Reclaman más recursos a diputados
Provocará parálisis productiva rural, industrial y desempleo, por reducción de la partida presupuestal.
Aumentan funciones a tribunales, pero no el presupuesto para operar.
La propuesta de presupuesto del gobierno federal para el 2012 comenzó a analizarse a detalle y hay puntos que ya están generando alarma, porque elimina recursos a áreas estratégicas para la producción agropecuaria, el desarrollo industrial y turístico del país.
La propuesta de Felipe Calderón reduce en 17 por ciento a Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 68 por ciento a Comunicaciones y Transportes, se elimina 27 por ciento del presupuesto en Medio Ambiente y Recursos naturales, baja en 11 por ciento en educación, cae en 21 por ciento en Hacienda, en 12 por ciento a la Reforma Agraria y se reduce entre 5 y 9 por ciento el presupuesto público a las secretarías de Economía, Turismo y Trabajo.
También elimina todo el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que es el organismo que venía desmintiendo las cifras alegres sobre empleo que daba Javier Lozano, secretario del Trabajo. Y reducen las asignaciones en 21 por ciento a Desarrollo Social. Todo lo cual derivará en mayor desempleo.
Durante las semana del 26 al 30 de septiembre del 2011 los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzaron a recibir a grupos sociales, líderes de productores, líderes sindicales y trabajadores, titulares de dependencias públicas y organismos desconcentrados que se verán afectados con las reducciones presupuestales.
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, dijo que está en manos de los diputados federales corregir este proyecto presupuestal, pues podría degenerar en estallido social. Cabe recordar que la Cámara de Diputados, por ley, es el organismo al que le corresponde aprobar el presupuesto de egresos, a más tardar el 20 de noviembre de cada año.
"Yo creo que tenemos en la cámara una gran responsabilidad...programas que tienen que ver con el combate a los estragos que han generado el neoliberalismo de los gobiernos priistas y panistas, deben ser prioridad para los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. Hay que fortalecer los programas sociales de salud, educación, abasto, porque de lo contrario estaríamos contribuyendo a que le proceso de estallido social que está en marcha siga creciendo".
El pasado miércoles 28 de septiembre del 2011, se presentaron los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de Tribunales Agrarios ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para informar que se aprobó por ley la aplicación de los juicios orales, pero no se asignó presupuesto para el personal que se encargará de estos procesos, ni para contratar traductores en casos de que los enjuiciados sólo hablen su lengua materna.
En cambio a gobernación le autorizaron 218 por ciento más de presupuesto, a las fuerzas armadas y “la Estrategia Nacional de Seguridad” le aumentaron 11 por ciento sus recursos y al IFE.
El diputado Jesús Alberto Cano Vélez, subrayó que el ejecutivo federal gasta el 98.4 por ciento, de todo el presupuesto público, mientras que el legislativo absorve el 0.3 porciento y el judicial 1.3 por ciento.
SIN RECURSOS PARA APLICAR LA JUSTICIA PENAL Y AGRARIA
Entre quienes solicitaron más presupuesto estuvo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien señaló que para los gastos de seguridad pública y procuración de justicia, se requieren 40 mil millones más en el presupuesto 2012, para poder cubrir las necesidades básicas en estos dos rubros. Pero para los estados de la República se está destinando un 4.1 por ciento de su presupuesto a través de seguridad y un 2 por ciento en lo que tiene que ver con las tareas de procuración de justicia, y un 6 por ciento de todos sus presupuestos. “Sin embargo la parte federal está destinando el 3.8 por ciento”.
Advirtió que la carga financiera total del combate a la delincuencia la están absorbiendo los estados y el D.F.“En términos reales los estados están con una carga del 55 por ciento de todos los gastos que se generan”. Mientras que los ramos de PGR y Seguridad Pública crecieron un promedio anual de 17.2 por ciento. Mientras que con la nueva política de narcomenudeo, el 60 por ciento del peso delictivo que atendía la PGR será una carga de las entidades de todos los estados, así como el tema de menores y trata.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, señaló que se debe contemplar un fondo especial para cubrir puntualmente las necesidades para enfrentar los compromisos constitucionales y legales que se generan de la problemática de justicia para adolescentes, el narcomenudeo, secuestro, en materias concurrentes y de los juicios orales.
Dijo que la suma de todos los presupuestos de los poderes judiciales del país no llega al 50 por ciento del presupuesto que ejerce el Poder Judicial Federal, lo que se refleja en menor infraestructura, equipamiento y salarios.
Al respecto la magistrada presidenta de Nuevo León, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, puntualizó que se ha incrementado en 380 por ciento el índice de delitos que se conocen en los estados, “de los cuales la federación no ha asumido su competencia y lo que ha conllevado un costo significativo el cual no ha tenido una respuesta para sufragarlo”.
En su turno, Marco Vinicio Martínez Guerrero, presidente de los Tribunales Agrarios, subrayó la urgencia de contar con los recursos suficientes para aumentar la capacidad de atención de estos, ya que, expuso que cada tribunal tiene la capacidad de atender solo 500 asuntos al mes, aunque en promedio cada uno recibe 940, advirtió.
“El año que entra cumplimos 20 años de que esta soberanía decidió el inicio de los Tribunales Agrarios, de los cuales en este momento funcionan 50 en todo el país; atendemos una de las actividades primordiales, que es lo relativo a los 25 millones de mexicanos que viven en el campo”.
Informó que en 20 años los Tribunales Agrarios han beneficiado a tres millones 640 mil campesinos, y se han regularizado más de dos millones de hectáreas para entrega.
Leticia Arce, Oficial Mayor de los Tribunales Agrarios, solicitó se apruebe un incremento de recursos para llegar a un presupuesto de mil 87 millones de pesos, con lo cual crear 5 salas de tribunales, una unidad de organización y métodos, otra de informática y una contraloría interna.
“La realidad en este momento es que la justicia pronta y expedita no se está cumpliendo por la falta de presupuesto, ya que en diversas regiones se rebasa la capacidad de los tribunales; se pueden resolver 45 mil casos anuales pero existen más de 86 mil”.
