CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular un decreto que
prohíbe los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM) en
el estado de Yucatán.
El pasado martes 13, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la
Presidencia, promovió una controversia constitucional para solicitar la
invalidez del decreto impulsado por el gobernador priista Rolando Zapata
Bello y promulgado el 26 de octubre, con el que se declara a Yucatán
“zona libre de cultivos transgénicos” y ordena la promoción de los
cultivos orgánicos.
Un ministro de la Corte admitió a trámite la controversia dos días después, pero se negó a conceder una suspensión para frenar el decreto de Zapata Bello mientras se tramita el juicio, de acuerdo con información difundida por el diario Reforma.
Con el decreto, el mandatario yucateco habría invadido atribuciones
del Congreso de la Unión, que reguló el tema desde 2005 mediante la Ley
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación
corresponde a dependencias federales.
Zapata emitió el decreto para proteger a los apicultores de Yucatán,
que desde hace años han interpuesto amparos contra la soya transgénica.
La intervención de la SCJN en el caso sólo servirá para aclarar
cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en
el tema de transgénicos –si es que tienen alguna–, sin hacer
pronunciamientos sobre las polémicas científicas y ambientales que
genera el uso de este tipo de semillas, destacó el diario.
Los litigios contra el cultivo de soya transgénica se han registrado
desde 2011, cuando la Secretaría de Agricultura –que es la autoridad
facultada por el Congreso–, autorizó a la empresa Monsanto liberar soya
transgénica en 253 mil hectáreas de Yucatán, Campeche y la planicie
Huasteca.
Según apicultores, la siembra puede afectar la producción de miel,
porque las abejas polinizan la flor de soya y transportan ese polen
transgénico a la miel. Ante el temor de que la miel fuera rechazada en
Europa, uno de sus principales mercados, promovieron amparos contra el
permiso a Monsanto.
En noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte anuló el
permiso a Monsanto, pero no por considerar que los transgénicos son
nocivos para la salud, sino sólo porque la Sagarpa no respetó el derecho
de consulta previa a las comunidades indígenas.
La Corte, además, acotó el alcance del amparo “únicamente a las
comunidades donde radican las personas físicas quejosas” en siete
municipios, no a todo el territorio de Yucatán.
Según el decreto, Sagarpa ya ha autorizado la liberación comercial a Monsanto en un millón 56 mil hectáreas en Yucatán.