La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pasar todo el sexenio y cuando está por terminar el gobierno de Felipe Calderón, el de mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos en tiempos recientes, decidió acotar el fuero militar, la vía de escape que ha tenido el cuerpo castrense para no ser sancionado incluso por delitos de lesa humanidad.
MÉXICO, DF (Apro).- A fuerza de presiones internacionales el tribunal terminó por aceptar que había argumentos suficientes para acabar con la impunidad de la justicia militar. Durante años la mayoría más conservadora de la Corte se opuso a revisar la constitucionalidad del Código de Justicia Militar (CJM), cerrando las puertas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados.
Ministros tan conservadores como Sergio Salvador Aguirre Anguiano terminaron por aceptar que el CJM se opone a la Constitución, que prohíbe la aplicación de la justicia militar a los civiles, y se prepara para mandar a la justicia ordinaria casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército al amparo de la guerra de Calderón contra el narcotráfico.
Se trata de delitos como tortura, homicidio, desaparición forzada e inhumación clandestina cometidos este sexenio. Al amparo del CJM esos delitos habían sido considerados hasta ahora "faltas a la disciplina militar", por lo que se radicaron en tribunales castrenses. Lo mismo hará la ministra Olga Sánchez Cordero con casos que incluyen encubrimiento y colaboración de militares con la delincuencia organizada.
8,556 EXPEDIENTES
La CNDH ha abierto 8 mil 556 expedientes contra elementos de las Fuerzas Armadas en lo que va del sexenio. Número sin precedente. De ese total, 7 mil 529 involucran a efectivos del Ejército y mil 27 a miembros de la Marina. Se trata de quejas registradas entre el 1 de diciembre de 2006 y el pasado lunes 20 de agosto.
La decisión presidencial de sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar a los narcotraficantes terminó por exhibir la inconstitucionalidad del CJM que se dieron los militares en 1933. El Código fue publicado como decreto presidencial por Abelardo L. Rodríguez y no fue sancionado por el Congreso.
La SCJN ha dedicado las sesiones del mes de agosto a desmontar la aplicación de la justicia militar a civiles al amparo de ese CJM. La discusión en el máximo tribunal comenzó bajo un intenso cabildeo previo del Ejército. A principios de mes, cuando acabó el receso judicial, por los pasillos de la Corte se vio durante varios días a militares uniformados que entraban a las oficinas de los ministros.
No era para menos. Los efectos de las resoluciones del tribunal serán inmediatos: La justicia militar deberá declararse incompetente y turnar los expedientes a la justicia ordinaria en los casos donde las víctimas sean civiles y los familiares de éstas podrán solicitar que los jueces militares dejen de conocer las causas que aún están en los tribunales castrenses.
CORTE INTERAMERICANA
El máximo tribunal se tomó su tiempo para llegar a esta decisión, calificada de histórica por las organizaciones de derechos humanos. La iniciativa llegó de afuera. En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado mexicano por la desaparición del campesino guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén militar en 1974. El caso quedó en la jurisdicción castrense, sin que se sepa hasta ahora quiénes fueron los responsables.
El organismo condenó la aplicación del fuero militar en México en casos donde hay civiles y pidió a la SCJN revisar la constitucionalidad del CJM, mientras que al Ejecutivo y al Poder Legislativo les solicitó que lo reformen.
En octubre de 2010 Calderón propuso una reforma que sólo planteaba sacar del fuero militar la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura. Pretendía que el homicidio y otros delitos contra civiles siguieran siendo investigados por militares cuando estuvieran implicados elementos del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. La propuesta se empantanó en el Congreso al vincularse con la fallida reforma de seguridad nacional.
En 2010 hubo otros dos fallos de la Corte Interamericana contra México por la aplicación del fuero militar y Calderón "amplió" su propuesta. En abril pasado pretendió que los delitos cometidos por militares contra la población civil fueran investigados por jueces militares en retiro.
Sólo el máximo tribunal actuó ante el fallo del caso Radilla. Después de varias sesiones, en julio de 2011 resolvió el expediente "Varios 912/2010", en el que hizo su propia interpretación del fallo de la Corte Interamericana para sentar jurisprudencia restrictiva del fuero militar, y decidió atraer los asuntos que ya se ventilaban en los juzgados sobre la aplicación de la justicia militar en casos donde hubiera víctimas civiles.
Después de casi un año llegaron a la Corte 30 asuntos, que comenzaron a discutirse el lunes 6, bajo las ponencias de los ministros Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano. De ese total dos correspondían a conflictos de competencia entre juzgados civiles y militares y 28 a recursos de amparo. Los conflictos competenciales y el primer amparo ocuparon tres semanas de discusión del pleno y fijaron los criterios para la solución del resto de los recursos.
‘EL CASO JETHRO’
El conflicto de competencia que fijó la primera restricción a la jurisdicción castrense fue el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, el 1 de mayo de 2011, torturado en las instalaciones del XXI Batallón de Infantería en Cuernavaca. Uno de los acusados, como encubridor, fue el coronel José Guadalupe Arias Agredano.
A propuesta de Sánchez Cordero el pleno de ministros resolvió, por ocho votos a dos, que la jurisdicción civil tiene competencia por encima de la militar en todos aquellos casos en los que un efectivo castrense haya cometido un delito contra un ciudadano. Precisó que esos casos no deben ser considerados "faltas a la disciplina militar". En consecuencia ordenó que el caso pasara del Juzgado Quinto Militar a la justicia penal federal: el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos.
Los dos votos a favor de la competencia castrense fueron de los ministros Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos, quien incluso en su intervención del lunes 6 dijo que a los militares "se les pasó la mano" cuando torturaron a Sánchez Santana.
En el segundo conflicto competencial, también a cargo de la ministra Sánchez Cordero, la Corte resolvió a favor de la jurisdicción ordinaria y determinó que ésta debe investigar los delitos cometidos por militares cuando la falta no atente contra la disciplina castrense.
Con ese criterio, asimismo rechazado por Aguirre Anguiano y Luna Ramos, ordenó que la justicia común investigue a tres militares acusados de falsedad de declaraciones para justificar la detención de un civil en Morelia en marzo de 2010.
En esa ocasión los militares sembraron un saco de mariguana en el auto que conducía Jesús Piedra Villalobos, por lo que fueron acusados de obstrucción a la justicia, delito de competencia civil y no militar. El caso quedó en el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán y no en el Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar, con sede en Jalisco.
Fuente: Proceso
