sábado, 28 de abril de 2012

Interponen contra Morgan y Vega juicio político

Acusan que hubo graves anomalías presupuestales y legales en la Estela de Luz y el Fideicomiso del Bicentenario
28 abril 2012 | Jaime Contreras | Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril.- En nombre propio y de más de 90 diputados —hasta anoche— de varias fracciones parlamentarias, el priista César Augusto Santiago interpuso ayer ante el Congreso una demanda de juicio político contra el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, y su antecesor, Salvador Vega Casillas, hoy candidato a senador por el PAN.
Santiago Ramírez, quien es secretario de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, explicó que ambos personajes “tuvieron conocimiento de la transferencia de recursos presupuestales por mil 60 millones de pesos, permitiendo la utilización de la Secretaría de la Función Pública como puente para proveer los recursos solicitados por la Comisión Organizadora al Fideicomiso del Bicentenario”, lo cual denunció como ilegal.

Argumentó que se destinó el dinero “a un fin diverso para el que fue creado el señalado Fideicomiso”, lo que violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

También acusó que hubo graves anomalías en la construcción de la denominada Estela de Luz.

Primero ante el pleno y luego en declaraciones a la prensa, el priista detalló que sólo en este tema hubo 43 violaciones constitucionales y legales en que incurrieron tanto Casillas como Morgan, y pidió al resto de diputados unirse, con su firma, a esta petición de juicio político.

Lo anterior se deriva, dijo, luego de que el secretario Morgan compareció ante el pleno en marzo y no respondió a los señalamientos de los legisladores.

“Cuando solicité el retiro del secretario, por no contestar los cuestionamientos de todos, lo único que quedaba después era una demanda de juicio político.”

Justificó ante el presidente de la mesa directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, que si “bien sé que es un trámite ante la Secretaría General de la Cámara, voy a dejar el documento en esa instancia, para que quienes quieran firmar conmigo esta denuncia de juicio político lo puedan hacer en el curso de la sesión”.

Señala grave incumplimiento

Vega y Morgan, presumiblemente, “incurrieron en actos u omisiones” que se traducen “en un grave incumplimiento de las responsabilidades primordiales derivadas del marco jurídico aplicable a la Función Pública”.

Morgan Ríos, explicó, se burló y no respetó al Poder Legislativo; ante ello, “promovimos todos que se retirara el secretario, porque no daba respuesta a lo que se le cuestionaba”.

Vega Casillas, explicó, era el titular de la SFP “en la época de los hechos que se denuncian (del 28 de diciembre de 2007 al 14 de diciembre de 2011) e incurrió en actos u omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos” por el incumplimiento de sus atribuciones, mientras que Morgan Ríos, que era subsecretario de la dependencia, “tenía conocimiento de los actos que ahora se imputan al ex secretario de la misma, e incurrió en actos u omisiones al no denunciar las irregularidades que hoy se citan”.

Desde su opinión, los mil 60 millones de pesos de la Estela de Luz fueron “parte de una operación realizada en franca violación a los requisitos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se hubieran cumplido los fines para los que están dispuestas las adecuaciones presupuestales”, como lo establece esa misma ley.

Hubo conflicto de intereses en esto, pues la SFP “funge o fungió” como parte del Comité Técnico de la Comisión Organizadora del Fideicomiso del Bicentenario y, adicionalmente, es responsable de supervisar, evaluar y vigilar el gasto público federal, “lo que conforme a los hechos denunciados, constituyen irregularidades imputables a Vega Casillas y Morgan Ríos”.

En el Fideicomiso del Bicentenario y en otros programas no menos importantes, con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación, se detectó en ambos servidores públicos, “incumplimiento sistemático de los objetivos y responsabilidades legales”.

Cadena de irregularidades

A principios de 2009, el gobierno convocó a 35 arquitectos a presentar proyectos de obra para conmemorar el inicio del bicentenario de la Independencia.

- En septiembre de 2009,al colocar la primera piedra de la faraónica obra, la cual debía inaugurarse durante las fiestas del Bicentenario del inicio de la guerra de Independencia, en 2010, el presidente Felipe Calderón anunció que ésta sería “símbolo del pasado que conmemoramos y el futuro al que aspiramos”.

- La Estela de Luz a se entregó hasta los últimos días de diciembre de 2011 y se inauguró el 7 de enero de 2012, es decir, casi 16 meses después.

- El presupuesto inicial fue de 393 millones de pesos, aunque el costo final reportado fue mil 36 millones de pesos. También se proyectó una mole de 700 toneladas de peso, cuando en realidad se entregó con el doble.

- La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, al realizar un peritaje de la obra en enero de 2012, concluyó que el monumento tuvo un sobreprecio de 375 millones de pesos, basado en un estudio realizado por peritos del Colegio de Ingenieros.

Sustitución injustificada

- El diputado César Augusto Santiago Ramírez resaltó en su denuncia que “en enero de 2010 se transfirieron al Fideicomiso del Bicentenario 600 millones de pesos para incrementar su patrimonio, no obstante que no requería recursos adicionales”, de manera que para el 31 de diciembre de 2009 el fideicomiso tenía una disponibilidad de tres mil 985.7 miles de dólares para efectuar el pago de los compromisos”.

- Denunció que fue injustificada la sustitución de Bancomext por el Banjercito como fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario, pues en la comparación de los contratos “no se desprende que al fiduciario sustituto se le hayan encomendado atribuciones superiores a las del sustituido”.

- No obstante, los honorarios anuales pactados con Banjercito son superiores en 2.208.5% a los pagados a Bancomext, del 9 de octubre de 2007 a febrero de 2009), “lo cual incumplió el marco legal vigente”.


Fuente: Excelsior