La Cooperativa LF del Centro también sigue en marcha
Solidaridad y ayuda mutua son de los principios fundamentales del cooperativismo.
Martín Esparza Flores / Frecuencia Laboral
"Tuvimos una audiencia en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje. Recordarán que metimos una demanda en contra
del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), en diciembre del año 2016. Después de una chicanada
-como les dicen los abogados- que consistió en notificar a otro
sindicato, por lo que se suspendió la primer audiencia, ya se llevó a
cabo, se presentó el jurídico del SUTERM a solicitar que se defiriera la
audiencia para entrar en pláticas conciliatorias.
Los millones de electores que acudirán este 4 de junio a las urnas en los tres estados de la república donde se elegirán gobernadores, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, tendrán el derecho a cuestionar a los partidos y sus candidatos sobre la responsabilidad que les atañe en lo concerniente a asuntos como la firma del Pacto por México y la aprobación de las reformas estructurales que han llevado al país a una nueva crisis económica con altos costos sociales.
Freno a los abusos y cobros excesivos e injustos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), echar abajo la reforma energética y “borrón y cuenta nueva” demandaron diversas organizaciones urbanas, sociales y sindicales que ayer realizaron una marcha, y mitin en las oficinas centrales de la CFE. Encabezó la movilización la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la cual llamó a una “huelga de pagos” a la CFE y anunció que se mantendrá en plantón afuera del edificio de la empresa en avenida Insurgentes y Reforma. Participaron además integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Movimiento Urbano del Poder Popular, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, entre otros.
Los buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último, encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará servicio a los usuarios calificados.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó dos expedientes de responsabilidad en contra de tres servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad de Yucatán y de Jalisco debido a que no depositaron el dinero recaudado por el pago de energía eléctrica. Los funcionarios adscritos a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Yucatán no depositaron dos millones 652 mil 528.14 pesos y el de Jalisco, 292 mil 400 pesos.
Otro de los pregonados “éxitos” de la reforma energética comienza a presentar problemas. A un año de su arranque, recordemos que por estos días de abril, pero de 2016, se inauguró con gran despliegue publicitario el complejo petroquímico privado llamado Etileno XXI, construido en Nanchital, Veracruz a unos 12 kilómetros del rio Coatzacoalcos. Al arranque de operaciones asistieron personalidades de Brasil –entre ellos el embajador de ese país en México–, así como connotados funcionarios del sector energético; no hace sino 12 meses y ahora no por los escándalos internacionales, no porque algunos de los “socios” que impulsaron esa “privatización corrupta” ahora están encarcelados, sino porque en este momento presenta “problemas para operar”.
Hace 7 años escribí en Contralínea los planes que el gobierno federal, políticos, empresarios nacionales, altos ejecutivos de trasnacionales y el lobby estadunidense perfilaban para México hacia 2030. La mayoría de esos perversos objetivos neoliberales y entreguistas se ha cumplido, pero falta lo peor. Los objetivos que tenía la clase política y económica nacional y extranjera desde el sexenio pasado –y en realidad desde que Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de México– quedaron plasmados en el compilado de 14 documentos, titulado México 2030, proyecto de gran visión. Éstos consisten en abolir la propiedad pública y legalizar el despojo. El plan transexenal fue resultado de arduas sesiones convocadas en 2006 por el panista Felipe Calderón, en medio de las protestas contra su supuesto triunfo electoral, avalado por las instituciones pero rechazado por una buena parte de los mexicanos, que demandaban masivamente el recuento de los votos.
José Mujica afirma que México se distanció de América Latina por la proximidad absorbente de Estados Unidos y ahora está pagando el precio de depender básicamente de un solo mercado. Además, frente a los desafíos de Washington, Peña Nieto “podría haber hecho más en términos de firmeza”, señala el exmandatario uruguayo. Para él, ya es hora de revertir esa situación y propone que la diplomacia mexicana recorra el continente en busca de un modo de unirse con sus vecinos del sur.
Hace poco más de diez años militares y marinos salieron a las calles a combatir al crimen organizado por instrucciones presidenciales. Hoy están en 26 entidades; algunos altos mandos castrenses incluso han sido secretarios estatales de seguridad pública, pero los resultados han sido calamitosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Índice de Paz México 2017. Ante esta realidad, el general en retiro Sergio Aponte Polito exige que los militares regresen a los cuarteles y que los gobiernos estatales capaciten a sus cuerpos policiacos.
Un hecho inquietante de las gestiones delincuenciales de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas no sólo radica en el tiempo de impunidad transcurrido a lo largo de ellas –más de dos décadas–, sino el vínculo del cártel narcopolítico de Yarrington en el sistema de relaciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El nexo lo personifica un alto funcionario del sexenio estatal de Yarrington que ha estado en la mira de las autoridades del país por sus presuntas ligas con el Cártel del Golfo. Se trata de Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los estrategas de Peña Nieto en la elección presidencial y pariente del contratista Armando Hinojosa Cantú, financiador de la Casa Blanca del mandatario en Las Lomas de Chapultepec.