En San Lázaro, la ley general sobre el líquido se enfoca hacia la privatización
El dictamen provee herramientas legales para afectar a las comunidades originarias
Roberto Garduño | Periódico La Jornada | Domingo 14 de mayo de 2017, p. 3
La polémica gira en torno al dictamen de ley general de aguas, porque mientras su contenido concita el respaldo de la inversión privada, representantes de organizaciones civiles y diputados de oposición la rechazan al contravenir el derecho humano al uso del líquido. La denuncia del relator especial de la ONU para agua potable y saneamiento en torno a la carencia de acceso al líquido en las comunidades indígenas en México, se asocia a la inexistencia de una legislación que democratice el uso del recurso. El dictamen, que se encuentra en las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, es considerado un paso contrario al libre uso y derecho de ésta, porque alentaría la privatización de los servicios relacionados con el líquido. |
| La sequía se agrega al fenómeno de la asequibilidad del agua. En la imagen, aspecto de las orillas del lago de Chapala. Foto: Arturo Campos Cedillo |
Controversia
Desde la 62 Legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, identificó el nivel de controversia que contenía la propuesta y decidió posponer su perentoria aprobación. Las preocupaciones que ha generado hasta el día de hoy obstaculizan el consenso.
En marzo de 2015, pese a la oposición de los diputados del PRD y Morena, en el seno de la Comisión del Agua en la Cámara de Diputados fue aprobado el contenido del dictamen. Su impulsor, Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, sostenía como argumento principal que el texto contenía medidas de prevención de contaminación, y un cúmulo de sanciones a los inversionistas privados que transgredieran su contenido.
No obstante las diferencias de los detractores de la propuesta se asientan en los postulados de causas de utilidad pública, que conduciría a la indefensión legal de las comunidades.
En lo particular se contempla el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros; uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos; adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.
En las colonias Zacatepec y Ampliación Santa Martha Acatitla –delegación Iztapalapa– falta el agua y la que llega no es potable. Imagen de septiembre de 2015. Foto: Jesús Villaseca
La territorialidad de los pueblos y comunidades indígenas se vería afectada, pues se concedería a los consorcios, que ya están operando y distribuyendo (y a los nuevos jugadores privados), herramientas legales para afectar a las comunidades originarias.
Así, se enuncia en el artículo 116 –de la propuesta– el trasvase como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
La apertura al capital privado se subraya en el artículo 129: garantizar la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.
La comisión [Conagua] podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
Incluso el dictamen contempla un mínimo vital de volumen de agua para consumo personal y doméstico, serían 50 litros diarios, con los que se cubrirían las necesidades elementales de las personas por día.
