La reforma energética propuesta por Peña Nieto amenaza con atropellar a la industria eléctrica mexicana. La iniciativa va en el sentido de acotar el uso que la nación puede hacer de sus recursos generadores de electricidad para ofrecerlos a particulares, quienes ya controlan 45% de la producción en el país. Nada indica que este cambio vaya a disminuir las tarifas; en cambio, hay señales de que podría desatar la especulación –como ocurrió en Estados Unidos con Enron– en un mercado tasado en 329 mil millones de pesos.
La reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto busca que la nación renuncie a aprovechar “los bienes y recursos naturales que se requieran” para la producción de electricidad.
Su iniciativa –que implica suprimir partes de la Constitución– permitiría que el capital privado, en especial las grandes trasnacionales, generara toda la electricidad que quisiera para venderla al mejor postor. Incluso deja un resquicio para que se impongan proyectos de energía renovable aun contra la voluntad de comuneros.
En juego está un mercado de 329 mil millones de pesos, que hoy todavía controlan manos públicas.
De acuerdo con trabajadores y jubilados de la industria, esta reforma entrega “la pechuga del negocio eléctrico” a los empresarios. Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) consideran que la participación privada se concentraría en las zonas de mayor consumo, en detrimento de quienes no pudieran pagar un servicio de primera.
Esto implicaría que la CFE deviniera en empresa deficitaria: “Se va a chatarrizar y en un futuro no muy lejano morirá de inanición porque le van a dejar la parte más costosa del negocio: las zonas populares”, vaticina Francisco Carrillo Soberón, jubilado de LFC y encargado del Comité Nacional de Estudios de la Energía.
Ni siquiera bajarán las tarifas, pronostica. “No hay experiencia exitosa de mercado en el mundo. Aquí se correrá el peligro de que empiece una guerra especulativa en el mercado eléctrico, como lo hizo Enron en Estados Unidos. La especulación, el encarecimiento y el boicot entre empresas generadoras y vendedoras de electricidad es nuestro futuro”.
Recuerda que en 2001 lo que pasó en Estados Unidos fue que las empresas de energía eléctrica se pusieron de acuerdo para golpear a la competencia y para que hubiera mayor demanda de energía. “De repente se descomponían todas las máquinas de muchas empresas y ya no había oferta de electricidad. Así las tarifas subían en lugar de bajar”, dice Carrillo.
A la vista
Según el balance de fuerzas en el Congreso federal y en las legislaturas estatales (donde dominan PRI, PAN, PVEM y Panal, partidos en favor de la apertura), la propuesta de modificar los artículos constitucionales 27 y 28 tiene grandes probabilidades de pasar.
La reforma camina así en sentido contrario a los deseos de buena parte de los trabajadores del sector. El pasado miércoles 14 y durante el acto por el 76 aniversario de la CFE, el dirigente nacional del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar, lanzó ante Peña Nieto: “Lo que solicitamos es que no haya una alta concentración de plantas generadoras en una sola empresa y que se impongan límites a la participación privada en cada modalidad de generación”.
Lo dijo porque, de hecho, 45% de la generación de energía eléctrica en el país ya está en manos privadas, sobre todo de las trasnacionales estadunidenses AES, Intergen y Sempra Energy; españolas como Iberdrola, Unión Fenosa, Mareña y Endesa; la canadiense Transalta, la japonesa Mitsubishi y la belga Tractebel (heredera de Enron). En su mayoría, acusa, simulan permisos de autoconsumo, pero en realidad venden la energía, algo que hasta hoy es potestad exclusiva de la CFE.
Por esto, expertos como el ingeniero Adolfo Miranda Torres (también jubilado de la CFE) presentan una demanda radical: “Que no se entregue ni un permiso más de ‘producción independiente’ y menos aún de ‘autoabasto’”.
Estas exigencias han sido desoídas por el gobierno peñanietista, que propone eliminar la exclusividad de la nación para “generar, conducir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, tal como establece el artículo 27 constitucional.
Pero aún más grave, acusa el también jubilado de LFC Francisco Carrillo: “El Estado mexicano renuncia a su soberanía en viento, agua y sol” al eliminar totalmente la última frase del párrafo quinto del artículo 27, que a la letra dice: “La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.
El peligro, advierte, es que “el derecho sobre las tierras y las aguas que hoy son de comunidades indígenas y campesinas se puede conceder a los extranjeros para que instalen sus parques eólicos o presas, sin importarles la parte social y la protección de recursos naturales”.
La pechuga
Antes de diciembre de 1992 todo el servicio de energía lo generaban, entregaban y comercializaban la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Luego el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició una lenta privatización. Como parte de su estrategia dejó intacta la parte de la Constitución que establece: “Es uso exclusivo de la nación” generar y distribuir la energía eléctrica “que tenga como objetivo el servicio público”.
Sin embargo modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En su artículo tercero hizo excepciones de lo que se entiende por “servicio público”. Ahí englobó la generación de energía para “autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente y la exportación e importación”. El objetivo, se dijo, era aligerar la carga de las paraestatales sin menoscabar la soberanía estatal. Así, de 1994 a 2013 el gobierno ha entregado 918 permisos a particulares en todas las modalidades “excepcionales”.
Los primeros permisos fueron entregados en 1996 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que depende de la Sener. La estadunidense AES y la española Iberdrola fueron las primeras trasnacionales en recibir permisos de “productor independiente”. Esta modalidad permite a un particular generar energía a condición de que toda se la venda a la CFE. Se espera que el costo de venta sea pequeño, para que la paraestatal pueda comprarla y así ofrecer un precio reducido a la población.
Sin embargo, nunca se estableció el círculo virtuoso. El ingeniero Adolfo Miranda Torres, quien durante 19 años fue jefe de Programación y Evaluación de Proyectos de la CFE, explica el procedimiento: “La empresa extranjera que tiene el permiso financia su planta generadora en 80% con dinero de un banco, que le cobra 6% de interés. El 20% del costo de la planta ella lo pone… pero se lo cobra a la CFE con 25% de interés. A final de cuentas la CFE termina pagando más por su energía debido al alto interés que le cobra la privada, lo que impide que las tarifas bajen”.
En contraparte hay ejemplos que evidencian que sí es posible que las instalaciones de la CFE tengan costos más bajos que las privadas.
“La planta Durango, de agosto de 2001 (operada por Unión Fenosa) y la Tamazunchale, de julio de 2011 (operada por Iberdrola), son de ciclo combinado. También hay dos plantas de la CFE, la San Lorenzo, de diciembre de 2009, y la Emilio Portes Gil, de octubre de 2007, también de ciclo combinado. La antigüedad y la tecnología utilizadas son las mismas, pero en las plantas de la CFE el costo de generación de energía es de 0.5% hasta 5% más bajo que el privado. Ésta es una muestra de que la Comisión Federal no requería de esos permisos que se le entregaron a los privados”, describe Carrillo Soberón.
De 1997 a 2013 la CRE ha entregado 28 permisos sólo en la modalidad de “productor independiente”. De ellos, siete fueron para Iberdrola, que en abril pasado hizo integrante de su Consejo de Administración a Georgina Kessel, secretaria de Energía de Felipe Calderón y directora de la CRE en el último año de gobierno de Ernesto Zedillo. El octavo permiso está en manos del consorcio AES; dos los tiene Intergen; tres, Mitsubishi; tres, Unión Fenosa; dos, Transalta y cinco eran de la empresa francesa EDF, pero los traspasó a compañías estadunidenses. Los cinco restantes se otorgaron a empresas más pequeñas.
Carrillo Soberón abunda: “Los cambios a la Constitución permitirían la venta y comercialización de la energía: estos permisos, que eran para venta exclusiva a la CFE, permitirán vender a cualquier usuario, quitándole mercado a la paraestatal”.
Hay un segundo tipo de licencias: las de autoabastecimiento, de las que se han entregado 737 licencias. Según el ingeniero de la CFE Adolfo Miranda Torres, han sido “una verdadera simulación”.
Esta figura avala que una empresa genere la energía que necesita. No obstante la ley ha sido burlada: se constituye una “sociedad de autoconsumo” formada por varios socios que “en realidad son clientes de un productor”.
“Pero como según la Constitución no puede generar ni vender energía se le da la vuelta a la ley incluyéndolos como socios”, explica.
En esta categoría las empresas líderes son, de nuevo, las españolas Iberdrola, Endesa y Mareña y las estadunidenses que recibieron las cesiones de EDF. Estas trasnacionales venden la energía “de autoconsumo” a cientos de municipios del país.
En la mayoría de los planes de expansión de estas firmas se incluyen como futuros socios a más municipios y grandes empresas, del tamaño de Bimbo y Soriana. Así, los grandes consumidores le están pagando la luz a trasnacionales y no a la CFE.
Existe un tercer tipo de permiso: el de “cogeneración”. Éste se expide a corporaciones con procesos que generan energía: “Hay una parte que utilizan para autoconsumo, pero lo que les resta lo deben vender a la CFE; es su excedente”, explica Jesús Navarrete Castellanos, del SUTERM.
El problema, detalla, es que –como en la “autogeneración”– el empresario incluye a varios socios que en realidad son sus clientes. Es tal el absurdo, añade, que incluso existen zonas habitacionales registradas como “cogeneradoras”. La pregunta es cómo un fraccionamiento puede producir energía –y tener excedentes– si no posee una sola instalación industrial.
Un ejemplo es el permiso E/925/COG/2012, entregado a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Valle Real A. C., en el fraccionamiento Valle Real de Zapopan, Jalisco. Aquí, la luz de los 139 colonos la vende la Asociación, cuando debieran comprarla a la CFE. De 1996 a 2013 se han entregado 85 permisos de este tipo.
Otra licencia llama la atención. Fue entregada en 2000 a Enron, que un año después y tras un escándalo generado por la especulación en los precios de la energía en Estados Unidos, tuvo que declararse en quiebra. Dos de sus directivos más importantes siguen presos.
Al estallar el escándalo, Enron se alió en México con la trasnacional belga Tractebel, a la que “cedió” su licencia (a la fecha ese permiso sigue operando). Tres años después, en 2003, Tractebel recibió de la CRE otro permiso de “cogeneración”.
Hoy todos los avales entregados a la iniciativa privada, mexicana o extranjera, explicitan la prohibición de vender energía a empresas o al consumidor particular. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales propuestas esta barrera se eliminaría para dar paso al libre mercado.
El titular de SCT, beneficiado
Un ejemplo claro de hacia dónde va la reforma eléctrica es el permiso E/295/AUT/2004, entregado en 2004 en la modalidad de “autogeneración” a la Operadora del Noroeste del Valle de México,
S. A. de C. V.
Entre sus “socios” la empresa incluye a personas físicas y consorcios. Con los años el permiso ha tenido modificaciones, entre las que destacan el aumento en la capacidad generadora de energía y, por consiguiente, el incremento de socios.
Según la resolución RES/072/2013, entregada el 28 de febrero pasado, entre sus nuevos asociados figura un colaborador de Enrique Peña Nieto. Se trata del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien cuando se entregó el permiso era el director de Administración de la CFE (1999-2005). Es un hombre que según su currículum “coordinó las bases de la reforma energética instrumentada en 2003” por Vicente Fox, que nunca se aprobó pero del que abreva la actual iniciativa presidencial.
“El titular de la SCT no le paga su luz a la CFE; se la compra a una empresa privada, como cientos de vecinos que están de socios en esa empresa. Y hacia allá va toda la reforma: que los privados sean quienes nos vendan la energía y no la paraestatal”, concluye Carrillo Soberón.
