16 septiembre 2013 | Hermann Bellinghausen | La Jornada en Línea
En cierto modo son irrelevantes, sólo un escalón inferior en la cadena alimentaria en que se ha convertido nuestro oprobioso y oneroso sistema de justicia, pero no está demás insistir en nombrarlos. Freddy Gabriel Celis Fuentes, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Centeno Garduño, como magistrados federales ubicados en Tuxtla Gutiérrez, desecharon en ultimísima instancia el reconocimiento de inocencia para Alberto Patishtán. Gracias a ellos la pesadilla continúa. En medio del reformismo radical y regresivo que desmantela los contenidos sociales y la defensa de la Nación de las leyes, cuando se escatiman con facilidad las garantías de justicia y libertades, el dictamen contra Patishtán constituye todo un mensaje del Estado (como señalara aquí Luis Navarro Hernández) que alcanza a los maestros, los pueblos indígenas y cualquier mexicano que diga no.
¿Separación de poderes, independencia? Ya no hay quien se las crea. Por razones de Estado, o compromisos previamente adquiridos, este mismo sistema de tribunales ha liberado, bajo peregrinos sofismas legistas y mediáticos, a narcotraficantes y secuestradores internacionales, políticos y sus parientes embarrados hasta el cuello, paramilitares convictos y confesos de genocidio, y gente así. Eso sí, el Consejo de la Judicatura Federal, curándose en salud, informó que el fallo “deja sentado que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”.
La división de poderes se reduce a una red de complicidades y reparto de prebendas entre grupos amafiados en torno al presupuesto. Todos estos ministros de la Corte conforman un trabuco exorbitantemente bien pagado, “para que no se corrompan” y en función de su “alta investidura”. A su vez vinculados con otros grupos de poder en televisoras, universidades, clases políticas regionales, no es dato menor que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exista, ya con cierta tradición, un peso de ministros chiapanecos. Armando Valls y Margarita Luna Ramos, actuales miembros de la Corte, poseen claros vínculos con la clase política de su estado. Vienen al caso con lo de Patishtán. El desdén y la arrogancia de la SCJN, transmitidos tal cual a los magistrados de Tuxtla Gutiérrez, les permitieron desechar la oportunidad de proceder con decencia y sensibilidad. Se puede atribuir al racismo, a cálculos políticos de coyuntura en un momento vertiginoso del desmantelamiento de la soberanía a nombre de los negocios de los verdaderos socios, o a detalles microscópicos y retóricos de técnica jurídica (con lo bien que funcionaron para la campaña humanitaria del CIDE para liberar a los paramilitares de Acteal y cerrar un círculo de criminalidad de Estado con impunidad redonda).
Sin embargo, el caso de Patishtán implica un misterio particular, tan importante y delicado que parece volver impensable la liberación. Los que lo encarcelaron en 2000 creyeron que no valía nada, que era desechable. Purga sentencia él solo por un crimen grave que fue debió ser cometido por numerosas personas, una emboscada profesional contra policías en un territorio abrumadoramente militarizado.
Salvo para la tremenda corte, está probado que no participó ni tuvo nada que ver. Pero como nadie más va a pagar por esas muertes emblemáticas (siete policías), el sistema aguantará la presión social. Gobernaba Chiapas el priísta y genocida, como su jefe Zedillo, Roberto Albores Guillén, aún hoy parte activa de los poderes que controlan el gobierno estatal. En 2000 presidía el tribunal supremo de la entidad Noé Castañón León, quien hasta hace poco fue secretario de Gobierno (y en una época posterior de “exilio político”, por corrupción, ¡ministro de la SCJN!). Estos políticos y sus cachorros son parte del Estado realmente existente en la entidad. ¿No habría que empezar la investigación en sus establos?
¿Qué ocultan? ¿Qué cloaca protegen estos actores? La ex primera dama Margarita Zavala de Calderón, “como abogada”, mostró interés se supone que genuino por su liberación, pero nunca hizo nada. Se dice que la paró Genaro García Luna, el jefe policiaco a las órdenes de su marido. Y qué órdenes. El gobernador actual y su antecesor se han pronunciado por la libertad de Patishtán. De lengua se pueden comer un plato, al fin que de ellos no depende. Y en la tabulación policiaca, siete agentes emboscados no se cubren con indulto presidencial.
La trama la tienen amarrada. En lo que se llevan los reclamos a la justicia internacional, lenta como todas, el gobierno de Peña Nieto, su dócil congreso y sus partidos satélites de chuchos y maderos, aserrín, aserrán, apresuran candados para atenuar el impacto de regulaciones y decisiones internacionales en materia de derechos humanos y procedimientos penales. De justicia. Para indios.
Hasta no demostrar lo contrario, detrás del encarcelamiento de Patishtán hay un crimen de Estado.
Fuente: La Jornada en Línea
Fuente: La Jornada en Línea
