CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La economía de México vive una
“nortedependencia” que la hace extremadamente vulnerable a las políticas
que pudiera aplicar, en su momento, el hoy presidente electo
estadunidense Donald Trump. Para ilustrar esa dependencia basta
constatar que 83% de las exportaciones mexicanas no petroleras van a
Estados Unidos; 53% de la inversión extranjera directa a nuestro país
viene de capitales del vecino del norte; y que las remesas que envían
los migrantes representan la tercera mayor fuente nacional de divisas
(equivalente a 2.3% del PIB, sólo superada por la industria automotriz y
el turismo), pues desde 2015 superó al petróleo.
Si Trump concreta sus promesas de campaña, esas tres fuentes se verían seriamente afectadas y eventualmente eso podría traducirse en una recesión para la economía mexicana; pero de lo que no hay duda es de que la tasa de crecimiento sería todavía menor al promedio de 2% anual del último cuarto de siglo y que los más afectados por la nuevas políticas serían los más desfavorecidos.
Como presidente electo ya reiteró que pretende renegociar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y rechazar el
Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). En el primero de
los casos, declaró a la cadena CNN que apenas tome posesión, pondrá un
ultimátum de siete meses para renegociar el TLCAN en condiciones más
favorables para su país; de no concretarse la renegociación en ese
plazo, lo cancelaría.
Respecto al TPP, el presidente Barack Obama ya suspendió el
cabildeo con el Congreso para lograr su aprobación y dejó la decisión
totalmente en manos de su sucesor. Esta decisión ya provocó que varios
de los países interesados detuvieran también sus procesos de
negociación, dado que Estados Unidos es uno de los principales actores.
Así, aunque todavía no hay información precisa y detallada,
lo cierto es que sí habrá un giro radical en la política comercial
estadunidense, con especial énfasis en la revisión de los tratados
internacionales; ello afectará directamente a México, que a partir de
1994, cuando entró en vigor, había convertido al TLCAN en el eje de su
política económica.
Uno de los sectores que mejor ilustra esto es el automotriz,
que representa 8% del PIB mexicano, da empleo a 16% del personal
ocupado en el sector manufacturero, es uno de los sectores que más ha
crecido en los últimos años y exporta 85% de su producción (71% de ésta
hacia el vecino del norte; es decir, 60% de los automóviles que se
fabrican en México se venden del otro lado del Bravo).
Pero el automotriz también es uno de los sectores que mayor
inversión extranjera directa atrae a México, aproximadamente 20% del
total de la misma, y poco más de la mitad proviene del vecino del norte.
La otra mitad de la inversión extranjera en este sector que proviene de
otros países, lo hace en gran parte atraída porque el TLCAN les permite
exportar sus productos en condiciones muy ventajosas.
Y el sector automotriz es uno de aquellos en los que Trump
centrará su atención al renegociar el TLCAN, pues fue precisamente uno
de los que cerraron plantas en el llamado “Cinturón del Óxido” para
trasladarlos a los llamados países emergentes, como México. Durante su
campaña, Trump arremetió directamente contra la Ford, precisamente por
el anuncio de que invertiría en una nueva planta en México.
Pero Trump también pondrá especial atención al tema de
migración. El principal riesgo no es la construcción del muro –que
aunque es agraviante y ofensivo para los mexicanos no tendría mayores
consecuencias en el flujo de migrantes–: hay otros aspectos que
afectarían a la economía nacional y, eventualmente, otros ámbitos de la
vida nacional; destacan la posible deportación masiva de mexicanos y
cualquier política relacionada con las remesas que éstos envían.
Y la política migratoria sí impactaría directamente a los
más pobres. Basta señalar que 43% del ingreso de los mexicanos que
forman el primer decil de la población –el 10% que recibe menores
ingresos: en promedio unos tres mil pesos mensuales– proviene de
transferencias, entre las que se encuentran las remesas. El dato aparece
en una misma nota publicada en junio de este año por Expansión, donde
el economista senior de BBVA Bancomer, Alfredo Salgado, señala que las
remesas aportan 9.9% del PIB de Michoacán, 7.8 del de Guerrero y 7.4%
del de Oaxaca, entidades que, de acuerdo con el índice de desarrollo
humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, ocupan los lugares 29, 30 y 31, únicamente por encima de
Chiapas, que ocupa el último lugar.
Aunque las deportaciones han crecido mucho en los últimos
años, en realidad un porcentaje de las mismas es de los mexicanos que
pretenden cruzar por primera vez a Estados Unidos y no de quienes ya
residen allá. Y la intención de Trump es impedir que lleguen nuevos
migrantes y deportar a los que ya están allá; ya anunció que empezará
con los que tienen antecedentes delictivos (en muchos casos por delitos
menores, como conducir en estado de ebriedad y otros similares), pero no
necesariamente se limitará a ellos.
Y la deportación masiva, además de reducir el flujo de
remesas –cuyas consecuencias sobre la economía nacional serían muy
negativas– impactaría en el ámbito social, tanto por el incremento
inmediato en la tasa de desempleo como en el gasto social de las
diversas instancias de gobierno. Y eventualmente, también puede afectar
los niveles de inseguridad y criminalidad.
Aunque operen los pesos y contrapesos de la
institucionalidad estadunidense (Congreso, federalismo e, incluso, las
presiones de los poderes fácticos) es un hecho que México sufrirá
consecuencias negativas a la llegada al poder de Donald Trump; lo único
que queda es buscar las mejores políticas para atemperar sus impactos en
el corto plazo, y a partir de ello romper la “nortedependencia”
(acrecentada por el TLCAN) y buscar un resurgimiento a partir de un
nuevo proyecto de nación.