La Comisión de Justicia concluyó que la adición surgió por el encarcelamiento de personas que no tuvieron una defensa adecuada.
28 octubre 2013 | Enrique Méndez | La Jornada en Línea
México, DF. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados decidió avalar sin cambios la minuta del Senado, para que el Ejecutivo tenga la atribución de conceder el indulto, medida que busca lograr la liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez y otros indígenas presos, “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos” en el proceso penal.
Según el proyecto de dictamen, circulado hoy a los diputados y que se votará mañana en la comisión, la reforma para agregar un artículo 97 bis al Código Penal Federal consiste en “abrir la posibilidad de que, a través de un indulto, el Ejecutivo pueda otorgar la libertad y justicia a todas las personas que injustamente fueron condenadas por no contar con los medios legales para su defensa”.
La minuta fue recibida el jueves en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Justicia, que tras revisarla concluyó que la adición surge por el encarcelamiento de personas a quienes no les fue garantizado su derecho a una defensa adecuada, violados sus derechos al debido proceso y sentenciadas “con penas privativas de la libertad de manera arbitraria, trayendo consigo consecuencias negativas en el sistema federal de justicia penal”.
El proyecto define que numerosos casos justifican la reforma. “Ejemplos hay muchos; sin embargo, el más reciente y que ha cobrado mayor relevancia en los meses recientes, es el caso del profesor Alberto Patishtán, acusado por lesiones, homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y que lleva encarcelado 13 años”, expresa.
También considera que el caso es de tal relevancia, que el Congreso de la Unión ha emitido tres puntos de acuerdo para exigir la liberación de Patishtán.
Acota que el proceso contra Patishtán no es el único en que el acusado no recibió una defensa adecuada.
“Se pueden citar el caso de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en Querétaro; y el de Francisco Santiz, en Chiapas. Hay muchos más que, por desgracia, no hay cobrado la relevancia que merecen”, indica.
En ese sentido, plantea la conveniencia de aprobar mecanismos legales “que intercedan en acciones para que estos casos no sigan siendo parte de la vida cotidiana”.
