Marco Appel - Proceso
BRUSELAS (apro).- Quienes filtran documentos confidenciales de
interés público deben ser tratados como delincuentes. Así lo ha
considerado el Gran Ducado de Luxemburgo, apenas un mes después de que
alguien filtrara a través de un periódico alemán y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en
inglés) los llamados Papeles de Panamá: un volumen extraordinario de
documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que registran la
existencia de 214 mil entidades offshore que ocultan dinero en 21
paraísos fiscales.
Con esa postura, Luxemburgo ha decidido desafiar al amplio movimiento
político y ciudadano global,
particularmente fuerte en Europa, que exige la pronta elaboración de un marco jurídico que proteja a quienes por interés público realicen filtraciones de información, es decir a los informantes, también conocidos como “filtradores”, whistleblowers en inglés o, por su traducción del francés, “lanzadores de alerta” dada su función ética.
particularmente fuerte en Europa, que exige la pronta elaboración de un marco jurídico que proteja a quienes por interés público realicen filtraciones de información, es decir a los informantes, también conocidos como “filtradores”, whistleblowers en inglés o, por su traducción del francés, “lanzadores de alerta” dada su función ética.
El pasado 3 de mayo, el fiscal del Estado luxemburgués David Lentz
pidió una pena de un año y medio de prisión con libertad condicional y
multa tanto para Antoine Deltour como para Raphaël Halet. Esos dos
antiguos empleados franceses de la consultora PwC
(PricewaterhouseCoopers) son juzgados por el tribunal correccional de
Luxemburgo por haber extraído y entregado documentos secretos de la
oficina local de la firma a un periodista también galo. Tal masa de
documentos incluía 458 acuerdos fiscales de evasión de impuestos entre
la autoridad de ese país y 350 trasnacionales.
Esos acuerdos tributarios, completamente legales en Luxemburgo pero
inmorales en cualquier parte del mundo para muchos, fueron divulgados
primero por el programa Cash Investigation de la televisión pública
francesa en mayo de 2012, y luego otras tandas más por el ICIJ en
noviembre y diciembre de 2014. Edouard Perrin, el periodista que recibió
las filtraciones, está igualmente sentado en el banquillo de los
acusados: la justicia luxemburguesa lo acusa de haber manipulado a
Halet.
La naturaleza del proceso ha generado indignación: Jean-Claude
Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, la institución de
la Unión Europea (UE) que debe luchar contra la evasión fiscal
empresarial, era a la vez primer ministro y ministro de Finanzas de
Luxemburgo cuando se llevaron a cabo esos acuerdos.
No menos polémico ha sido el desarrollo del juicio, pues ha estado
sesgado a favor de la parte acusatoria. Para empezar, la investigación
del caso, que derivó en la acusación de los tres franceses, reposa casi
por completo en la que realizó la propia PwC y que entregó a la policía
tiempo después. Los abogados de la defensa acusan un elemento de
“colusión” en ese hecho.
Durante el juicio, el comisario Roger Hayard calificó de “neutra y
objetiva” la investigación interna de PwC y a Deltour de
“anticapitalista”, conclusión a la que llegó tras leer su perfil de
Facebook y porque el acusado estaba inscrito al hilo de noticias del
diario electrónico francés Mediapart, que dirige, subrayó el policía,
alguien que ha criticado las actividades financieras de Luxemburgo (Edwy
Plenel, antiguo director del diario Le Monde).
–“No soy anticapitalista. Soy reformista y me identifico con el
pensamiento de André Comte-Sponville”, contestó Deltour a pregunta de su
abogado. El acusado se refería al filósofo humanista francés que en
2008 fue nombrado integrante del Comité Consultivo Nacional de Ética por
el entonces presidente de derecha Nicolás Sarkozy.
En otra ocasión, el fiscal Lentz le pidió a Perrin que le explicara
qué es un “periodista de investigación” y “cómo hace sus
investigaciones”. Su intención era probar al tribunal que el reportero
de Cash Investigation e ICIJ había organizado la fuga de información,
acusación basada en el simple hecho de que él le pidió a Halet abrir una
dirección de correo electrónico para la transmisión de los documentos.
–“No sé, para mí cualquier periodista investiga”, contestó Perrin.
Lentz insistió, ahora con un tono burlón:
–Cuando el señor Halet le informa que se encontró un tesoro, ¿usted se puso como un niño delante de una tienda de juguetes?”.
–“No –respondió Perrin–, soy extremadamente desconfiado”.
La fecha prevista para el fallo es el 29 de junio. Si no declara la
inocencia de los tres inculpados y los condena, la justicia del país con
el mayor producto interno bruto per cápita del continente y fundador de
un proyecto de integración regional cimentado en los valores
democráticos, la UE habrá menospreciado el derecho ciudadano a la
información y el principio de la defensa del interés público sobre lo
demás.
Lo que más preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos
civiles y el ejercicio periodístico es que el Parlamento Europeo acaba
de votar a favor de una directiva que pareciera que quiere proteger los
“secretos comerciales” contra eventuales fugas informativas y la acción
de periodistas incómodos que las publiquen. La aprobaron 503
eurodiputados y apenas se opusieron 131. No importó que más de 530 mil
ciudadanos firmaran una petición contra la directiva, ni que 54 ONG
lanzaran un llamado común en el mismo sentido y tampoco la oposición de
sindicatos, asociaciones periodísticas y abogados especializados en ese
campo.
En 2010 un grupo de trasnacionales estadunidenses y europeas pidió a
la Comisión Europea que propusiera una directiva que luchara contra el
espionaje industrial y comercial entre empresas en la UE. Tres años más
tarde fue presentada una primera propuesta… que se apoyó en las
sugerencias de los abogados corporativos y que incluía a los periodistas
y a los “filtradores” como potenciales amenazas.
De manera vaga, “secreto comercial” es definido en el texto como
cualquier “savoir-faire (competencia) o informaciones” con “un valor
comercial, efectivo o comercial”, y cuya “obtención, utilización o
divulgación ilícita es susceptible de dañar los intereses de la persona
que los controla”. Ya no se trataba de combatir la competencia desleal
sino de asegurar legalmente la custodia de su información confidencial
contra cualquier divulgación, como si fuera un asunto de propiedad
intelectual.
Fue hasta finales de 2014, cuando el Consejo de los Estados miembros
de la UE la adoptaron, que la sociedad civil descubrió esa directiva y
se movilizó. Logró que el Parlamento Europeo la modificara, de manera
que se excluyera a periodistas y “lanzadores de alerta”. Pero sólo se
les protege de manera limitada. De acuerdo con la directiva, sólo podrán
acogerse a esa exclusión si con su preceder “protegen el interés
público general” y si revelan “una falta, una malversación o una
actividad ilegal”. El problema es que quizás no caerían en esa categoría
ciertas denuncias relativas a derechos humanos o a riesgos a la salud y
al medio ambiente, advierten ONG.
¿Y quién decidiría la suerte de un inculpado? Un juez, según su
criterio y caso por caso, lo que no despeja la incertidumbre. No existe
la seguridad de que, por ejemplo, quien haya filtrado los Papeles de
Panamá pudiera librar la cárcel. Con Julian Assange o Edward Snowden se
evocó la seguridad nacional por sus revelaciones de carácter político;
Europa está cerrando la pinza estableciendo un cuadro legal tramposo en
el terreno “comercial” para conseguir el mismo objetivo: impedir y
castigar las filtraciones. Un periodista de la cadena inglesa de
noticias BBC le preguntó a la eurodiputada que llevó las negociaciones
de la directiva en el Parlamento Europeo, Constance Le Grip, del grupo
del Partido Popular Europeo, si ella podía garantizar que los
periodistas y los “filtradores” estarían de ahora en adelante bien
protegidos.
–“¡Yo no soy juez!”, respondió.
Petit Biscuit
La plataforma anónima de filtraciones MexicoLeaks, de la que forma parte Proceso,
está nominada a los premios FRIDA 2016 para proyectos digitales de
América Latina que promueven la democracia y las libertades en el
ciberespacio. Hace casi una década el investigador Ernesto Villanueva
escribió: “En México se desconocen no sólo la figura del whistleblower
(informante) sino las ventajas que traería su incorporación en la
normativa jurídica. Para llenar ese vacío ahora se recurre en nuestro
país a las filtraciones anónimas de actos de corrupción que son por
todos conocidas, animados sus filtradores en que, por ahora, es la única
vía posible para denunciar un hecho o acto de corrupción”. Derecho a saber: balance y perspectivas cívicas. Los whistleblowers y el Estado de derecho en México. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 2007.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
