los gastos extra en que incurre la capital por ser sede de los poderes federales.
Se ganó el PRD el encono de otras fuerzas de izquierda y de líderes muy visibles de la misma, como Andrés Manuel López Obrador, pero ni caso les hizo.
MENOS DE LO ESPERADO
Desde el pasado 8 de septiembre el gobierno dejó en claro que era poco lo que iba a recaudar adicionalmente con ella: 240 mil millones de pesos más, apenas 5.6% del total de los ingresos presupuestados para 2014 o 1.5% del producto interno bruto calculado para ese año.
Pero será menos. Lo que no pasó y los ajustes a lo que sí pasó implicarán una merma de casi 56 mil millones de pesos sobre aquellos 240 inicialmente esperados.
Peor aún, ese boquete de 56 mil millones anula en 80% los 70 mil millones de pesos de recaudación adicional neta que se esperaba por IVA e ISR con la reforma, que era de 54 mil millones en el primer caso y de 16 mil millones en el segundo.
Y si ambos impuestos son la parte medular del sistema impositivo nacional fue más que claro que la llamada reforma hacendaria quedó lejos de ser realmente una reforma y mucho menos estructural: no será, como prometía el gobierno, palanca para la transformación económica del país; no hará posible que las finanzas públicas ya no dependan de los ingresos petroleros; no proveerá de recursos suficientes para enfrentar las ingentes necesidades de gasto; no echará a andar la economía ni brindará, de manera pronta, mayor bienestar a la población.
Era mucho lo que se prometía y esperaba. Lejos quedó la posibilidad de ampliar de manera contundente la base tributaria o de evitar que el fisco se recargue en los de siempre, en los contribuyentes cautivos, sobre todo en los asalariados, quienes cargan prácticamente con el peso de la recaudación.
Y sin embargo tampoco es menor ni desdeñable lo que se logró.
El Impuesto Sobre la Renta es el principal del esquema tributario nacional, el de mayor recaudación pero también el que mayores problemas causa a la autoridad —y a los contribuyentes— por su eterna porosidad y su persistente complicación.
Para 2014 el gobierno federal propuso eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), y recoger del primero, en una nueva Ley del ISR, los mecanismos para evitar las vías de elusión fiscal.
Así, de acuerdo con las diversas modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, a partir del próximo año, por ejemplo, los grupos empresariales ya no podrán tener empresas creadas o compradas ex profeso para tener pérdidas y diluir en ellas las ganancias de otras compañías del grupo, para así reducir la base para el pago de sus impuestos. Se eliminó el régimen de consolidación fiscal.
Las grandes empresas del sector agropecuario —trasnacionales inclusive— que venían beneficiándose indebidamente de una tasa reducida de ISR, de 21%, ahora pagarán la tasa general de 30% (a partir de ingresos de 338 salarios mínimos) y ya no tendrán las otras facilidades administrativas de las que gozaban.
Así será, pues se eliminó el régimen simplificado para el sector primario, para el que ahora se establecen tratamientos diferenciados, según el tamaño de la empresa o el ingreso de las personas físicas que trabajan en ese sector.
También se eliminó otra vía muy común para disminuir la carga impositiva, la muy polémica deducción inmediata de activos fijos. Muchas empresas la emplean sanamente para hacer crecer su empresa y generar más empleos. Pero realmente la mayoría lo hace, según la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, para disminuir las utilidades y, por ende, la base para el pago de impuestos.
Es decir que muchas compañías prefieren acumular bienes, muebles e inmuebles, para deducirlos en el mismo año de la compra, aunque no hagan uso de ellos de inmediato... salvo para pagar menos impuestos. Ahora sólo podrán deducir el bien a lo largo de la vida útil del mismo.
Aceptó la Cámara de Diputados las propuestas del gobierno, también en materia de ISR, de bajar la deducción en la compra de automóviles, de 175 mil pesos a 130 mil y el arrendamiento de autos, de 230 a 200 pesos diarios.
Pero no aceptó la eliminación total de la deducción en el consumo de alimentos en restaurantes por parte de empresas y personas físicas con actividad empresarial; sólo la bajó del 12.5% vigente a 8.5% a partir del próximo año, y eso sólo si se paga con plástico bancario u otro autorizado por el SAT.
En materia de ingresos de las personas físicas, la Cámara de Diputados complicó más las cosas. El Ejecutivo proponía una tasa marginal de 32% para ingresos superiores a los 500 mil pesos anuales; es decir que hasta esa cifra se pagaría la tasa máxima de 30% y por el excedente dos puntos más de ISR.
Pero los diputados, en aras de "dotar de mayor progresividad al sistema impositivo y en particular al ISR de las personas físicas", decidieron "que las personas con ingresos mayores de 500 mil pesos tributen a una tasa de 31%; los ingresos superiores a 750 mil pesos enfrenten una tasa de 32%, quienes obtengan ingresos por encima de 1 millón de pesos anuales sean gravados con la tasa de 34% y los que perciban ingresos superiores a 3 millones de pesos contribuyan a la tasa máxima de 35%".
Así está redactado el dictamen que fue aprobado por el pleno la madrugada del viernes 18.
Y dice también: "Los niveles de tasas propuestos se consideran adecuados puesto que se ubican por debajo del promedio que aplican los países miembros de la OCDE, donde en promedio la tasa marginal máxima es de 42.6%".
Cierto. Como cierto es también que los servicios que reciben los contribuyentes mexicanos por el pago de sus impuestos no son en cantidad o en calidad ni la mitad de lo recibido por los contribuyentes de aquellos países.
Por esa "progresividad", el tan alardeado afán de que paguen más quienes más ganan, el fisco obtendrá, según cálculos de los diputados, 2 mil 200 millones de pesos más de lo que esperaba el gobierno.
También aceptó la Cámara las propuestas de gravar con una tasa de 10% las ganancias por la venta de acciones en la bolsa de valores y por la distribución de dividendos.
POLÉMICO IVA
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, a partir de 2014 las zonas fronterizas del país tributarán con la tasa general de 16% y ya no de 11%, lo que hará perder al fisco casi 16 mil millones de pesos este año. De no haber sido aprobada en la Cámara su eliminación le habría costado poco más de 17 mil millones.
No prosperaron, por el rechazo generalizado de inicio, el IVA en colegiaturas, en la venta y alquiler de casas, en los intereses reales de los créditos hipotecarios (salvo cuando excedan las 750 mil udis) y tampoco en los espectáculos públicos ni en la venta de joyería al mayoreo.
Sí habrá IVA en las importaciones temporales de las maquiladoras, pero con controles y facilidades para aquellas que, en efecto, venden en el exterior el total o el grueso de su producción.
También se aplicará el impuesto en chicles, mascotas y alimentos para éstas y en el transporte foráneo terrestre de pasajeros. Modificaciones en otros impuestos y derechos darán como resultado que las empresas mineras —las cuales hacen su agosto en México— tributen más.
Por lo pronto, de acuerdo con lo aprobado, pagarán tres derechos más: uno especial de 7.5% sobre sus ingresos, menos deducciones de ley; uno extraordinario de 0.5%, sin deducciones, sobre las ventas de metales preciosos, y uno adicional cuando tengan las minas inactivas dos años continuos.
Y lo que también fue muy polémico y ocupó grandes espacios en los medios: el febril embate de las compañías refresqueras que no pudieron evitar el impuesto de un peso por litro en las bebidas azucaradas, al cual se agregó el repentino impuesto de 5% a los alimentos chatarra, no considerado en la iniciativa del Ejecutivo. Positivo, pues, lo logrado. Pero lejos de tener la trascendencia estructural prometida. El alcance recaudatorio, muy menor.
Fuente: Proceso
