“La empresa de clase mundial”, como se autonombra y divulga sin recato, acumula 67 mil quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, pese a lo anterior apenas se le dieron curso a 614 para audiencia
2 septiembre 2011 | Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA) | Argenpress
Comisión Federal de Electricidad es una de las ausentes en la más que ofensiva, agraviante campaña publicitaria sobre “los hechos construimos un México más fuerte” que personalmente anuncia “el presidente del empleo” las 24 horas del día y en el caso de las estaciones radiofónicas con unos cuantos segundos de diferencia entre uno y otro llamado spot, con motivo de la quinta rendición anual de cuentas.
“La empresa de clase mundial”, como se autonombra y divulga sin recato, acumula 67 mil quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, pese a lo anterior apenas se le dieron curso a 614 para audiencia, interpuestas en octubre, noviembre y diciembre de 2009 -enseguida del decretazo contra Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas- por los usuarios del servicio estatal, pues la mitad de la generación eléctrica ya está en manos de trasnacionales, éxito que oculta el informe de presidencial.
“La empresa de clase mundial”, como se autonombra y divulga sin recato, acumula 67 mil quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, pese a lo anterior apenas se le dieron curso a 614 para audiencia, interpuestas en octubre, noviembre y diciembre de 2009 -enseguida del decretazo contra Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas- por los usuarios del servicio estatal, pues la mitad de la generación eléctrica ya está en manos de trasnacionales, éxito que oculta el informe de presidencial.
El tortuguismo de la Profeco, a juicio de diversas fuentes, es deliberado y obedece a una actitud solidaria del director general para con su par Antonio Vivanco Lamadrid, quien sustituyó en la CFE al eterno Alfredo Elías Ayub.
Entre las 67 mil quejas que porta la empresa que con frecuencia pone de ejemplo Felipe Calderón, sobre todo después de que su gobierno dice que ahorró 40 mil millones de pesos anuales al desaparecer a LFC, abundan las referidas a lo que popularmente se conoce como “recibos locos” y que consisten en el cobro arbitrario por parte de la CFE a los usuarios de consumos nunca realizados y que llegan a superar hasta en 114 mil por ciento el costo real, la suspensión del servicio y el inicio de litigios para embargar a los presuntos deudores.
Otra vertiente de las quejas ciudadanas tienen que ver con una enorme cantidad de aparatos electrónicos quemados por las constantes variaciones de voltaje en el deficiente abasto eléctrico que, apenas el lunes 29, dejó sin servicio durante nueve horas a la Unidad Habitacional Tlatelolco, una de las más grandes de Latinoamérica.
El problema es de tal magnitud y la inquietud social tan activa, con todo y la enorme paciencia de las mayorías que no usan los procedimientos institucionales de reclamo porque no creen en ellos, que tanto legisladores de diversos partidos políticos, excepto Acción Nacional, dirigentes sindicales y organizaciones de los usuarios iniciaron la campaña Un millón de protestas, una gran solución.
Se trata de crear una comisión reguladora multisectorial que fije las tarifas eléctricas y acabe con la “prepotencia, abusos e injusticias” de la CFE, Dicho de otra manera: Quitarle a la Secretaría de Hacienda la prerrogativa de subir el precio del servicio eléctrico a su arbitrio y a la “Empresa de clase mundial” su aplicación indiscriminada y arbitraria.
Hasta hoy existen más de 100 puntos de acuerdo sobre el tema y 20 iniciativas de ley para afrontar esta exigencia nacional -con capítulos estelares en Campeche donde activistas sociales se encuentran presos, Sonora y Baja California-, pero Felipe de Jesús Cantú, presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, tiene la encomienda de frenar todas las soluciones, máxime si no provienen de un gobierno insensible en grado extremo al reclamo popular, ciudadano, pero muy dispuesto a dialogar y negociar en Los Pinos con los dueños de Monterrey tras la tragedia del Royale, y a que Televisa le señale el paso y los contenidos de una ofensiva propagandística y política que busca imponer al Legislativo la militarista Ley de Seguridad Nacional y otras reformas llamadas estructurales.
