Martín Esparza | Siempre!
Pese a los infructuosos linchamientos mediáticos las cifras de la consulta sobre el futuro de la obra aeroportuaria de Texcoco, dejaron en claro el interés de los ciudadanos a ser tomados en cuenta en el diseño de las políticas públicas.
Quienes han buscado desacreditar tal método para legitimar las decisiones de gobierno, bajo la tesis de que solo las voces “expertas” deben ser tomadas en cuenta, olvidan que son los ciudadanos quienes de primera mano perciben sus necesidades y carencias y saben cuáles son las soluciones que pueden encontrarse en la ruta del sentido común.
Cuando se anunció la magna obra, se habló de las bondades del proyecto y de los beneficios que traería para la economía nacional y el desarrollo del país, pero como aconteció con otros planes de infraestructura y las reformas estructurales impuestas de manera unilateral por el gobierno que concluirá en unas semanas, nunca se consultó a la gente que de una u otra manera resultaría afectada.
Vale la pena preguntar a los defensores del proyecto de Texcoco por qué al trascender que se tomaron recursos de las Afores, es decir, dinero de los ahorros de los trabajadores para fondear la obra, no se mostraron igual de solidarios con estos que los empresarios que ya se frotaban las manos con los negocios inmobiliarios alternos. Motivo por el que se adueñaron de considerables extensiones de terreno.
Los cambios constitucionales aprobados en el Congreso por las mayorías partidistas cómplices del proyecto neoliberal que avaló reformas como la laboral, energética y educativa, se dieron sin tomar en cuenta las voces “expertas”, y en su momento descartaron todo intento por poner en la mesa del debate nacional temas de vital trascendencia para la soberanía energética del país y los menguados derechos de millones de trabajadores y maestros.
Resulta alentador saber que, por ejemplo, se promoverán desde el Congreso modificaciones al artículo 35 constitucional para quitar los candados que han impedido la realización de las consultas ciudadanas, de tal modo que estos referéndums adquieran carácter vinculatorio y se transformen en la piedra angular de un nuevo modelo de gobierno que se guiará por lo mandatado en las urnas por 30 millones de mexicanos.
En esta nueva senda política debe hacerse un alto para fortalecer otros mecanismos que acrisolen en los hechos el sentir de miles y miles de mexicanos como lo son las iniciativas ciudadanas, también bloqueadas y enviadas a la congeladora por las mayorías partidistas que fungían todavía en la pasada legislatura como gestoras de los grupos empresariales y no como representantes populares.
Una de ellas es la presentada al Congreso con más de 200 mil firmas por el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano de todos los mexicanos. Discutir de cara a la nación los grandes proyectos que deberá echar a andar el próximo gobierno, es un gran paso a la consolidación de un régimen realmente incluyente y democrático. Los consensos ayudarán a construir políticas públicas que de verdad mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora y la población en general.
