El Correo Ilustrado-La Jornada
El 20 de abril de 2006, el gobierno de Fox usó a más de mil hombres armados, helicópteros y tanques en contra de los obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con un saldo de dos muertos –Héctor Álvarez y Mario Alberto Castillo–, 21 obreros heridos con arma de fuego, 33 obreros lesionados y órdenes de aprehensión a los líderes sindicales de la sección 271 del sindicato minero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 37/2006, calificó la represión, como una
violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida. Acto ejecutado:
sin previa orden de un juez, contrario a lo artículos 16, 17 y 21 de la Constitución. Este acto ilegal de agresión armada contra los obreros, el gobierno lo presentó a la prensa como “operativo de desalojo para restituir el estado de derecho”.
La CNDH detalla en la recomendación sobre el operativo, que se inicia con la petición patronal del desalojo, que impulsa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la de Gobernación, y la ejecutan las de Seguridad Pública y el gobierno de Michoacán, con conocimiento pleno de la Presidencia.
El gobierno de Fox pudo acudir a la vía conciliatoria que prevén la Constitución y la ley laboral para la solución del conflicto, pero prefirió la vía armada e ilegal, porque pretendía la desaparición de la dirección sindical, para mejor servir a los patrones. El paro de labores de la sección 201 siguió hasta el 19 de agosto de 2006 y culminó en un arreglo entre las partes, sin intervenir el gobierno de Fox.
Hasta la fecha siguen impunes los homicidios y delitos. Pero se recuerdan el valor y la unidad de los obreros de Lázaro Cárdenas y el apoyo del sindicato, que rechazó la ilegal, irracional y cobarde agresión armada de ese gobierno.
Por la ANAD, Enrique Larios, Verónica Salazar, Bárbara Zamora, Raúl Jiménez, Estela Ríos, Karla Micheel, María Luisa Campos, Manuel Fuentes, Lauro Sol y O. Alzaga
