Las manifestaciones magisteriales y las reformas

Víctor Flores Olea | Opinión-La Jornada

No deja de ser significativo que, en tiempos próximos, los estudiantes del CCH y numerosos integrantes del movimiento del magisterio, sobre todo en algunos estados (Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal), se hayan manifestado enérgicamente contra de determinadas reformas que se han impuesto a sus planes de estudio o a su misma condición profesional y, sobre todo, tratándose del magisterio, que consideren represivas” algunas de las medidas que contiene la actual “reforma educativa”, que abarca aspectos constitucionales y contra la cual se han pronunciado de manera agresiva y destructiva.

Desde luego, nos pronunciamos enérgicamente, de nueva cuenta, contra los procederes violentos, tanto por lo que hace a los estudiantes del CCH que tomaron por la fuerza locales universitarios y, desde luego, por lo que hace a grupos importantes del magisterio guerrerense que han destruido locales educativos y sedes de los principales partidos políticos nacionales (en Chilpancingo). Para empezar, tales procedimientos han sido netamente contraproducentes respecto de sus fines, ya que la opinión pública más general está masivamente en su contra, sobre todo porque los principales medios informativos del país han presentado tales actos violentos como causa de un desprestigio que se ha difundido grandemente. Acciones y escándalo público prácticamente imposibles de refutar. Las razones del magisterio, si en verdad han sido elaboradas, han quedado en gran medida sepultadas bajo la visión de un proceder injustificado que se ha difundido ampliamente.

Pero claro, hay diferencias: la UNAM decidió escuchar a los disidentes (aunque después éstos han roto temporalmente las pláticas), lo cual supone de algún modo reconocer que, de todos modos, las protestas del CCH probablemente tienen razones que no sería inútil escuchar y valorar.

En el caso del magisterio nacional la situación es diferente, porque, además de coyunturas apaciguadoras provisionales, no se abre un espacio real para que tales sectores del magisterio expongan sus razones. Creo que es un error de los gobernantes y que, en todo caso, deben también estar abiertos a los argumentos de los maestros disidentes. Tal sería una oportunidad no sólo de escuchar, sino de reflexionar acerca de sus posibles razones. Y algo más general: vivimos en el país un momento en que no es posible simplemente dictar reformas y decisiones sin un intercambio a fondo con los afectados. Opino que tal apertura sería favorable para conocer a fondo las razones de la disidencia y de recoger aquellos aspectos que pudieran ser razonables, valga la redundancia. Sería oportunidad única para conocer a fondo la condición del magisterio y sus reales problemas y aspiraciones.

Y esto, además, porque la revisión de los diarios nacionales no permiten adelantar demasiado en el conocimiento de los motivos de la disidencia de estos grupos, aunque una somera investigación en la red nos ha permitido tener una visión más cabal de esos asuntos.

Por lo que hace a la famosa evaluación del magisterio, que parecen rechazar tajantemente los disidentes, lo hacen porque en efecto parece diseñada para que florezcan las decisiones unilaterales y la arbitrariedad en la preservación de los contratos de trabajo o no. En realidad, parece que estarían dispuestos los maestros a una evaluación en que participen autoridades, jefes de familia y los mismos estudiantes. Seguramente complicado pero no imposible. ¿Su mérito?: eliminaría la eventual arbitrariedad unilateral.

Una serie de disidentes alegan que las modificaciones educativas que se han realizado en las décadas recientes han llevado a las escuelas a abandonar la formación patriótica y humana en niños y jóvenes para supeditarse cada vez más a la racionalidad económica y a intereses político-electorales de los partidos. No existe un proyecto de engrandecimiento y de desarrollo social y cultural del pueblo mexicano que sea el punto de referencia para orientar las acciones educativas.

Algo que apenas es explícito en estas discusiones es que en la reforma se ha optado por la estandarización de una enseñanza que, sostienen los disidentes, debería tender, al contrario, a fomentar la diversificación y la polivalencia intelectual y profesional. En esto coinciden los disidentes de muchas partes del mundo respecto a las pretensiones de una educación a modo para las empresas, con el peligro de una educación mercantilizada que atienda más a intereses económicos que a los educativos, y que llegue a ser en realidad (sobre todo en los estudios de nivel superior) una cantera para las grandes empresas, dejando de lado la formación y el desarrollo humanos. Es decir, se intenta una estandarización que se olvida de las necesidades locales y regionales de un país tan diversificado como México. Aquí se uniría a la protesta la de los disidentes del CCH.

Según los más variados disidentes de la reforma, los planes y programas educativos, los sistemas de evaluación del aprendizaje, las formas de organización y gestión escolar, infraestructura, recursos y materiales didácticos, el vínculo escuela-comunidad, la salud y nutrición de estudiantes y docentes, las condiciones laborales y salariales, la participación de estudiantes, docentes y padres de familia en las decisiones educativas fundamentales, debieran estar presentes en toda reforma educativa digna de ese nombre, lo cual no parece haberse realizado en las últimas reformas educativas del país (tampoco en 2013) que ponen en serio peligro el nivel real de la enseñanza en México.

No es posible, pues, aplicar verticalmente y desde arriba una reforma educativa que no considere el conjunto de elementos anteriores para que, en verdad, cumpla sus cometidos educacionales de calidad. Nuevamente diré que vivimos en un país que no soporta ya reformas en ningún aspecto que no hayan sido plenamente consultadas con los interesados, y esto vale para la educación, o para las finanzas o para las privatizaciones en muchos aspectos, como la energética. No bastan los criterios de moda o los difundidos por ciertos especialistas que realmente no han pensado en el futuro del país, o lo han hecho superficialmente.

Tales son las desventajas y desventuras peligrosas a que lleva la velocidad de los cambios que quiere ser rasgo central del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuente: La Jornada