PUERTO MORELOS, Quintana Roo.-A 19 kilómetros de la zona hotelera de Cancún, sobre la llamada “carretera de la muerte” que une a este centro turístico con Tulum, un misterioso terreno denominado El Tucán será el asiento del complejo Dragon Mart, considerado el segundo más grande del mundo, después del construido en 2004 en el emirato árabe de Dubai, el mayor mercado de productos chinos fuera del territorio del país asiático.
9 enero 2013 | Jenaro Villamil
9 enero 2013 | Jenaro Villamil
Desde una vista aérea, en el predio de 561 hectáreas sólo se observa una plancha que ha sido chapeada y deforestada, en espera de que inicie la construcción de este coloso que ha generado una polémica nacional, a raíz de la oposición de las cámaras empresariales de industriales, como Concamin y Canacintra, grupos defensores del medio ambiente y, en general, los sectores económicos que se sienten amenazados por la llegada del gigante asiático.
La disputa por el proyecto del Dragon Mart no sólo se trata de la venta y almacenamiento de productos chinos para América Latina. Se ha convertido en un claro enfrentamiento entre empresarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, como Francisco Funtanet, dirigente de Canacintra, opositor al proyecto, y sus promotores, empresarios vinculados a negocios de la familia de Vicente Fox y apoyados por los mandatarios priistas de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge.
En el fondo, otros especialistas consultados consideran hay una disputa por la apropiación de los recursos naturales y las materias primas en una entidad como Quintana Roo que ha sido saqueada durante décadas, en especial, a partir de la expansión de los centros turísticos como Cancún, Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas se han caracterizado en Africa, las repúblicas ex soviéticas de Asia Central y en Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragon Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales como son la madera, el material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”, argumenta Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Quintana Roo es una de las 7 entidades en las que se autorizó la siembra de soya transgénica, producto considerado nocivo en Europa porque usa fertilizantes que afectan a otras actividades como la apicultura, clave en este territorio.
El vocero y representante legal de la compañía inmobiliaria Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, ha negado una y otra vez que el proyecto constituya una amenaza para los industriales mexicanos, considera “calumniosas y absurdas” las acusaciones, afirma que el “90 por ciento son accionistas mexicanos” y sólo el 10 por ciento es capital chino, aunque originalmente se habló, en marzo de 2011, de una inversión china mayor al 40 por ciento.
Los vínculos de López Rodríguez son claros con el entorno foxista. Fue señalado como uno de los operadores de Manuel Bibriesca Sahagún cuando tenía el 45 por ciento de las acciones de Logistic Free Trade Zone, empresa creada por el hijo de Marta Sahagún y que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas durante el sexenio foxista.
López Rodríguez representó también a la Suiza Societé General de Surveillance (SGS), que obtuvo en 2005 la operación para el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades entre 8 y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados oficialmente (ver Proceso, Nos. 1475, 1470, 1510).
También amenazó a la ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una carta dirigida al CEMDA de haber diseñado “una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a difamar y desprestigiar” a Dragon Mart.
En vísperas de que el Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragon Mart, López Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el 3 de enero pasado. Acusó a los legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de ser servir “a intereses económicos creados alrededor de una economía poco competitiva”.
El punto de acuerdo fue promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Freire, quien pidió la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista de Cancún argumentó que “la operación de este clúster implicaría prácticas de dumping y comercio desleal”, así como “severas violaciones a la normatividad local y federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
En menos de una semana, la propuesta se dictaminó en la Comisión Permanente del Congreso mexicano. El 3 de enero, con el respaldo de todos los partidos políticos, incluyendo el PRI, se aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a las instancias federales, estatales y municipales información suficiente sobre los alcances de este proyecto.
En la discusión, el diputado federal Rodrigo González Barrios, advirtió que el proyecto contempla la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a cuatro veces más que la Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo.
Incluso, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, haciendo eco de las críticas y quejas de los productores de calzado de Guanajuato y de los empresarios textileros, expresó su preocupación “por el ingreso de mercancías de oriente que tienen bajo precio”.
Máxima Opacidad
Los legisladores y activistas consultados coincidieron en que no existe información clara de un proyecto que, desde su origen, se ha caracterizado por su opacidad, por la falta de rendición de cuentas y por las versiones contradictorias de sus propios promotores, tanto en el porcentaje real de la inversión china, como en los alcances e impactos ambientales del proyecto.
“Estamos en el limbo en materia de transparencia en Quintana Roo. Nosotros le pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente local que convocara a una consulta pública antes de que aprobaran la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a favor de Dragon Mart. Nos la negaron, argumentando que no teníamos interés jurídico. Es la primera vez que nos niegan una consulta”, afirmó Alejandra Serrano, del CEMDA.
Serrano y la diputada federal Saldaña Freire coincidieron en que la manifestación impacto ambiental debió ser autorizada por la secretaría federal, la Semernat y no sólo por las autoridades locales, ya que estas obras se realizarán frente a una zona federal como es el mar Caribe y afectará el manto freático de la región de Puerto Morelos.
El 28 de septiembre del 2012 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo (INIRAQroo) autorizó la “construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas” que ya se presentó como un proyecto de “desarrollo comercial turístico” y no como un proyecto de redistribución de mercancías de origen chino.
El proyecto aprobado incluye la edificación de 3 mil 40 locales comerciales de 25 metros cuadrados cada uno para que los visitantes puedan “conocer y adquirir mercancías” en un total de 127 mil metros cuadrados; 12 locales comerciales sobre espejos de agua artificiales para cafeterías, restaurantes y tiendas de conveniencia; un total de 20 bodegas de 5,400 metros cuadrados cada una en una superficie total de 5 mil 403 metros cuadrados; la construcción de 722 viviendas de dos niveles, entre 100 y 150 metros cuadrados, para trabajadores de origen chino.
De acuerdo con la autorización, firmada por Juan Pablo Ortega Ceballos, director general del INIRAQroo, sólo el 2 por ciento de las 561 hectáreas serán para áreas verdes, 8 por ciento para reforestar, mientras que el 12 por ciento será para bodegas, 8 por ciento para el centro comercial y 5 por ciento de viviendas.
Un oficio del 19 de diciembre de 2012, dirigido a la diputada Saldaña Fraire y firmado por el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semernat, Rafael Pacchiano Alamán, advierte que en esta dependencia federal “no se tiene proyecto alguno” bajo el nombre de Dragon Mart Cancún y “tampoco existe alguna solicitud que se hubiese presentado para llevar a cabo cualquier obra y actividad relacionada con el proyecto”.
Los Accionistas Mexicanos
La propiedad original del predio y sus actividades originales tampoco son muy claras. Conocido como El Tucán, esta extensión de más de 500 hectáreas era desde 1979 propiedad de la yucateca Ana María Díaz de León Erosa, y fue destinado originalmente al negocio de la engorda de pollo.
Desde 2000 comenzó la explotación de material pétreo, pero un acta notarial del 21 de agosto de 2012 indica que “el banco de material ha reducido significativamente su explotación y venta, motivo por el cual actualmente se encuentra parado y en un aparente abandono”.
El apoderado legal de Ana María Díaz de León Erosa, Carlos Rafael Castillo Medrano, firmó el 19 de junio de 2012, ante notario público 89 de Mérida, Yucatán, una promesa de compra venta del predio por 28 millones de dólares con Real Estate Dragon Mart, representado por Juan Carlos López Rodríguez.
La cláusula sexta afirma que “por voluntad expresa de las partes, la presente promesa de compra-venta no será inscrita por el momento en el Registro Público de la Propiedad del estado de Quintana Roo, reservándose sus derechos para hacerlo en el momento en que lo consideren oportuno”.
Castillo Medrano es mencionado como uno de los “empresarios yucatecos”, con la mitad de las acciones de Dragon Mart. Posee el 45 por ciento de Real Estate Dragon Mart, la empresa inmobiliaria, y el otro 45 por ciento es una sociedad de inversionistas de Nuevo León, conocido como “Grupo Monterrey”, entre los que se encuentran Luis Felipe Salas Benavides, ex directivo de Farmacias Benavides, José Luis Salas Cacho, vinculado a Vicente Fox y a Transportación Marítima Mexicana, y Miguel Pedraza Villareal.
Salas Cacho fue representante de Transportación Marítima Mexicana (TMM) en la operación del Centro Logístico de Jalisco, un proyecto impulsado por el gobernador panista Emilio González Márquez. Salas Cacho impulsó el “puerto seco jalisciense” que iba a operar Logistik, división del grupo regiomontano TMM.
Su vínculo con Fox fue claro. En el 2000 fue nombrado asesor de la dirección general de Petróleos Mexicanos. Entre ese año y 2007, TMM obtuvo contratos por más de 219 millones de dólares.
“Sólo el 10 por ciento restante de la inversión es de capital chino”, ha insistido López Rodríguez al hablar de Dragon Mart. Sin embargo, en otras declaraciones indicó lo contrario y los observadores señalan que no concuerda que Chinamex, con sólo el 10 por ciento controle todo el proyecto y reciba los beneficios fiscales.
Por ejemplo, en la rueda de prensa de junio del 2012, López Rodríguez informó que la inversión sería de 2000 millones de dólares que la empresa inmobiliaria Real Estate Dragon Mart está conformado en un 60 por ciento por empresarios mexicanos y 40 por ciento por asociados chinos que, en conjunto, crearon el concepto Chinamex. La naviera china Ocean Shipping Company (Cosco) se encargaría de la operación logística.
Privilegios Fiscales a los Chinos
El convenio original firmado entre el entonces gobernador Félix González Canto y el representante de Chinamex, el empresario chino Hao Feng, firmado el 22 de marzo de 2011, así como información del propio portal de internet del consorcio asiático, revelan que el proyecto de Dragon Mart se planeó con una serie de privilegios fiscales a inversionistas extranjeros que prometieron más de 200 millones de dólares desde el 2013.
En el convenio original, cuya copia obtuvo Proceso, se acuerda que en un total de 561 hectáreas se construirá un centro comercial para productos de origen chino, bodegas, centro de exhibición, 722 viviendas con el objetivo de que “dichas mercancías puedan ofertarse en México, Caribe, Centro y Sudamérica, garantizando empleo, inversión y derrama económica significativa que permitirá el desarrollo de una nueva actividad económica en el estado creando sinergia con la actividad turística”.
A los inversionistas chinos, encabezados por Hao Feng, se les prometen una serie de exenciones fiscales, apoyos económicos y gestiones ante autoridades municipales y federales que no se le han dado a otros grupos empresariales. Por ejemplo, en apoyos directos, el gobernador González Canto se comprometió a:
“-Un subsidio equivalente hasta el 100 por ciento en la causación del Impuesto sobre traslación de dominio que provenga directamente de la enajenación del predio en donde se asiente el proyecto…
“-Exención en el pago de los derechos ante el Registro Público de la Propiedad que se generen por la inscripción del predio donde se asiente el proyecto…
“-Otorgamiento de un subsidio temporal de hasta 100 por ciento en las contribuciones con motivo del Impuesto sobre Nóminas por un tiempo de hasta 3 años contados a partir del año 2013, mismos que no tendrán prórroga alguna…
“-Destinar un presupuesto de hasta 1 millón de dólares de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) para la promoción de Quintana Roo en el extranjero…
“-Gestionar ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado un descuento de hasta el 50 por ciento en los derechos de conexión a la red conforme a las necesidades del proyecto…
Ante las autoridades del municipio de Benito Juárez se gestionará un “subsidio especial” de hasta 50 por ciento en el impuesto predial, 50 por ciento de descuento en el pago de la licencia de construcción, elaborar y aprobar un nuevo Plan Parcial de Desarrollo para la zona.
Ante las autoridades federales, el gobierno de González Canto se comprometió a solicitar la relocalización de las torres de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, el trámite ante la Semarnat para el cambio de uso de suelo en materia forestal, gestión ante la Secretaría del Trabajo para otorgar hasta 4 mil becas de “trabajo temporal” con un apoyo de hasta 2 salarios mínimos y por espacio de 60 días, construir con Conagua una planta de tratamiento de aguas residuales por 420 mil dólares, y destinar 6 millones de pesos para la construcción de vialidades hacia el Dragon Mart.
En declaraciones recientes, el ex gobernador y actual senador por el PRI, Félix González Canto aclaró que el Dragon Mart “no se trata de fayuquear” sino de que “vengan los grandes inversionistas de países de todo el continente americano, a hacer en Cancún los negocios que antes tendrían que hacer hasta China” y minimizó su papel como impulsor de este proyecto que ha generado una ola de protestas.
“En su momento, el gobierno participó como un facilitador como lo hace con cualquier inversión que llega a Quintana Roo”, declaró González Canto a una estación radiofónica local el 26 de diciembre pasado.
Su sucesor, Roberto Borge, también del PRI, no ha vuelto a expresar su apoyo al Dragon Mart, a pesar de que entre el 13 y 15 de junio del 2012 presumió la visita de una delegación de 12 representantes del China Development Bank (CDB) y de 70 empresarios chinos que visitaron Cancún.
La delegación del CDB “apreció la cercana relación de cooperación que se ha construido entre Chinamex y el gobernador del estado de Quintana Roo”, según informó el portal internacional del consorcio de empresarios chinos, dirigido por Hao Feng (www.chinamex.cn).
El Brazo Imperial Chino
El Dragon Mart de Cancún estaría inspirado en el complejo similar construido en el emirato árabe de Dubai, inaugurado en 2004, que mide 1.2 kilómetros de largo y alberga 4 mil locales comerciales administrados por chinos.
El proyecto original de Cancún sería más grande que el de Dubai, planea el ingreso de hasta 140 contenedores de mercancías, a través de la poderosa naviera china Cosco, identificada en todo el mundo como uno de los grandes brazos imperiales de la potencia asiática.
Ni en Dubai ni en Cancún se trata sólo de comerciar con los productos chinos que han inundado el mundo sino de crear una “cabeza de puente” para la expansión de las empresas y la obtención de recursos naturales de una región como Centroamérica, según plantean los investigadores españoles Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, ambos reporteros que han cubierto durante años la expansión del gigante asiático.
En su libro La Silenciosa Conquista China, editado en el 2012, Cardenal y Araujo plantean que el Dragon Mart de Dubai le permite a China comerciar hasta 6 mil millones de dólares con Irán, a través de los emiratos, dándole la vuelta a las sanciones comerciales contra el régimen de los ayatolas.
En ambos casos, en Dubai y en Irán, a China le interesa el petróleo y desplazó desde 2007 a Rusia como principal proveedor de armas a Teherán.
“El ideólogo de este experimento llamado Dragon Mart que otros países como México se afanan por reproducir es Abadallá Lootah”, escriben los reporteros españoles. “Este dubaití elegante, de barba rasurada, brillante inglés pronunciado con un leve seseo y dos décadas de experiencia en los negocios con China a sus espaldas es quien, en 2004, puso en marcha el centro de distribución que conecta a los compradores de Oriente Medio y el este de Africa con los productos chinos”, agregan.
Citan a Lootah quien explicó así el “secreto” del Dragon Mart:
“A los chinos, por naturaleza, les gusta controlar los negocios verticalmente. Y hacer frente a eso fue un desafío. Porque al principio venían grupos de chinos y querían hacerse con el control, pero no funcionó. Les dijimos que todos eran iguales y que el proceso sería transparente…
“Cuando abre el negocio, el inversor chino es al mismo tiempo propietario, porteador, cajero, chofer, vendedor. El chino es el hombre-empresa. Y lo hace para entender totalmente cómo funciona el negocio y, una vez contratados otros empleados, evitar que éstos le timen o le roben”, agregó el empresario de Dubai.
Fuente: Jenaro Villamil Wordpress
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