En 2011 la violencia generada por los cárteles del narcotráfico obligó a 160 mil mexicanos a dejar su lugar de origen y trasladarse a otros sitios dentro del país, de acuerdo con un informe del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)En México la violencia de los cárteles de la droga que se disputan territorios provocó que en 2011 alrededor de 160 mil personas —la mayoría en siete estados del país— fueran desplazadas de sus lugares de origen; sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se estima que en lo que va del año 24 mil 500 personas han abandonado sus hogares, de acuerdo con el informe que dio a conocer Antonio Guterres, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Expertos en seguridad y derechos humanos, enentrevista con EL UNIVERSAL, indicaron que este diagnóstico es la evidencia de “la incapacidad del Estado mexicano para impedir que el crimen organizado controle territorios y para proteger a comunidades enteras”, y ante la cifra de desplazados el problema adquiere visos de crisis humanitaria.
Así coincidieron Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Javier Oliva Posadas, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, y Arturo Arango Duránexperto en estadísticas de la consultora Seguridad Pública en México, quienes señalaron que el desplazamiento es un costo más de la lucha contra el narcotráfico, sin que el gobierno tenga una estrategia para enfrentar el fenómeno.
El informe avalado por ACNUR fue elaborado por elConsejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés). Revela que durante 2011, en México alrededor de 160 mil personas fueron forzadas a desplazarse dentro del territorio nacional, como consecuencia de la violencia provocada por los grupos del crimen organizado que se disputan el control de territorios para sus actividades criminales.
Se detalla que Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, son los estados que concentran el mayor número de desplazados. Un fenómeno que no cesa, ya que en lo que va de 2012, enCiudad Juárez, Chihuahua se estima que alrededor de 24 mil 500 personas dejaron sus hogares.
Frente a este escenario Antonio Guterres recordó que radica en los gobiernos la responsabilidad de la proteger a los desplazados internos.
El informe establece que a pesar de que el gobierno mexicano se ha estado enfrentando a un conflicto interno contra los cárteles de la droga, en los últimos cinco años, todavía no ha reconocido la existencia del desplazamiento asociado a esta violencia. Agrega que a pesar de que la estrategia militar del gobierno para combatir a los cárteles ha conducido a un aumento de la violencia, no incluye un plan para abordar las consecuencias de su intervención, incluyendo el desplazamiento.
“No existe ningún mecanismo para vigilar o informar sobre desplazamientos, garantizar la protección física y jurídica de la propiedad que abandonan los desplazados internos, o proporcionarles apoyo para integrarse en el lugar de desplazamiento o en cualquier otro lugar del país.
“El gobierno tampoco ha procurado el apoyo de los organismos internacionales, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para establecer una respuesta que concuerde con la normativa internacional”, señala textualmente el documento.
Ante las cifras reveladas por ACNUR sobre los desplazados en México, el investigador Jorge Chabat sostuvo que es una tragedia que enfrentan miles de ciudadanos, “ante la incapacidad del Estado por contener a estas organizaciones criminales, impedir que se apoderen de territorios”. No es una cuestión de números, cuando se habla de una tragedia humanitaria “es un costo muy alto el que se ha pagado en esta estrategia de seguridad del gobierno”.
Consideró que los gobiernos federales y locales “no han puesto la debida atención ante este fenómeno, para amortiguar la condición que enfrentan estas personas que lo dejan todo ante el miedo de perder la vida”.
El analista Arturo Arango —uno de los expertos que elaboró la estadística del gobierno federal sobre homicidios por rivalidad delincuencial— destacó que frente a esa crisis humanitaria, no existe un diagnóstico del gobierno mexicano que permita cifrar el número de víctimas desplazadas, tasar sus pérdidas, el impacto económico en las regiones, dónde hay comunidades enteras abandonadas, “el tema no es de ahora, lo advertimos desde hace por lo menos tres años, pero ninguna autoridad lo enfrentó y la situación que inició en Ciudad Juárez se multiplicó”.
Oliva Posadas apuntó que los desplazados además de ser un efecto colateral más de esta errática estrategia de seguridad, “son muestra de la incapacidad del Estado de controlar territorio en el país”.
Fuente: El Universal
Fuente: El Universal
