Bertha Teresa Ramírez | Periódico La Jornada | Martes 29 de enero de 2013, p. 45
Los diputados Manuel Granados Covarrubias y Alejandro Robles Gómez (PRD) exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a restituir los derechos de los miles de trabajadores electricistas que fueron despedidos de manera injusta, y que además fueron perseguidos como delincuentes.
Indicaron que el próximo miércoles en el marco de la Diputación Permanente harán una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual exhortaran a la SCJN a resolver el recurso de revisión (que se fallará este miércoles) de acuerdo con el amparo del tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, del 13 de septiembre de 2012, y en congruencia con los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos de manera injustificada.
Indicaron que el próximo miércoles en el marco de la Diputación Permanente harán una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual exhortaran a la SCJN a resolver el recurso de revisión (que se fallará este miércoles) de acuerdo con el amparo del tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, del 13 de septiembre de 2012, y en congruencia con los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos de manera injustificada.
Luego de hacer una relatoría de hechos expusieron:
Nos encontramos en un momento histórico. Un momento en el que una decisión es tan trascendente que definirá el rumbo que lleve el país en materia de derechos humanos.
Los diputados Granados y Robles refirieron que,
hace unos días la máxima instancia judicial del país ordenó la liberación de una ciudadana francesa, acusada de secuestro y condenada a 68 años de prisión en México, basada en la protección de sus derechos fundamentales, argumentando que sentarían un precedente en la protección y promoción de estas garantías en México.
Añadieron que
esta misma instancia judicial tiene en sus manos resolver sobre la violación del derecho fundamental al trabajo de miles de ciudadanos mexicanos que lo único que reclaman es su empleo. Ambos casos se tratan de derechos fundamentales, y en ambos se ejecutaron procedimientos judiciales con motivaciones jurídicamente inválidas.
