miércoles, 20 de marzo de 2013

Debe EPN responder ante la CIDH por Pasta de Conchos: deudos

19 marzo 2013 | Arturo Rodríguez García | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- En su calidad de jefe de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto está obligado a responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores que perdieron la vida tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.
A través de un comunicado, la organización Familia Pasta de Conchos (FPC) indicó que esta semana el gobierno de México deberá dar una respuesta al organismo internacional en torno de las demandas de los deudos, dado que la notificación –enviada el pasado 15 de febrero– establece un plazo de 15 días, contado a partir de que el documento fue transmitido.

Entre las exigencias de los familiares de los mineros destacan: la recuperación de los cuerpos para ejercer su derecho al duelo, el derecho a la verdad histórica, y la instrumentación de medidas para la no repetición de tragedias como la ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Al cumplirse 85 meses del colapso de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, la organización que agrupa a deudos y activistas de la zona carbonífera de Coahuila indicó que la situación de inseguridad laboral y vulneración de derechos laborales fundamentales continúa hasta ahora.

Ejemplificó con el caso del minero José Francisco Alvarado Cruz, quien el pasado viernes 7 perdió la vida en una mina de carbón rudimentaria, propiedad de la empresa Armalz de Sabinas.

Asimismo, detalló que en la zona carbonífera de Coahuila existen tres tipos de minas: las de arrastre, que estructuralmente se supone son más seguras; las de tajo a cielo abierto, y las de tiros verticales, comúnmente llamados “pocitos”, los más inseguros y abundantes.

El caso de la mina donde José Francisco perdió la vida ilustra la impunidad que persiste en la zona, ya que fue construida en la pared de un tajo carbonero abandonado –es decir, en una estructura inestable–, simulando ser una mina de arrastre, pero  sólo es un socavón enclenque.

De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, activista de FPC, casos como ése se reproducen en la zona, ya que con el pretexto de construir minas de arrastre, se contrata a los trabajadores sin que las cuevas cuenten con mínimas medidas de seguridad.

En el caso de Armalz de Sabinas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) identificó 65 violaciones a las normas de seguridad.

En días pasados, mineros de la región consideraron que las clausuras realizadas por la STPS en semanas recientes ocurrieron porque “nos agarraron desprevenidos”, dado que los operativos de inspección se hicieron de manera sorpresiva.

En defensa de su actividad extractiva, con la que se abastece a la Comisión Federal de Electricidad, los carboneros indicaron que las clausuras ponían en peligro el ingreso de las familias mineras y la economía de la región.

En respuesta, FPC condenó las declaraciones de las uniones de empresarios carboneros y señaló que “nadie puede generar empleos a costa de la vida de los trabajadores en operaciones improductivas, peligrosas e ilegales”.

En su comunicado, la FPC dio a conocer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha solicitado en tres ocasiones, sin éxito, que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) le entregue una lista de las empresas mineras o contratistas que son proveedoras, pues no se sabe quiénes son los carboneros que abastecen a la CFE, y si en su millonario negocio cumplen con los indicadores mínimos de seguridad.

Además, el gobernador Rubén Moreira Valdez ha evitado publicar las auditorías que supuestamente haría a la Prodemi, de manera que los millonarios recursos que ésta obtiene por su papel de intermediaria entre los empresarios carboneros y la CFE, sigue en absoluta opacidad.

A la luz de esos hechos, FPC pidió al presidente Enrique Peña Nieto que escuche el llamado a construir condiciones de trabajo dignas y seguras para los trabajadores, y que cumpla con el compromiso de realizar el peritaje en el que se determine la viabilidad de rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

Fuente: Proceso