lunes, 16 de enero de 2012

FC: gobierno fallido / Otro sexenio al caño / El moño privatizador

México SA-Carlos Fernández-Vega
Sólo diez meses y medio restan al gobierno fallido de Felipe Calderón, pero en ese lapso todavía puede hundir más al país. Otro sexenio perdido para la "prole” mexicana. Las promesas de este personaje no trascendieron la campaña electoral (de hecho hizo exactamente lo contrario a lo comprometido), y a estas alturas nadie cree posible que su estancia en Los Pinos tenga final feliz, lo que sería lo de menos de no ser porque entre las patas se ha llevado a los habitantes de esta República de discursos.
El presente año tiene asociado una mayor incertidumbre, como apunta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, en sus Perspectivas económicas de 2012. “Por diversos ángulos el país enfrentará una serie de eventos que definirán no sólo su futuro inmediato, sino que incidirán en su desarrollo de mediano y largo plazos. Desde la perspectiva política, 2012 representa un año de sucesión presidencial en el que se definirá el proyecto de nación que regirá al país por seis años. No puede olvidarse que detrás de las opciones partidistas se encuentran, o deberían, los postulados económicos y sociales que buscan implementar de llegar al poder. En un año electoral sería de esperar que lejos de enfrentamientos mediáticos y sin fondo, los candidatos presentaran seriamente sus propuestas, a fin de que sean analizadas por la ciudadanía. Lamentablemente, el nivel de la clase política no le permite presentar programas de gobierno bien estructurados y que además sean factibles”.

La renovación de diputados y senadores configurará la nueva estructura institucional que regirá los destinos de México, donde la continuidad de programas ineficaces pondría en riesgo la ya muy deteriorada estabilidad social. Incorporar a personas comprometidas y preparadas al Poder Legislativo es vital. Además, es fundamental lograr que exista la elaboración de una agenda mínima que transforme a la nación en un nuevo polo de desarrollo social y económico.

Al desafío social debe agregarse la inseguridad. Controlar el crecimiento de la espiral de violencia que se vive a lo largo y ancho del país es prioritario; las consecuencias que ha pagado la población son insostenibles. El entorno descrito se ve azuzado por un aumento de la pobreza, la cual sigue al alza a pesar del aparente crecimiento económico registrado en los dos últimos años (en el balance sexenal la tasa anual promedio de “crecimiento” a duras penas llega a 1.7 por ciento). Eliminar el problema de pobreza no es algo fácil de alcanzar; para ello se requieren planes de gobierno bien elaborados con objetivos sociales y económicos claros y cuantificables, algo que en la actualidad no existe.

El compromiso con el bienestar social debe estar acompañado de la creación y sostenimiento de empresas; en poco puede contribuir el gasto de gobierno si no hay creación suficiente de plazas laborales. Las condiciones del mercado laboral deben mejorar de tal manera que se incrementen las remuneraciones; el objetivo debe ser aumentar el nivel de vida de las familias mexicanas. Fortalecer el marco fiscal no solamente debe enfocarse para lograr que el gobierno disponga de más recursos, en realidad debe permitir que las empresas inviertan, y con ello generen empleo. Lograr que la agenda electoral atienda los aspectos sociales y económicos pasa por deshacer los nudos que los grupos de poder fáctico representan; mantener alianzas que limiten la competencia económica, el desarrollo energético, educativo y de seguridad sería un gran error.

A lo anterior debe agregarse el escenario internacional. En Estados Unidos la elección presidencial también juega un papel importante, así como la incapacidad de Barack Obama para resolver los problemas de finanzas públicas y de crecimiento económico de su país, lo cual lo ha colocado en una posición de debilidad, poniendo con ello en riesgo la continuidad de su proyecto político, económico y social. De igual forma, la desaceleración económica estadunidense sitúa la espada de Damocles sobre la evolución de México, una caída de su actividad industrial sin lugar a dudas afectaría a la producción fabril mexicana.

La incertidumbre financiera provocada por la crisis de la Unión Europea es otro elemento a considerar, como anunció Ángela Merkel, Europa debe prepararse para años difíciles. México tiene la oportunidad de entender que todo ello se puede y debe enfrentar con un nuevo proyecto de nación, uno que incorpore los intereses de toda la sociedad, donde de manera definitiva se logre reactivar la economía, pero para que la riqueza se distribuya equitativamente.

Los desafíos que afligen a la sociedad mexicana son estructurales y por tanto requieren un verdadero plan de desarrollo de largo plazo con ajustes y programas concretos e integrales, manteniendo el equilibrio macroeconómico y atacando las más grandes debilidades, donde la mejora del bienestar (al menos en los aspectos más básicos: alimento, salud, vivienda, vestido y educación) de los mexicanos, así como acelerar los ritmos de crecimiento económico y social, sean los ejes rectores del desarrollo de la nación. Sin embargo, en el mejor de los casos, la inquietante situación del país sólo podría alcanzar soluciones con el futuro gobierno, ya que la gestión de los últimos cinco años no ha dado resultados. El desafío del siguiente sexenio es atender estas necesidades urgentes, de lo contrario la exacerbación de los desequilibrios pondrá en entredicho el ulterior desarrollo social y económico de México.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea como uno de los objetivos de política económica, lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Sin embargo, puntualiza el CIEN, “dicha afirmación fue sólo una quimera para el país, una promesa de campaña incumplida e incluso con resultados contrarios a los objetivos planteados por el propio gobierno”.

Las rebanadas del pastel

Y ahora con ustedes la Ley de Asociaciones Público-Privadas, o lo que es lo mismo, el atraco legalizado a la nación. Sólo les faltaba el moño del regalo, y a partir de ya México funciona abiertamente como una empresa privada, en la que, sin licitaciones, el gobierno y el Congreso, mediante su respectiva comisión, serán simples agentes colocadores de contratos, concesiones y permisos de obra y servicios públicos para el capital privado (el grandote, desde luego). ¿Y los mexicanos? Nomás milando.