Guadalupe fue la única que protestó contra la construcción de una presa en su poblado ubicado en Jalisco. Asegura que nunca los consultaron.
Habitantes de diversos estados que han sido afectados por la construcción de presas y que fueron desplazados asistieron a un encuentro en Temacapulín, Jalisco, para pedir ayuda al Tribunal Permanente de los Pueblos.
GUADALAJARA.- Las ruinas del poblado Puente de Arcediano a orillas del río Santiago en la Barranca de Huentitán, Jalisco, no se alcanzan a ver. Guadalupe Lara caminó dos horas y media por el sendero empedrado del cerro para llegar a su comunidad destruida en 2008 por la edificación de la presa Arcediano, pero dos guardias le impidieron el descenso.
La única habitante de Arcediano que luchó contra la construcción de la obra detiene su paso menudo en el camino pedregoso. Está sudorosa. Su índice apunta al cerro de enfrente, del otro lado del río: “¡Ahí estaban las huertas de mango de mi mamá!”, señala. Descubre la buganvilia: “¡Mira! ¡Al lado de la buganvilia está lo que quedó del pilar de nuestro puente colgante!”. Dice del que fue el emblema del pueblo, el primer puente de ese tipo en todo el país.
La mujer de 64 años da un respiro afligido. “A lo mejor sólo vine a recoger mis pasos”, emprende el regreso. Da la espalda al río Santiago, envenenado por aguas residuales con las que los gobiernos estatal y federal planearon hacer la presa para dotar de agua potable a Guadalajara. Se gastaron 700 millones de pesos. Cancelaron la obra en 2009.
El pasado martes 6 de noviembre, el mismo día que Felipe Calderón inauguraba la Presa La Yesca, la segunda más grande del mundo, entre los límites de Jalisco y Nayarit, Guadalupe Lara testificaba su caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en Temacapulín, Jalisco.
No era un tribunal del sistema judicial mexicano. Se trató de un jurado ético conformado por siete especialistas internacionales y nacionales que escucharon su testimonio y el de pobladores de cinco estados afectados por la construcción de presas en el país, entre ellos La Yesca, que no han encontrado justicia.
El fin del tribunal fue analizar los casos de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México y a la legislación nacional que protege los derechos humanos. Así juzgarían simbólicamente al gobierno mexicano para después entregar su fallo a la Suprema Corte.
Guadalupe Lara pasó al frente. Contó su historia. “En 15 días barrieron con la comunidad”, expuso llorando.
El camino a Temaca
La sobreviviente de Arcediano viajó hasta Temacapulín para testificar su caso ante el TPP, pedir que el gobierno le dé una disculpa pública, cancele definitivamente el proyecto, resguarde a la barranca y la indemnice conforme a derecho.
“No lo hago por dinero, lo hago por dignidad”, expresa la luchadora.
Temacapulín, enclavado en la región de Los Altos, sede de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios erigida en el siglo XVIII, también está en riesgo de desaparecer, pero bajo las aguas, si se concluye la presa El Zapotillo.
En Temaca, como le dicen, viven 300 habitantes, la mayoría mujeres, ancianos, niños, que desde 2007 se unieron para impedir la inundación de su comunidad.
La población fue anfitriona del encuentro con el TPP llamado “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, realizado el 5 y 6 de noviembre.
A Temaca arribaron campesinos, indígenas, pequeños propietarios y ejidatarios en contra de la edificación de las presas Zapotillo; Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; Las Cruces, en Nayarit; El Naranjal, en Veracruz.
También llegaron afectados de presas ya construidas como La Yesca, El Cajón, en Nayarit, y Cerro de Oro, en Oaxaca.
La señora Abigail Agredano, al frente del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, les dio la bienvenida: “Hoy la voz de los pueblos se hace presente ante la impunidad”.
Todos iban en grupos o eran representantes de sus comunidades. Guadalupe Lara, en cambio, llegó sola con su alma.
Los restos de Arcediano
Arcediano tenía una historia de 200 años y lo desaparecieron en dos semanas, dice la tapatía. La comunidad habitada por 140 personas estaba en las entrañas de la barranca de Huentitán, que atraviesa la zona metropolitana de Guadalajara, colindante con el zoológico de la ciudad.
Para salir de Arcediano se debía cruzar su puente colgante sobre el río Santiago y recorrer 4 kilómetros de pendiente pedregosa y sombreada por árboles. De niña, Guadalupe hacía el camino cada semana, cuando acompañaba a su hermano a vender la leña que transportaban en burros al barrio de Huentitán.
La ausencia de luz no desplazó a los vecinos de Arcediano. La electrificación les llegó hasta la década de los 80. Tampoco los hizo emigrar el caudal contaminado del río Santiago. Tan contaminado, que el niño Ángel López cayó a sus aguas en el tramo de El Salto de Juanacatlán y murió envenenado en 2008. La construcción de la presa, en cambio, los desalojó.
El proyecto se inició en 2003 “y se acabó la paz y la armonía, las familias se desunieron, se enfermaron”, recuerda.
Se presionó a los vecinos para que vendieran sus casas bajo la amenaza de que serían dinamitadas. La familia de su hermano tenía siete propiedades, le dieron más de 100 mil pesos por cada una.
Las familias se fueron. Sólo Guadalupe Lara se negó a vender su casa y su tienda de abarrotes. En 2007 a esta mujer le tocó atestiguar el derrumbe de las casas y de la capilla de la virgen de Guadalupe.
“Había gente que lloraba, rezaba, maldecía”, recuerda. “Los perritos buscaban a sus amos y se echaban cerca de las casas demolidas”. Los animales abandonados buscaban abrigo en su casa en pie.
Su hermano permaneció una temporada al cuidado de los inmuebles, ya de por sí perdidos. El aumento de las explosiones comenzó a fracturar las casas aún erigidas. Con dolor, Guadalupe Lara dejó Arcediano en 2008. Todo se derribó.
La justicia en vilo
Ahora la desplazada vive en una casa de interés social en un rumbo alejado del municipio de Tlaquepaque, ahogado por el polvo de cementeras. La casa es de su hermana. El puente desaparecido luce en una foto de la estancia minúscula.
“Yo me quedé sin casa, sin negocio, sin mis 11 hectáreas que tenía”, dice.
Por tal razón, no dudó en asistir al encuentro de Temaca organizado por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
El jurado integrado por expertos en derecho al agua, la construcción de presas y los derechos de los pueblos, viajó de India, Canadá, EU, Brasil y la capital mexicana para escucharla. De igual manera escucharon a los demás afectados.
Las historias se repitieron: las comunidades no fueron consultadas, se les dividió con amenazas o falsas promesas, sufrieron desplazamientos forzosos, recibieron indemnizaciones insignificantes o nulas en la mayoría de los casos.
El jueves 8 de noviembre los jueces dieron a conocer su fallo de los ocho casos: el gobierno mexicano violó los derechos internacionales y la legislación nacional de los afectados por las presas y debía responder por ello.
El fallo sobre el caso de Arcediano fue: “Los hechos narrados por María Guadalupe Lara Lara ante el jurado de esta preaudiencia demostraron que las autoridades mexicanas se equivocaron, que destruyeron la comunidad Puente de Arcediano que data de más de 200 años, que la obra no se hizo, que el dinero del erario se derrochó y que la reparación integral de los daños continúa pendiente”.
Recomendaron: que se cumpla el derecho de los habitantes de Arcediano a regresar a su pueblo, atenderlos psicológicamente e indemnizarlos justamente.
Que se le restituya a Guadalupe Lara por los daños psicológicos, emocionales y patrimoniales, y se proceda penalmente con quienes violaron sus derechos.
También que se cancele definitivamente el proyecto de la presa porque se sabe que el gobierno estatal insiste en realizarla, se sanee el río Santiago y se proteja a la Barranca de Huentitán-Oblatos.
El documento con la resolución de los ocho casos se entregó el día de ayer, 9 de noviembre, a la Suprema Corte.
La frágil esperanza
Rodrigo Gutiérrez, especialista en el derecho al agua del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que el caso de Arcediano ejemplifica un patrón con el que los gobiernos y la iniciativa privada despojan impunemente a las poblaciones de sus territorios y de sus recursos naturales.
“Es clarísimo, desplazaron a la comunidad, en este caso no hicieron la presa, pero se apropiaron del terreno y lo pueden usar para otros proyectos”, explica el asesor del TPP.
Piensa que de fondo están los intereses gubernamentales federales o locales y de las multinacionales que han hecho del agua una mercancía, lo que provoca la construcción de presas con costos ambientales y sociales altos y periodos de vida estimados de 25 a 50 años.
Guadalupe Lara se expresa vía telefónica con crudeza sobre el cumplimiento del fallo del TPP: “Viendo el poder de los grandes tengo poca fe, poca esperanza en que el fallo se cumpla”, comenta. “Ojalá me equivoque”.
