El desmesurado incremento a los combustibles terminó de cuajar el
corolario de que no hay corrupción que dure cien años ni pueblo que la
aguante. Desde que en el sexenio de Miguel de la Madrid el modelo
neoliberal tomó los bártulos del país, iniciando la venta de empresas
públicas bajo el argumento de “sanear las finanzas” del Estado, el
saqueo al erario y la opacidad fueron de la mano hasta llegar al punto
de quebrar la economía nacional, insistiendo en cargar los costos de
sus acumulados errores a una sociedad agraviada y empobrecida que está
despertando, lanzándose a las calles a pedir cuentas a una clase
política enriquecida a costa de las penurias de millones de mexicanos.
Eternizadas víctimas de las recurrentes crisis.
A la fecha la deuda pública acumulada suma 9 billones de pesos, que
representan un pago de intereses anuales de alrededor de 600 mil
millones de pesos que, por supuesto, no fueron producto de una
generación espontánea sino resultado de seis gobiernos caracterizados
por la persistencia de un modelo económico que tuvo desde sus orígenes
la meta de desmantelar los bienes de la nación, aderezada con una
perenne corrupción, ahora concluida con la quiebra de Petróleos
Mexicanos y muy pronto de la Comisión Federal de Electricidad, como en
su momento sucedió con la autoritaria extinción de Luz y Fuerza del
Centro, en el sexenio de Felipe Calderón.
Como antaño, la corrupta clase política, que no conoce de partidos ni
ideologías, oculta a la sociedad los nulos resultados de su modelo de
economía neoliberal, donde han sido únicamente los organismos
financieros internacionales, voraces empresarios nacionales y firmas
extranjeras las que han sacado provecho de este paulatino
desmantelamiento de las empresas públicas, que a la vista del colosal
atropello cometido con el gasolinazo a un pueblo mayoritariamente pobre,
representa una inobjetable traición a la patria.
Ha llegado el momento de echar atrás la película de nuestra reciente
historia para enumerar la infinidad de latrocinios cometidos contra el
pueblo de México, empezando por la nunca aclarada venta de 219 empresas
públicas en la administración de Miguel de la Madrid, de las 1 mil 155
que se enlistaban como propiedad del Estado al inicio de su mandato.
Inversionistas privados, sobre todo del exterior, formaron parte de los
agraciados compradores sin que se emitiera en su momento un detallado
informe del valor real de tales empresas y su precio de venta.
Fue así que el combate a la corrupción anunciado por De la Madrid
durante su campaña, bajo el lema de “La Renovación Moral de la
Sociedad”, no pasó de ser mera frase cliché. En su gobierno comenzó la
desaparición de los ahora invocados “huevos de oro”.
Es pertinente recordar la similitud que guarda el entonces bautizado
como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), con el
ahora anunciado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar; en ambos casos, hay un tope salarial
a las clases trabajadoras y se conmina al sector privado a no
incrementar los precios de sus productos. Situación que no funcionó hace
30 años pero condujo a la pérdida de un 41 por ciento del poder
adquisitivo de los menos favorecidos, porque los empresarios hicieron
caso omiso a la petición del entonces presidente de sacrificar sus
ganancias, como ahora acontece con las alzas en cascada de productos
como la tortilla y el pan en muchos estado del país, a consecuencia del
gasolinazo.
Con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari al poder, el pueblo de
México fue despojado de empresas públicas tan rentables como Teléfonos
de México, entregada en bandeja de plata al empresario Carlos Slim, hoy
uno de los hombres más ricos del mundo. Bajo el lema de “vender bienes
para remediar males”, Salinas echó a andar su Programa Nacional de
Solidaridad, para montar una cortina de humo que le permitió hacer
pingües negocios con empresarios, a los que devolvió los bancos, a la
vez de iniciar el desmantelamiento de Pemex, al desmembrar a la
paraestatal en cuatro subsidiarias, lo que le permitió comenzar la
privatización de la petroquímica, anulando desde entonces al desarrollo
de nuevas refinerías en el país.
Lejos de contribuir al desarrollo de la economía nacional, miles de
millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de empresarios
consentidos del entonces presidente que solapó en su elenco de corruptos
a sus hermanos Enrique y Raúl, enriquecidos por el cobro de comisiones
para el otorgamiento de contratos de Petróleos Mexicanos. Antes de su
muerte, fue el propio Miguel de la Madrid quien acusó a Salinas de
haberse robado la mitad de las partidas secretas en su sexenio, recursos
que al decir del extinto mandatario, terminaron en cuentas de Suiza.
Una significativa merma experimentaron los “huevos de oro” en el sexenio
salinista.
En el gobierno de Ernesto Zedillo los saqueos a los recursos de la
nación no disminuyeron, prueba de ello fue la cesión de los
ferrocarriles nacionales a empresas de capital extranjero, cuyo monto y
condiciones de venta no tuvieron la debida transparencia; fue en este
periodo cuando se dio el llamado “robo del siglo”, bajo el amparo del
rescate bancario a través del Fobaproa, que en su momento costó a las
finanzas públicas, con cargo al pueblo de México, 700 mil millones de
pesos, unos 2.5 billones de pesos a precios actuales. A la fecha, el
salvar a los irresponsables banqueros le cuesta al país el pago anual de
intereses de 11 mil 500 millones de pesos, sin dejar de mencionar un
gasto adicional del alrededor 165 mil millones de pesos por el rescate
carretero, también cortesía Zedillo a sus amigos empresarios. La merma a
los “huevos de oro” durante tal sexenio, fue considerable.
Los gobiernos panistas que accedieron al poder con la llegada de
Vicente Fox a Los Pinos, en el 2000, no representaron cambio alguno en
la aplicación del modelo neoliberal ni en el viejo estilo de la
corrupción priísta; de acuerdo con una investigación de la agencia
Reuters, basada en informes de la Auditoría Superior de la Federación,
del 2003 al 2012, en los periodos del sexenio de Fox y Calderón, Pemex
suscribió más de 100 contratos irregulares por un monto de 11 mil 700
millones de dólares.
Casos como los de Oceanografía, empresa a la que favorecieron a
través del tráfico de influencias los vástagos de Martha Sahagún, Manuel
y Jorge Bibriesca, hijastros de Fox, o el de César Nava, secretario
particular de Calderón en su cargo de presidente y más tarde asesor
jurídico de Pemex, desde donde permitió quebrantos a la empresa pública
por 500 millones de dólares, son parte de la desatada corrupción que se
hizo presente bajo las siglas de Acción Nacional. Gobiernos ambos
caracterizados por la opacidad con que manejaron los excedentes
petroleros que ascendieron del 2001 al 2008 a un billón 281 mil millones
de pesos y cuyo destino aún se ignora. No sólo los “huevos de oro”,
sino también la gallina, resultaron seriamente afectados en los sexenios
panistas.
A la fecha en que la quiebra del país ha disparado la deuda pública
al histórico nivel de 9 billones de pesos, asuntos de corrupción como
los de los exgobernadores Guillermo Padrés de Sonora, actualmente preso,
o del prófugo Javier Duarte de Veracruz, son la evidencia del criminal
despilfarro de los recursos públicos; el primero hacía gala de una
cuadra de caballos pura sangre valuados en 100 millones de pesos y dejó
una deuda de 30 mil millones; el segundo, llevó la deuda de su estado a
los 80 mil millones de pesos y quedó a deber 2 mil millones a
pensionados y una cantidad similar a la Universidad Veracruzana. Junto
con César Duarte y Roberto Borge, exmandatarios de Chihuahua y Quintana
Roo, respectivamente, son la muestra más palpable de que la malversación
de fondos públicos es otra de las causas del generalizado descontento
social, ahora avivado con el gasolinazo.
La actual coyuntura donde la sociedad ha despertado y se dice
dispuesta a no soportar más atropellos, es propicia para convocar a un
gran frente nacional que busque restablecer la legalidad y el estado de
derecho en contra de tantos agravios acumulados y luche además por
detener el propósito de aniquilar el sistema de pensiones y privatizar
servicios como transporte y agua. En Baja California la movilización de
miles de ciudadanos logró revertir la intención de los panistas de
entregar el manejo del vital líquido a empresarios. El camino está
trazado y hay que empezar a andar al lado del pueblo, al margen de los
degradados partidos políticos, rumbo al 2018.
Martín Esparza Flores