Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) constituyen una severa reprobación de la política del Estado mexicano en materia de derechos humanos. En lo esencial, tocan los siguientes puntos:
1. Desautoriza la militarización, que tanto dolores ha traído a México y que es parte esencial de la absurda guerra calderoniana.
2. Repudia la impunidad que favorece a quienes cometen delitos de lesa humanidad. No se ha juzgado en México a un solo perpetrador de desapariciones forzadas, ni siquiera al reconocido torturador Mario Arturo Acosta Chaparro.
3. Exhorta a las autoridades a acatar las disposiciones vigentes, nacionales e internacionales, a fin de que funcionen los mecanismos de prevención de las desapariciones forzadas.
El gobierno mexicano, por conducto de dos subsecretarios (uno de Gobernación y otro de Relaciones Exteriores) minimizó ese informe. Dijeron los funcionarios que sólo tres miembros del GTDFI firmaron el informe, el cual es, además, preliminar. Tal actitud es típica de los gobernantes de este país, que por décadas han desestimado la gravedad de las violaciones a derechos fundamentales de las y los habitantes de este país. Su actitud es muy cercana a la irresponsabilidad y a la indolencia.
La calidad del informe del GTDFI contrasta con el de la señora Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, quien se erige como juez y condena al mismo gobierno al que presta apoyos en su
guerra contra el narcotráfico. Carece de toda autoridad moral Estados Unidos, pues mantiene la guerra en Irak y en Afganistán, además de que ataca a Libia y fomenta el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.
Lenta, pero inexorablemente, avanzamos hacia la verdad, la justicia y la reparación, así como hacia la preservación de la memoria histórica en materia de derechos humanos. Saldremos adelante contra los represores y su sistema político injusto, inequitativo y generador de violencia. A esto contribuye el informe del grupo de trabajo y por eso lo saludamos.
José Enrique González Ruiz, coordinador del posgrado en derechos humanos, UACM
