Reclaman empleo, salario y justicia laboral.
El 90% de las demandas de juicio laboral son vs el poder ejecutivo...Que al mismo tiempo es el juez dictaminador.
No hay justicia laboral y ese término ni siquiera aparece en los planes de acción del PRI y PAN.
Empleo, salario digno y justicia laboral son las demandas que enarbolarán miles de trabajadores que marcharán el primero de mayo en la ciudad de México y en todas las capitales de los estados del país. Pero el término de justicia laboral es tan recien llegado a las pancartas y mantas de la movilización de "El Día del Trabajo", que ni siquiera aparece en el léxico de los programas de acción del PRI y PAN, las dos principales fuerzas políticas de México.
En México las instancias de impartición de la justicia laboral, que son las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje -donde se tramitan todos los juicios relacionados con el trabajo- las cuales no tienen autonomía porque dependen del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, del poder ejecutivo.
Por lo cual los gobernantes en turno son juez y parte en los juicios laborales. Ellos deciden qué personas ocupan los distintos cargos en los organos de impartición de justicia laboral y también les ordenan qué casos atender y cuales rechazar o dictaminar en contra. Lo cual es grave porque 9 de cada 10 juicios laborales en México son por actos de gobierno que violan los derechos humanos de los trabajadores... ese mismo gobierno que los va a juzgar.
El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade Salaverría, el 90 por ciento de las demandas que se presentan en ese tribunal laboral son en contra de instituciones gubernamentales, como el IMSS, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y del Instituto Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, por el reclamo de las pensiones, principalmente, por clasificación de accidentes de trabajo y devolución de fondos de ahorro de vivienda. (Leer Noticia Relacionada:"Estancada la Justicia Laboral")
De ahí la importancia de que los órganos que imparten justicia laboral sean autónomos y no dependan del poder ejecutivo, que es el patrón o la parte demandada en el 90 por ciento conflictos laborales. Por esa misma razón es que las demandas se estancan, no se fijan fechas de audiencia, no se desahogan las pruebas de cargo o simplemente se dictamina en contra sin mayor indagación los casos de trabajadores que reclaman respeto a sus derechos, o le niegan a la dirigencia sindical su reconoconocimiento oficial o toma de nota para evitar que puedan tener representatividad.
El licenciado Jesús Luna, especialista en materia laboral, quien brinda asesoría legal gratuita al auditorio del noticiario Frecuencia Laboral, comentó:
"La toma de nota se otorga dependiendo de lo que políticamente le convenga al gobernador en turno. Los presidentes de las juntas locales o federales los imponen los gobernadores y el presidente de la República, desde ese momento hay subordinación de quienes juzgan los casos laborales, al gobernante en turno. Y evidentemente nunca van a hacer nada que lesionen los intereses políticos o económicos del poder ejecutivo. Y tenemos ejemplos como en el caso de los mineros, de los electricistas y de muchos otros trabajadores...la dependencia es brutal."
En los programas de acción que se publican en el portal del IFE tanto el Partido Acción Nacional, como el Partido Revolucionario Institucional coinciden en que la impartición de justicia debe ser expedita, eficaz y resolutoria y en que la carrera judicial debe ser profesional y eficiente. También coinciden en la necesidad de la autonomía y honestidad de los órganos de procuración de justicia, estatales y federal, pero se refieren exclusivamente a la justicia penal.
No aparece en su léxico el término justicia laboral ni abordan el tema. El PRD le dedica 3 líneas al tema y se refiere específicamente a que una demanda de los trabajadores en el sentido de brindarle autonomía a los organos de impartición de justicia laboral y de que formen parte del Poder Judicial las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para los burócratas, a fin de que dejen de depender del poder ejecutivo.
