Gira alertas a escala nacional e internacional; en la mira, al menos otras 160
El Instituto Nacional de Migración (INM) giró alertas a escala nacional e internacional para investigar en una primera etapa 40 empresas fantasmas y organizaciones civiles que simulan actividades sociales y mercantiles para traer extranjeros a México.
Con las visitas de verificación a los domicilios de las supuestas compañías y el cotejo de los trámites que realizan (en la mira hay 160 negocios más) “se ha tomado el hilo de la madeja” para atacar las redes de tráfico de personas en el país, afirman funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).
En este plan participan también la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República, ante la comprobación de casos de lavado de dinero, evasión fiscal, suplantación de identidad y trata con fines de explotación laboral y sexual.
Información obtenida mediante solicitudes de datos y entrevistas permitió ampliar lo publicado por este diario (13/10/13) acerca de la identificación de al menos 57 empresas en situación irregular y/o vinculadas con el tráfico de personas.
Ahora se precisa que los migrantes proceden de Cuba, India y China, así como de países de Europa del este, principalmente. Este sector es adicional al típico flujo de migrantes centroamericanos y sudamericanos.
En tanto, grandes consorcios como Panasonic y Siemens han presentado denuncias por suplantación de identidad y clonación de documentos para traer extranjeros a su nombre.
En la lista de “empresas alertadas 2013” se encuentran firmas de diversos giros, productos y servicios, aunque también hay supuestos restaurantes y bares. La SG emitió el boletín correspondiente y recomienda que se nieguen los trámites a cada una de éstas.
El resultado más común tras las visitas efectuadas a los domicilios que proporcionaron las personas físicas y morales es que éste no fue hallado (no existe) o en el lugar no está el negocio e incluso ninguno similar.
“(El interesado en introducir o regularizar extranjeros) no se encuentra en el domicilio proporcionado al INM”, “(La empresa) ha promovido diversos trámites de internación de nacionales cubanos, encontrando en algunos de ellos diversas inconsistencias”, “No se encuentra en el domicilio proporcionado a este instituto, razón por la cual no se puede acreditar su legal operación mercantil”, “El promovente ha realizado trámites de internación; el desarrollo de la entrevista consultar practicada a los extranjeros no fue favorable. No se encuentra en el domicilio proporcionado a este instituto”, se explica en los documentos de verificación.
En el listado se incluye el número de oficio de solicitud de registro y oficio de la visita (los 40 casos de esta primera etapa son de ese año y en los 17 restantes la investigación se encuentra en proceso), de supuestas empresas y de grupos que dicen operar en diversas entidades del país.
Algunos focos rojos para el INM son las solicitudes constantes de empresas para emplear extranjeros (incluso de una nacionalidad) y la aparente contratación de éstos con mismo salario y dirección.
“Estamos hablando de miles de extranjeros que han sido traídos a México de manera irregular. Utilizan esta vía como trampolín para el tráfico de personas o para tenerlos aquí en casas de seguridad, en un contexto de explotación y esclavitud. Sólo una organización civil ha hecho trámites para 900 migrantes y otra tiene registros de casi mil cubanos”, explicó un alto funcionario de la SG.
Según cálculos de las autoridades federales, los gestores cobran entre 5 mil y 12 mil dólares por regularizar a cada migrante (el precio va en razón de la nacionalidad). En este proceso irregular también hay cómplices del INM, por lo que también se dio vista al órgano interno de control del organismo y se reforzó la verificación digital de los trámites.
De los operativos están enterados el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente Enrique Peña Nieto, quienes, añadió la fuente, han dado la orden de continuar esas acciones para desarticular “las redes nacionales e internacionales” de tráfico de personas.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada