Según datos del Registro Público de Minería, entre septiembre de 2015 y julio de este año se emitieron 558 nuevos títulos a particulares para practicar actividades de extracción en una superficie equivalente a 1.1 millones de hectáreas. Tal incremento en el control del territorio por parte de las mineras, sin embargo, no se ha traducido en un crecimiento significativo en la generación de empleos formales en dicha industria –una de las más antiguas del mundo y del país–; tampoco implica, por consecuencia, una mejora de las condiciones de vida de la población. De hecho, de acuerdo con denuncias del Sindicato de Nacional de Mineros, 70 por ciento de los trabajadores del ramo están en la informalidad y carecen, por tanto, de prestaciones, seguridad social, aguinaldo, vacaciones y cualquier forma de protección.
24 diciembre 2016 | Editorial-La Jornada










