Ernesto Villanueva - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El deterioro de la confianza pública en
la política, los políticos y los servidores públicos designados o
nombrados por elección popular es una realidad innegable. Las medidas
constitucionales y legales a favor de la transparencia y el combate a la
corrupción que se han aprobado resultan regresivas y, por ende, tienen
mayores retrocesos que avances. De ninguna manera esa es la vía para
combatir a la corrupción.
El órgano de contraloría es una figura impedida para combatir la corrupción. En efecto, la Secretaría de la Función Pública es parte del Ejecutivo y su titular es nombrado y removido libremente por el presidente de la República, generando desde ese momento un conflicto de interés que inhibe de origen la rendición de cuentas. La Procuraduría General de la República también es un organismo que depende jerárquicamente del presidente de la República, razón por la cual carece de autonomía, imparcialidad y su actuación está sujeta a razones políticas y no estrictamente jurídicas.
integridadpública.mx es un movimiento de un grupo de ciudadanos
mexicanos apartidistas, profesionales del derecho, de la psiquiatría, de
la neuropsicología, de la comunicación y de la informática que tiene
diversas posturas y visiones de la vida, pero coinciden en lo
fundamental: Hay que recuperar la integridad pública perdida y hay que
rediseñar las instituciones del Estado para que la noción de democracia
tenga un mínimo razonable de sentido en los hechos, que hoy no existe en
el país.
integridadpública.mx parte de la duda metódica y de la desconfianza inicial frente a la política, los políticos y gobernantes en el modo actual en que acceden y ejercen el poder público. Tiene diversas propuestas para reconstruir la confianza perdida en los políticos y las instituciones públicas. A grandes males, grandes remedios. El primer objetivo es demostrar que no todas las personas que se dedican a la política son corruptas.
Es necesario identificar ese universo, sin duda pequeño pero existente para generar un proceso de incentivos a quienes se comportan de manera honesta, íntegra en el ejercicio del servicio público. Para tal efecto, la herramienta más avanzada hasta el día de hoy desde el punto de vista científico es someter a un examen puntual, denominado “Test de integridad”, a los candidatos a cargos de elección popular que acepten la invitación de integridadpública.mx. Este test consiste en la siguiente serie de pruebas: a) Exámenes escritos preparados por psiquiatras y psicólogos con grados de doctorado y de reconocido prestigio para medir honestidad, entre otros; b) Prueba de polígrafo para medir la integridad del candidato con preguntas puntuales tales como: 1.- ¿Ha cometido algún delito patrimonial independientemente de que se le haya procesado o no? 2.- ¿La declaración patrimonial que ha hecho pública corresponde íntegramente a los bienes que usted o su familia poseen? 3.- ¿Ha ejercido recursos públicos para fines distintos a los establecidos en la ley? 4.- ¿Ha pactado, llegado a acuerdos o tenido tratos con grupos o personas vinculadas al crimen organizado o al terrorismo? 5.- ¿Ha obtenido ventajas indebidas en el ejercicio de sus funciones públicas? 6.- ¿Tiene en realidad la intención de cumplir las promesas de campaña que ha formulado en su plataforma electoral? 7.- ¿Su patrimonio familiar corresponde únicamente al producto de las remuneraciones económicas que ha recibido como servidor público previstas en el presupuesto respectivo? , c) Examen toxicológico para detectar el uso de drogas o barbitúricos que podrían afectar el ejercicio público.
Podría existir la falsa percepción de que el test propuesto es sólo una buena intención. No es el caso, ya existen candidatos a gobernador dispuestos a someterse a este inédito test como prueba de su honestidad, empezando con el candidato a gobernador de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, quien ha aceptado públicamente someterse al mismo. Las ventajas de este test, que no tiene precedente en el país y seguramente en el mundo, a diferencia de las iniciativas sociales existentes para combatir la corrupción, son las siguientes: 1.- Los resultados son prácticamente inmediatos (no más de dos horas); 2.- El nivel de confianza supera el 99%; 3.- Es una medida en tiempo real y de naturaleza preventiva, no reactiva y remedial.
El Test de Integridad, por su importancia y seriedad, sería practicado de manera independiente por expertos con doctorado y reconocimiento en su disciplina profesional. En modo alguno, los órganos de control de confianza o las procuradurías de justicia serían una alternativa confiable por su falta de autonomía, por el bajo nivel profesional de quienes hacen estos exámenes y sus reducidas remuneraciones que comprometerían la validez del test. De igual forma, y como un mecanismo de transparencia y certidumbre, se permitirá que los candidatos o servidores públicos puedan llevar a un observador profesional en el tema (al menos con la especialidad en psiquiatría o neuropsicología). De esta suerte, transparencia, exámenes rigurosos y voluntad de quienes son honestos en el ejercicio de la política y decidan por esa razón aceptar el Test de Integridad permitirá crear un círculo virtuoso cuyos resultados tendrán un indicador de impacto por el método de aproximaciones sucesivas que hoy no existe.
Es previsible que en la medida en que las propuestas de integridadpública.mx vayan adquiriendo incidencia en la agenda pública, una de las acciones probables será la proliferación de organismos desconocidos que oferten test de integridad aparentemente similares, pero muy probablemente sean, en realidad, ejercicios de simulación. De ahí la importancia de que integridadpública.mx pueda verificar el rigor metodológico de dichos exámenes. No faltará, incluso, la tentación de algunos políticos de autoexaminarse en los centros de control de confianza del gobierno que deberán descalificarse por su politización y parcialidad. En unos días más se presentará la propuesta íntegramente ante la opinión pública.
Fuente: Proceso
