Inconformes aseguran que trabajadores de varias empresas están invadiendo parcelas
Arturo Alfaro Galán y Matilde Pérez U. | La Jornada de Oriente y reportera | Periódico La Jornada | Martes 29 de enero de 2013, p. 36
Puebla, Pue., 28 de enero. El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana (Uia) Puebla, exigió al gobernador, Rafael Moreno Valle, que garantice la seguridad de los pobladores de la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, en Olintla, luego que el fin de semana opositores a la construcción de la hidroeléctrica a cargo de Grupo México fueron retenidos, con la presunta anuencia del alcalde.
El gobierno de Puebla y Grupo México acordaron en 2011 la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Olintla, con inversión privada de dos millones de pesos. Como parte de este proyecto se pretende edificar cuatro presas a lo largo de la ribera del río Ajajalpan, en la Sierra Norte de Puebla.
Óscar Castro Soto, académico e investigador de la Uia, ofreció este lunes una rueda de prensa para exigir a las autoridades estatales garantizar la integridad de los activistas retenidos.
Apuntó que el gobierno estatal apoya la instalación de la empresa, cuyos ejecutivos utilizan al ayuntamiento de Olintla para presionar a los pobladores afectados a vender sus terrenos a precios
irrisorios, lo que afectaría gravemente sus condiciones de vida.
Los retenidos el sábado pasado fueron liberados 22 horas después, acompañados por autoridades estatales y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Mientras, más de 100 indígenas totonacas de comunidades de la Sierra Norte de Puebla que enfrentan presiones del gobierno estatal y de los alcaldes de Olintla y Ahuacatlán, manifestaron que no quieren vender sus tierras, explicaron integrantes del consejo Tiyot Tlali.
Aseguraron que las empresas Grupo México, Comex Hidro, ING Hidro y Gaya no han presentado estudios de impacto ambiental ni han informado a los habitantes de las comunidades sobre las posibles repercusiones de sus proyectos; en cambio, en Ahuacatlán se presionó a los indígenas para que firmaran un documento en el que presuntamente solicitaban la construcción de caminos, pero en realidad estaban recabando firmas para simular que los proyectos tienen el visto bueno de la comunidad.
Las hidroeléctricas, dijeron los inconformes, sólo beneficiarán a las empresas, entre ellas mineras que realizan extracción a cielo abierto. Además, personal de las empresas ha empezado a realizar obras sin permiso de los propietarios de las parcelas.
Advirtieron que los daños podrían llegar hasta Tecolutla, Veracruz, cuyas comunidades recibirían agua contaminada por la mina, que además mermaría la cuenca de Tecolutla.
