6 junio 2013 | La Redacción | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al gobierno de Sonora detalle qué documentos había en la bodega que estaba a un lado de la Guardería ABC de Hermosillo, donde un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 provocó la muerte de 49 niños e hirió a otros 70.
Renato Sales Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dijo que se giró la solicitud puesto que una hipótesis —apoyada por una denuncia de los padres de familia— señala que funcionarios cercanos al exgobernador priista Eduardo Bours Castelo provocaron el fuego para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta. Esos recursos están “relacionados con infraestructura carretera y otros temas. Lo que se plantea aquí es que el incendio es doloso, provocado para eliminar esta documentación; pruebas de un presunto fraude”.
Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda estatal, confirmó que su dependencia recibió ayer la solicitud para conocer el tipo de archivos que se quemaron. No obstante, “nos meten en un problema muy serio porque no hay evidencia de qué clase de documentos hayan estado archivados ahí”, consignó Sinembargo.
El funcionario estatal indicó que el gobierno sonorense rentaba un centenar de bodegas en el que eran archivados
documentos de diferentes dependencias.
Resultados en un mes, prometen
El subprocurador Heredia, además, anunció que el 5 de julio la PGR definirá el origen —y la presunta intencionalidad— del siniestro.
Paralelamente, dijo, se realizará “una investigación de la investigación” del caso. La indagatoria ha sido fuertemente criticada, ya que a cuatro años del siniestro no se ha concluido ni ha implicado despidos o sanciones a funcionarios de primer nivel.
“(La investigación) nunca se ha cerrado, están en proceso 22 personas por delitos diversos (…), pero las averiguaciones, hasta que no se ejecuten, pueden mantenerse vivas. El punto es que el 23 de abril de 2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños presenta (una denuncia), se inicia una averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de investigación vinculada con la posibilidad de que el incendio fuera provocado para eliminar la documentación”, detalló el fiscal en entrevista con Radio Fórmula.
“Hay que indagar precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material que existe en la indagatoria. Hay un dictamen pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que señala que éste fue provocado, que se provocó directamente con algún encendedor o con algún cerillo a partir de la presencia de turbosina”, expuso el subprocurador de la República.
Por separado y según consigna Dossier Político, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Sonora en tiempos de la tragedia, aseguró que en la bodega sólo había placas: “El estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la Guardería ABC y no fue provocado. (…) Si yo hice algo u omití algo no fue intencional”.
La denuncia
El pasado 20 de mayo, padres que perdieron a sus hijos en la tragedia entregaron nueva evidencia a la PGR, donde establecen que Carlos Andrés López Meza —quien fue asesinado dos meses después del incendio— y tres trabajadores más provocaron el fuego de la Guardería ABC al pretender desaparecer evidencia de la deuda contraída por el exgobernador Bours Castelo.
Integrantes de Manos Unidas por Nuestros Niños especificaron en una nueva denuncia ante la PGR que el incendio en la bodega de Hacienda fue provocado por personas al servicio del guardaespaldas de Juan Carlos Lam, exsecretario técnico de Eduardo Bours.
Los padres de familia denunciaron la participación de “tres personas sospechosas”, llamadas telefónicas y testimonios de vecinos que refuerzan los resultados del primer peritaje, que afirma que el incendio “fue provocado por la mano del hombre”.
“Sabemos de la cercanía del señor Juan Carlos Lam Félix con el señor Eduardo Bours Castelo y no creemos que el exgobernador haya tenido algo que ver en todo esto, por ello estamos seguros que él será el primer sorprendido ante este hallazgo, y no usará su poder económico ni el de su grupo político para obstruir la justicia”, asentaron los denunciantes en un comunicado posterior.
Fuente: Proceso
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