Con los recortes a la salud, la educación y una interminable lista de programas sociales, la marginación para millones de mexicanos y la anulación de un futuro próspero para las nuevas generaciones será una infamia consumada por la tecnocracia neoliberal que, desde el poder, abandonó desde hace mucho tiempo su papel de Estado benefactor, producto de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, donde se vieron plasmadas conquistas de sectores como el obrero y campesino. El escenario de crisis social que enfrenta el país debe llevarnos a un profundo análisis de la rapiña que en las últimas décadas ejercieron los gobiernos neoliberales al articulado de nuestro Carta Magna hasta reducirlo a un mero “reglamento” de abierta protección y operación de las empresas multinacionales, donde la salvaguarda de las riquezas naturales del país y su subsuelo, así como su soberanía nacional y la protección de los derechos elementales de sus habitantes han quedado reducidos a un esquema de franca vulnerabilidad.
En el marco de los 100 años de nuestra Constitución Política –a celebrarse el 5 de febrero de 2017–, los mexicanos que formamos parte de la clase trabajadora, campesina, indígena y de todos los sectores de la sociedad civil debemos impulsar la instauración de una nueva ley fundamental, alejados de los partidos y su corrompida y degradada clase política, que en su tesis en favor de la globalización han adoptado una posición servil y colaboracionista que ha aplicado en su modelo neoliberal todos y cada uno de los dictados de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tan abierta complacencia al capital internacional dio la puntilla, por la vía de las reformas estructurales, a empresas públicas que en el siglo pasado fueron puntales del fortalecimiento y desarrollo de nuestra economía como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro. Y ahora no conforme con el desmantelamiento del sector energético, la irresponsable clase política desmantela de paso el sistema de pensiones y uno de los baluartes de la seguridad social al imponer la privatización de las instituciones que prestan los servicios médicos a trabajadores y burócratas. Este atentado a la seguridad social está condenando a la pobreza a millones de personas de la tercera edad, cuya subsistencia, salud y su vida misma penderá de un hilo.
Ha llegado el momento en que la sociedad civil y el pueblo trabajador en general tomen conciencia de que tan monumentales destrozos y saqueos a las riquezas del país así como la pérdida de derechos que nos afectan de igual forma a trabajadores que a campesinos, a indígenas, empleados públicos, comerciantes y pequeños y medianos industriales, han sido justificados por la clase política y sus partidos por los cambios aplicados de manera arbitraria a nuestra Constitución. Desde el Congreso, tanto diputados como senadores han votado y aprobado leyes que han sido contrarias a los intereses de las mayorías.
Amparados en su papel de “representantes populares” han aniquilado los principios sociales de nuestra Carta Marga de 1917 y es hora de que empiecen a rendir cuentas a quienes han defraudado su voto y su confianza. Es hora de recordarle a esta caterva de agachones y entreguistas que no se mandan solos, que la soberanía radica en el pueblo y es el pueblo el que tiene la última palabra para decidir la forma de gobierno que más le conviene. Y la que actualmente priva y que le ha sido impuesta por un puñado de políticos deshonestos no representa sus intereses ni garantiza su bienestar social.
¿Qué hacer entonces para enfrentar a esta enquistada clase política? ¿Cuáles son las opciones?
Ante el patético futuro que pretende heredar a las nuevas generaciones la tecnocracia en el poder es pertinente volver la mirada a lo planteado hace unas semanas en el corazón de la selva chiapaneca por los integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde invitan a la sociedad civil en general a repensar el proyecto de país desde las experiencias de despojo y represión que han enfrentado los pueblos indígenas en el campo y la ciudad.
Luego de que en 1994 irrumpiera a la escena nacional el EZLN, como la legítima voz de aquellos que no deseaban morir en el olvido, por primera vez coloca al centro de la actual coyuntura una propuesta de índole político que busca manifestarse en las elecciones presidenciales de 2018, a través de la candidatura independiente de una mujer indígena que lleve tras de sí las luchas de resistencia que vienen sosteniendo en todo el territorio nacional los pueblos originarios, pero que también represente la voz misma de una sociedad que al igual que los indígenas ha sido avasallada y acallada por un sistema autoritario que, mediante los partidos políticos, le ha cerrado los espacios de expresión y participación para defender sus derechos, al grado de criminalizar la protesta social de innumerables organizaciones sociales.
La candidatura independiente que plantean las bases del movimiento indígena no pretende enrolarse en el papel tradicional de un partido político sino generar un movimiento popular de alcances nacionales que encauce y materialice las demandas de las comunidades, los pueblos y los barrios de las zonas urbanas marginadas, hoy en día invisibles en la integración de las políticas públicas de desarrollo.
El proyecto merece ser tomado en cuenta porque plantea una estrategia de un movimiento político popular que surja desde abajo “y a la izquierda”, con absoluta independencia de los corrompidos partidos políticos que desde hace mucho extraviaron su ideología y principios, y con ellos su compromiso de representar a la sociedad. Al colocar a los indígenas y sus irresueltos problemas al centro de los grandes debates nacionales no sólo se harán visibles las agresiones en su contra sino las que padecen desde hace muchos años millones de mexicanos.
Al igual que los pueblos originarios y las comunidades campesinas, en las grandes ciudades los núcleos marginados son segregados y reprimidos por la autoridad. Y no hay mucha diferencia en los despojos que enfrentan en sus tierras los grupos indígenas y el terrorismo fiscal de que son objeto millones de contribuyentes cautivos, comerciantes y pequeños y medianos empresarios. El despojo del agua es otro de los problemas comunes a millones de mexicanos; a unos se les pretende arrebatar el vital líquido de sus comunidades para entregarlo a proyectos de empresas privadas y a otros, se les pretende cobrar su suministro a precios inalcanzables al concesionar su servicio a empresas particulares. Por tal razón, los objetivos de lucha tienen un mismo origen: el despojo de derechos elementales, consagrados en la Constitución, como el acceso al agua.
Además cabe mencionar que la inestabilidad laboral y la situación de angustia por alimentar a sus familias no es privativa de los habitantes de las zonas rurales; también en las grandes urbes la falta de empleo y la aplicación, ahora legal, del outsourcing fomenta la precariedad en el empleo y mayor pobreza. En cada semáforo y crucero los fantasmas del hambre aparecen todos los días como muestra del fracaso de un modelo económico que ha polarizado a México en un país donde una minoría es extremadamente rica y una inmensa mayoría apenas subsiste en la miseria.
Ante esta brutal desigualdad es que tenemos que luchar por devolver su sentido de justicia social a nuestra Constitución, trabajando desde las bases del pueblo y de la sociedad civil candidaturas independientes como la planteada por el CNI y el EZLN, ajenas a todo partido político que garanticen un proyecto que rescate a la nación, rumbo a las elecciones de 2018.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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