9 febrero 2013 | Patricia carrasco | La Prensa
Ciudad de México.-Los excesivos cobros de energía eléctrica ponen en riesgo otros derechos como alimentación, salud o la educación, porque el pago de luz absorbe en estos casos la mayor parte del gasto familiar, manifestó la Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todas y Todos", al solidarizarse con el movimiento contra las altas tarifas de luz y exige a los gobiernos federal y estatales priorizar el diálogo por encima de la represión.
En su opinión, el Estado mexicano está obligado a cumplir con lo establecido en este Pacto y sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad viola los derechos de las comunidades más pobres, al establecer tarifas exorbitantes que contrastan con el ingreso y capacidades de asumir estos gastos por las personas que en ellas habitan. Chiapas, Campeche, Guerrero y Oaxaca son algunos de los estados donde han surgido movimientos de resistencia al pago excesivo de luz.
Las personas afectadas se organizan y manifiestan, ejerciendo el legítimo derecho que tienen a la protesta. Conformados como Red Nacional contra las Altas Tarifas de Luz han exigido su derecho a un costo justo de la luz que a su vez se relaciona con el derecho a tener una vivienda digna que cuente con los servicios de agua, luz, alumbrado público, entre otros.
Estas organizaciones civiles recordaron que como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas la energía eléctrica es parte del derecho humano a la vivienda adecuada.
La red nacional manifestó que "todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia".
Las autoridades estatales se han encargado de criminalizar tales protestas a través del aparato judicial.
Antes de llegar a fincarles algún delito es tónica de los gobiernos locales renunciar al diálogo, castigar el rechazo público al no pago, equiparar por igual a mujeres y hombres como delincuentes, además de hacerlos responsables de que no haya servicio de luz.
Denunciaron que a la fecha, defensoras y defensores organizadas en contra el pago de luz están enfrentando procesos judiciales donde se les acusa de secuestro equiparado, la interrupción del corte de servicio de luz (delito que no existe) y otros que fabriquen a modo para mantenerlos fuera de las acciones de denuncia contra la CFE.
Estas organizaciones civiles afirmaron que se mantienen alerta ante la serie de movilizaciones que la Red Nacional contra las Altas Tarifas de Luz.
"Nos solidarizamos con las personas defensoras que integran Red Nacional contra las Altas Tarifas de Luz y manifestamos nuestro rechazo a la represión y criminalización de la protesta social. Exigimos a los gobiernos federal y estatales priorizar en diálogo por encima de la represión policiaca y la criminalización de defensores y defensoras", concluyeron.
Fuente: La Prensa
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