Benjamín Wong Castañeda - Opinión
En una conferencia de prensa
en que estuvo acompañado de cuatro altos funcionarios del gobierno como
si se quisiera que ellos avalaran sus declaraciones, el secretario del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, anunció el
retiro de un millón setecientos mil automóviles
para que sólo circulen los vehículos que contaminen poco. Los autos que serán retirados representan la tercera parte del total del parque vehicular de la Ciudad de México. Sorprende la facilidad con que el secretario responsable de cuidar el medio ambiente encontró una solución tan inteligente: retirar de las calles la tercera parte de los carros. ¡Una gran solución! Se cuidó de guardar silencio sobre las consecuencias de su decisión. No se trata de guardarlos durante un día, sino por el tiempo que tome verificarlos y corregir sus insuficiencias en los motores. Por lo visto Pacchiano no pensó cómo se van a transportar el millón setecientas mil personas que ya no podrán usar sus carros ni en las consecuencias económicas de quienes quedarán paralizados, pagarán el alquiler de taxis o se sumarán a las multitudes que luchan por un espacio en los vagones del Metro en que una reportera de Televisa midió en un día de crisis hasta 31 grados centígrados de temperatura, o en los destartalados minibuses y en los saturados camiones con gigantescos anuncios de CDMX, ante una población agobiada por el aumento de contaminantes. Pacchiano pensó en sancionar a los autos que contaminan escudados en calcomanías cero y doble cero indebidamente obtenidas, pero no pensó en que agrega irritación al enojo de los ciudadanos, porque afecta su cotidianidad y altera su economía. Calculó mal y no vio la crisis en conjunto.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
anunció que los vehículos públicos usarán gas para contaminar menos. Esa
medida será de gran ayuda, pues se trata nada menos que de mil
cuatrocientos vehículos, de un parque de cinco y medio millones de
autos. Otra acción será la de establecer horarios escalonados en la
burocracia capitalinas partir de las 6 de la mañana. Al tratar de
definir cuántos empleados modificarían su hora de entrada a su sitio de
empleo, el Oficial Mayor de Gobierno de la Ciudad, Jorge Silva Morales,
dijo que
depende del estudio que nos puedan arrojar (sic) de quienes estén más lejos o más cerca de sus actividades laborales.
Ni el gobierno de la ciudad ni el de la República se preocupan
por el fondo del problema que han soslayado los gobiernos durante más
de cuarenta años. La capital del país está alojada en un valle rodeado
de altas montañas, parte de ella es el Ajusco, que impide que las
corrientes de viento acumuladas sobre el valle se desplacen fuera de la
cuenca y al estancarse provocan la contaminación que se forma con la
acumulación de contaminantes diversos altamente nocivos.
En el siglo pasado, el ingeniero Heberto Castillo, quien fue un
notable profesional comprometido con los problemas del país, estudió el
fenómeno del valle de México y conjuntamente con colegas de la
Universidad Nacional Autónoma de México propuso horadar el Ajusco con un
amplio túnel para provocar corrientes que desalojaran la contaminación.
Concibió una obra de gran magnitud con un elevado costo, pero menor que
el que representa el daño a la salud de millones de personas, y con una
solución total. El costo no ha sido cuantificado, pero nadie en el
gobierno se interesa en averiguarlo. Es una tarea de dimensiones
históricas para ejecutarse en varios años que se traduciría en
desarrollo urbano, económico y sanitario. No se quiere reconocer la
crisis en su cabal dimensión y se necesitan gobernantes con visión de
Estado, porque no se puede negar que la salud y la economía de más de 10
millones de personas es un asunto de Estado, que se preocupen y se
ocupen del problema.
Durante años se ha mantenido una cuota por el servicio del Metro, muy
inferior a su costo. Se argumenta que no se aumenta para no dañar la
precaria economía de los trabajadores y se recurre a elevados subsidios
para sostener un pésimo servicio, pero se regatea lo que ha sido una
urgencia siempre pospuesta y no encarada recurriendo a debatibles
argumentos, como la necesidad de un salario no mínimo, sino suficiente,
como ordena la Constitución, y que le permita pagar mejores servicios y
una vida decorosa. Encarar el problema de fondo es una responsabilidad
de los gobiernos federal y de la ciudad, pero esperar que lo atiendan se
antoja como una panacea porque a los gobernantes prefieren ignorarlo
con el pretexto de que ocurre en jurisdicción ajena y así se sacrifica a
la capital de los mexicanos.