Una iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso desde marzo pasado pretende poner todos los puertos mexicanos bajo la administración de la Secretaría de Marina para “evitar las confusiones y vacíos de autoridad”, en una medida que equivaldría a poner todos los aeropuertos en manos de la Fuerza Aérea Mexicana. Empresarios navales y asociaciones de marinos mercantes niegan que tales confusiones existan; incluso un análisis del sector privado señala que la iniciativa es un pago del presidente a la Armada por “salvarle la cara” al recapturar al Chapo Guzmán.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La ambiciosa iniciativa del Ejecutivo federal para militarizar la administración y el transporte de pasajeros y mercancías en las 110 capitanías de puerto mexicanas, enviada en marzo pasado al Congreso, ha generado una abierta oposición de empresarios marítimos, pilotos navales, autoridades civiles, agentes aduanales y algunos legisladores de oposición.
Se trata de una amplia propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, para que la Secretaría de Marina (Semar) se convierta en la máxima administración marítima del país, "a fin de evitar confusiones y vacíos de autoridad ante la autoridad marítima nacional e internacional”.
En la exposición de motivos se argumenta que la Semar "cuenta actualmente con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir, entre otras atribuciones, con el ejercicio de la soberanía y la autoridad en las zonas marinas mexicanas; garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en dichas zonas; proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre; intervenir en la prevención y control de la contaminación marina y salvaguardar la vida humana en el mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de marina mercante”.
LAS ATRIBUCIONES
Darle esas atribuciones a la Semar equivale a otorgarle a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los aeropuertos del país. Si se aprueba la reforma, la dependencia será la responsable de otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; abanderar y matricular las embarcaciones; administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; cumplir con los tratados y leyes en materia de seguridad y protección marina y portuaria; imponer sanciones por infracciones, "así como nombrar y remover a los capitanes de puerto”, entre otras.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto reduce a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene a su cargo la autoridad marítima a través de las Administraciones Portuarias Integrales (API), a encargarse del "fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimas portuarias y de dragado”, así como "las concesiones, permisos y sus tarifas y, en general, toda actividad productiva, de negocios y generadora de recursos económicos”.
El primer sector en protestar públicamente ante esta iniciativa fue el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), que rechazó el proyecto porque "es una acción contraria al espíritu de la Constitución General de la República”, según declaró el 29 de marzo el capitán de altura Víctor Martínez.
Para él, la propuesta "expone a los marinos militares al escrutinio de leyes comerciales que demandan competencia y competitividad, rubros ajenos a los militares que son evaluados por la SCT, en los cuales los puertos han ido mejorando, así como en seguridad, eficiencia y economía”.
MILITARIZACIÓN
Dos días después, el presidente del FUMM, Guillermo Parra Avello, dijo que "en aras de la seguridad, el gobierno de la República pretende concretar la militarización de los puertos”, pero advirtió que el país cuenta con más de 110 mil kilómetros de costas y en tiempos de paz es regido por las leyes nacionales e internacionales de control civil.
El pasado 15 de abril, en un encuentro realizado en el puerto de Veracruz, integrantes de colegios, sindicatos y asociaciones de marinos, capitanes, pilotos y oficiales de comunicaciones marítimas cerraron filas para expresar su oposición a la iniciativa del Ejecutivo federal.
El reclamo fue firmado por el FUMM, la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, Colegio de Marinos Mercantes de siete entidades, la Unión Nacional de Transportistas Campesinos, la Asociación de Oficiales de Comunicaciones Marítimas y la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana.
El secretario de esta última, Ismael García Muñoz Apenas, reiteró su postura el lunes 12 de septiembre y citó declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que los marinos militares deben estar en sus sitios restringidos y que las capitanías de puerto "son áreas de comercio”.
Por ello demandó una reunión con representantes de la Primera Región Naval, con sede en Veracruz, para analizar la propuesta de Peña Nieto y evitar la "militarización de los puertos del país”.
El Senado había convocado a un foro este miércoles 21 para analizar la reforma, pero se pospuso "hasta nuevo aviso”, ya que ese día comparecerá el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien no se ha pronunciado al respecto.
"LA FACTURA DE LOS ALMIRANTES”
Los empresarios que operan en los puertos mexicanos se han expresado en contra de la iniciativa federal y ven con suma desconfianza el traspaso de la autoridad civil a la militar.
Un análisis de este núcleo del sector privado, cuya copia tiene Proceso, afirma que, "guardadas las proporciones”, la decisión de transferir todas las facultades de la marina mercante de la SCT a la Semar "sería equivalente al impacto que registró la diplomacia mexicana y la imagen de nuestro país con el error cometido por el presidente de la República al invitar al candidato Donald Trump y recibirlo como jefe de Estado”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
