CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tomás Zerón, cabeza en las indagaciones
sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocultó
información a la comisión especial de diputados creada ex profeso, pese a
lo cual ésta protegió al funcionario, al Ejército y al otrora
procurador, Jesús Murillo Karam, artífices de “la verdad histórica”.
Omisa en su obligación de investigar y condescendiente con Zerón, el
grupo controlado por el PRI encubrió al investigador al no exigirle
explicaciones satisfactorias sobre el ocultamiento de sus irregulares
diligencias en el río San Juan, cuyos resultados no coinciden con lo
revelado por el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina, en un
encuentro con los legisladores.
Así resume la diputada Aracely Damián, integrante de dicha comisión, el “vergonzoso” trabajo que realizó dicha instancia durante este 2016. Además, da a conocer que jueces locales y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México se negaron a ampararla, y con ello evitaron que los diputados se entrevisten con los integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, quienes tuvieron una participación decisiva la noche de los hechos. Por ello, adelanta, el viernes 23 acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer una queja y tratar de que ésta “obligue” al gobierno mexicano a abrir las puertas del cuartel.
Creada el 15 de septiembre de 2015, la “Segunda Comisión Especial
para Continuar las Investigaciones y dar Seguimiento a los Resultados
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
Designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos” se reunió el 2
de octubre de ese año con la procuradora general de la República, Arely
Gómez.
Durante ese encuentro, celebrado en las oficinas de la Procuraduría
General de la República (PGR), fue Zerón –entonces titular de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC) de la antedicha procuraduría– quien
detalló una a una las diligencias realizadas, los peritajes efectuados
en el basurero de Cocula, las declaraciones tomadas a los detenidos y la
recolección de evidencia, y expuso el contenido de las mil 420 fojas
del expediente.
“Ya para entonces (el investigador) José Torero había dado a conocer
que era científicamente imposible la cremación de los muchachos en el
basurero de Cocula. Y Zerón nos dijo ese día que se iba a realizar un
tercer peritaje y que Torero sería invitado, pero nada nos dijo de la
diligencia que realizó el 28 de octubre de 2014, de manera ilegal, con
uno de los inculpados.
“Nos mintió porque no nos mencionó nada de las bolsas presuntamente
encontradas en la orilla del río San Juan ese 28 de octubre. Lo que sí
nos dijo fue que hubo muchos interrogatorios y, aunque no lo aceptaron
él y la procuradora abiertamente, ella sí admitió que los jueces
analizarían si algunas declaraciones supuestamente tomadas bajo tortura
serían válidas”, recuerda Damián, en entrevista.
El 24 de abril de este año el GIEI presentó su segundo y último
informe, en el que difundió un video tomado por el fotógrafo José Manuel
Jiménez, que registraba la “diligencia” en la que Zerón llevó a Agustín
García Reyes El Chereje, presunto implicado en la quema de los jóvenes,
para mostrar cómo y dónde supuestamente había arrojado las cenizas de
los estudiantes. Después de esto, Damián demandó que la comisión
exigiera el despido de Zerón.
En la grabación aparecen también algunas bolsas negras a la orilla
del río. Y sólo días después de la revelación, el propio Zerón relató en
conferencia de prensa –en la que presentó otro video, tomado por gente
de su equipo– que al pasar por el puente del río San Juan los agentes
detectaron esas bolsas, que presuntamente contenían restos de los
jóvenes.
Damián, diputada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
insiste en que durante su encuentro con Zerón del 2 de octubre de 2015,
él nunca hizo referencia a “las bolsas” con las cenizas. Sin embargo, el
16 de octubre de 2015, los integrantes de la comisión asistieron a las
oficinas centrales de la Marina para entrevistarse con el almirante
secretario Vidal Francisco Soberón, y fue ahí donde por vez primera
escucharon de “una bolsa” con los supuestos restos.
La agencia Apro y la página web de Proceso dieron a conocer dicho
encuentro. Hoy, la diputada lo recuerda y detalla cómo se contradice la
versión del militar con la de Zerón: “El almirante hizo referencia a una
sola bolsa y dijo que fue un marino quien la encontró, y no autoridades
civiles. Nos dijo que Murillo Karam, entonces procurador, le pidió
algunos buzos para explorar el río San Juan, de Cocula”.
Soberón también les refirió ese día, a cinco de los siete miembros de
la comisión, que la PGR nunca le notificó que durante la búsqueda de
los buzos deberían estar presentes los expertos del equipo forense
argentino.
Damián dice que, a partir de la revelación del almirante, la comisión
estuvo tratando de entrevistarse con el buzo que halló la bolsa negra,
más aún cuando Zerón hizo referencia a ocho bolsas negras. “Pero no
hemos podido hablar con él”, dice. Además, y contra la voluntad de la
legisladora de izquierda, nunca se volvió a citar a Zerón.
El 7 de septiembre pasado, la Segunda Comisión Especial emitió su
segundo informe de actividades referente a sus actuaciones durante 2016.
Ninguna de relevancia. Incluso, el documento es calificado como
“vergonzoso” por la diputada de Morena, pues se trata de una simple
relatoría de fechas de reuniones de trabajo y no fija posicionamiento
alguno sobre las dudas que han surgido en torno a la “verdad histórica”.
Damián presentó un informe alterno. En él delinea todos los
obstáculos que han impuesto el PRI, el PVEM, el Panal y el PES, que con
voto ponderado han bloqueado los trabajos de la comisión.
A la Corte Interamericana
Tras el arranque de la Segunda Comisión, encabezada por la panista
Guadalupe Murguía, los siete miembros lograron grandes avances durante
octubre y noviembre y descubrieron hechos que evidenciaban cómo las
principales autoridades de seguridad de este país sabían, al momento de
los hechos, del ataque del que eran objeto los estudiantes de
Ayotzinapa.
El 5 de octubre de 2015, durante su encuentro en la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) con el general secretario, Salvador Cienfuegos
Zepeda, los legisladores lograron obtener de él el compromiso de
permitirles la entrada a las instalaciones del 27 Batallón de
Infantería.
Para mitigar las consecuencias del abrupto ofrecimiento de
Cienfuegos, el general José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos
Humanos de la Sedena, paró en seco el entusiasmo de los diputados de
izquierda: “Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a
quedar la declaración de los soldados, porque en términos de derechos
humanos también (sic) podríamos violárselos. Hay que establecer qué
papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen que acordar las
bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”.
Luego vinieron las entrevistas –fuera de la Cámara de Diputados– con
el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco. El
primero de ellos les reveló “en corto” que hizo algunas llamadas
telefónicas el día de los hechos: una al presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, para notificarle del ataque que estaba ocurriendo,
otra a la Secretaría de Gobernación, una más a la Sedena y la última a
la Policía Federal.
El 20 de octubre, la comisión dialogó con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien les confesó que la noche
del 26 de septiembre, mientras los estudiantes eran agredidos, él cenaba
con el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), Eugenio Ímaz.
El delegado del Cisen en Guerrero, admitió, les informaba de la embestida contra los normalistas, “pero todo era muy confuso”.
El 22 de octubre, la panista y presidenta de la Segunda Comisión,
Guadalupe Murguía, cuestionó: “No se puede entender por qué no intervino
ninguna otra autoridad. La Secretaría de Gobernación ¿seguirá
desestimando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en
Derechos Humanos manteniendo la actitud de descalificar al mensajero?”.
A partir de ese momento la comisión se estancó: según supieron sus integrantes, Chong se molestó por las críticas de Murguía.
Al llegar enero, la comisión discutía la petición de los padres de
familia de ser escuchados, desde la máxima tribuna, por todos los
diputados. Incluso la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entonces
dirigida por el priista César Camacho, había dicho que sólo necesitaban
la solicitud por escrito.
Durante ese mes los miembros de la comisión se ocuparon en ello y en
delinear cómo sería el encuentro con los miembros del 27 Batallón. Pero
el 3 de febrero de 2016 y durante una reunión ordinaria, el PVEM, a
través del diputado guerrerense Arturo Álvarez Angli, solicitó que la
junta se hiciera privada y que se sometiera a votación “cancelar la
comparecencia de los militares” bajo el argumento de que el 5 de octubre
ya había comparecido el titular de la Sedena. El PRI, el Panal y el PES
lo respaldaron.
Los legisladores Aracely Damián y Roberto Guzmán Jacobo interpusieron
un amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en Materia
Administrativa el 24 de febrero. Su argumento fue que resulta
“inconstitucional e ilegal que mediante una votación de un tema que no
estaba ni en la agenda, la comisión para el caso Ayotzinapa renuncie,
abdique o se abstenga de ir contra el segundo punto de su creación, que
es allegarse de información que considere pertinente llamando a reunión a
autoridades competentes”. El juzgado les negó el amparo.
El 15 de marzo los diputados demandaron ante el Tribunal Colegiado la
revisión del amparo, pero también fue rechazada. Por ello, y una vez
agotadas las instancias, los legisladores acudieron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos “para que obligue al Estado a que el
Ejército nos reciba como instancia investigadora”.