Emilio Lozoya Austin asumió la dirección de Petróleos Mexicanos con un gasto de 13 mil millones de pesos para las oficinas centrales. Treinta y ocho meses después dejó la dependencia con una demanda de 67 mil millones. En ese lapso abrió más de 500 plazas y firmó un dudoso contrato por 2 mil 445 millones de pesos que se mantiene en “reserva” por motivos de seguridad nacional. Así, a 78 años de la expropiación petrolera que dio paso a la creación de la paraestatal, los partidos de la oposición hablan de un presunto “uso indebido de recursos públicos federales”.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) incluso ya pidió juicio político contra Lozoya, mientras Acción Nacional demandará información a la Secretaría de Hacienda para saber si el exdirector de Pemex utilizó aeronaves de la paraestatal para su uso personal; de ser así, pedirá fincarle responsabilidades.
Informes de la propia administración revelan que Lozoya, exintegrante del consejo de administración de la empresa española OHL, tomó las riendas de Pemex con una deuda de 786 mil 900 millones de pesos que, seis meses antes de que abandonara la dirección, era ya de 1 billón 485 mil millones.
Otro dato: durante su administración, la producción petrolera cayó 12%, al pasar de 2 millones 577 mil barriles diarios en diciembre de 2012 a 2 millones 259 mil en enero de 2016. Como consecuencia de ello, entre 2014 y 2015, los ingresos de Pemex disminuyeron de 1.8 a 1.5 billones de pesos; es decir, perdió alrededor de 241 mil millones de pesos.
Un elemento más que genera suspicacias sobre el manejo de las finanzas de la empresa, y que hace pensar en “sobreprecios” o “desvíos”, es el “inexplicable” aumento a deudores –el “pasivo circulante”–. Según datos entregados el pasado 29 de febrero al Consejo de Administración, en 2012 la deuda era de 18 mil millones de pesos y para este 2016 será de 147 mil millones.
Para ahondar más sobre el manejo de las finanzas, el propio documento elaborado por Pemex y entregado a los consejeros destaca que de esos 147 mil millones de pesos todavía están “por documentarse” 39 mil millones.
A este desastre económico, habrá que sumar el pasivo laboral en Pemex, que en diciembre de 2014 llegó a 1 billón 474 mil 88 millones de pesos, según se detalla en los estados financieros consolidados de la paraestatal.
El 8 de febrero pasado, Lozoya Austin fue reemplazado por José Antonio González Anaya, quien de entrada hizo un recorte de 99 mil 200 millones de pesos, lo que afectó la principal generación de ingresos de Pemex Exploración y Producción (PEP), a la que le retiró 49 mil millones de pesos.
Dudoso contrato
En noviembre pasado, en nombre de su partido, el diputado panista Armando Alejandro Rivera Castillejos demandó en San Lázaro, ante la Junta de Coordinación Política, la comparecencia de Lozoya Austin para que hablara del presunto uso de aeronaves de la paraestatal para cuestiones personales.
Lozoya nunca acudió al recinto legislativo, por lo que su sucesor, González Anaya, tendrá que atender ese reclamo. De hecho ya se reunió en privado con ocho coordinadores parlamentarios el pasado 26 de febrero. Pero el lunes 7 Rivera Castillejos encaró a González Anaya:
“Me podría indicar si, en efecto, el antiguo director de Pemex, Emilio Lozoya, invirtió en la adquisición de aeronaves privadas para su uso, utilizando el convenio de seguridad con Sedena… es una información que llegó a esta Cámara y vamos a estar pendientes de ella”.
González Anaya no respondió. Pero en la segunda ronda de preguntas ya no pudo escabullirse. “Del contrato –dijo–, existe este convenio con la Sedena, es para aeronaves que tienen doble propósito: transporte de personal, pero también para el combate al robo de combustible. Y, por lo tanto, ese convenio está reservado, no tengo más información y no podría dar más información, pero el convenio existe”.
Rivera Castillejos comenta a Proceso sobre el malestar que hay en la paraestatal por el manejo de los recursos. “Los mismos empleados que trabajan en la torre de Pemex veían cómo despegaba el helicóptero cuando estaba el doctor Lozoya y aterrizaba a unas cuantas cuadras, en el hotel Camino Real.
“Sabemos que en automóvil ese tramo se cubre en 10 minutos. Sin embargo, el director consideraba que no podía perder 10 minutos en el tráfico y prefería gastar o malgastar el dinero de los mexicanos”, comenta el diputado.
Sus correligionarios no entienden por qué reservan una información que debe ser pública. En primer lugar, los jets, helicópteros y aviones de la dependencia no se utilizan para combatir al crimen organizado, como asegura González Anaya.
“Más bien los usan para transportar a los ejecutivos de Pemex corporativo –reitera–. Eso carece de lógica. No sabemos qué ampara esta adquisición en la que se invirtieron más de 2 mil 445 millones de pesos presuntamente para combatir a los delincuentes.
“En primera, porque no es función de Pemex combatir a la delincuencia; eso le corresponde a las policías; y al Ejército, para cuidar los ductos. No entendemos por qué esconden una compra tan grande de aeronaves.”
–¿Algún avión sería para combatir a la delincuencia –se le pregunta.
–No creo que sea un avión. ¡Creo que son muchos aviones! Si lo traducimos a dólares, son aproximadamente 135 millones (alrededor de 2 mil 445 millones de pesos). Un avión ejecutivo cuesta 10 millones de dólares. ¿Cuántos aviones o helicópteros están comprando? ¿De qué tipo?
La fracción del PAN estudia la posibilidad de demandar a Pemex, pues cuenta con información según la cual Lozoya usó las aeronaves para traslados injustificados con cargo a la paraestatal.
Los documentos de Hacienda
Proceso localizó en la Secretaría de Hacienda un documento con la “clave del proyecto” 1318T4100017 al que alude el diputado panista. Se trata de un contrato de “adquisiciones” multianual, que se inició el 1 de agosto de 2013 y finalizó el 1 de diciembre de 2015. Su monto fue de 2 mil 445 millones 119 mil 384 pesos.
Corresponde a Pemex Corporativo y se refiere a “la protección de las instalaciones estratégicas de Pemex, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación”.
Este tipo de contratos son para la vigilancia de ductos y por lo general figuran en PEP, pues es el área donde se manejan los ductos y no en el Pemex Corporativo.
De acuerdo con la ficha de Hacienda sobre el dudoso contrato de 2 mil 445 millones 119 mil 384 pesos, aún faltan por pagar 126 millones 987 mil 150 pesos.
En “el tipo de proyecto” se califica como “adquisición”, aunque no establece si fue directa, por concurso o por invitación a terceros. A un costado de la palabra adquisición aparece el nombre “tipo” y el número seis. Se desconoce si corresponde a la compra de seis aeronaves.
Pemex Corporativo sí tiene un área especial para seguridad. Se trata de la llamada Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF). Proceso encontró para PEP el proyecto 1418T41002, también multianual, del 1 de abril de 2014 al 1 de diciembre de 2015, pero el monto es de sólo 158 millones 95 mil 359 pesos, mucho menor al que se asignó para vigilancia en Pemex Corporativo.
Ese proyecto fue, según la documentación consultada, para “rehabilitar y construir espacios para actividades de logística operativa y de inteligencia de la GSSF debido a un incremento de su capacidad” (quizá para aumento de personal).
El segundo contrato en materia de seguridad durante este sexenio fue para PEP y comprende el periodo 2013-2017. Su costo es de 3 mil 219 millones 541 mil 657 pesos y es para “fortalecer los sistemas de vigilancia de las instalaciones contra cualquier acto interno o externo que ponga en riesgo la integridad física y operaciones de las instalaciones. Adquiriendo tecnología avanzada en la materia”. Tiene como eje de trabajo el estado de Tabasco.
Para los diputados panistas, ese contrato también es dudoso, pues tiene como área de trabajo todo el país.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relativos a la revisión de la cuenta pública de 2013, el proyecto de seguridad física de Pemex tiene como objeto “implementar acciones que incrementen los niveles de seguridad en las instalaciones de PEP, por no ser satisfactorias en la actualidad.
“También aclara que se requiere la mejor tecnología para llevar a efecto la vigilancia aérea, terrestre y marina con equipos no tripulados (aviones, vehículos, embarcaciones), todo ello con la finalidad de evitar eventos no deseados como, explosiones, incendios, derrames, fugas, entre otros.”
Para ello Pemex firmó convenios de seguridad con la Sedena y con la Secretaría de Marina desde 2009. Y aunque los bienes para la seguridad los compra Pemex, los usuarios son esas dos dependencias.
En 2013 Pemex invirtió en este proyecto multianual 708 millones 256 mil 770 pesos y la ASF encontró serias irregularidades en su revisión de la cuenta pública de ese año. Entre otras cosas, que no se establecieron plazos para entregar bienes ni para firmar el acta de entrega-recepción.
Y aunque la paraestatal señala que se formalizó el resguardo de mil 438 bienes adquiridos entre 2009 y 2012, como la entrega de esos bienes fue hasta 2014, la ASF concluye que “esos bienes no estuvieron en uso por lo menos en 2013”.
Asimismo, la auditoría encontró que no hay un procedimiento de control para la identificaciones de bienes, lo que se entregó se realizó conforme a la Sedena, aunque eso no está en el convenio. Tampoco se pudo comprobar a qué contratos corresponden los bienes entregados. Finalmente, del monto de dicho contrato revisado, correspondiente a 2013, se detectó una falta de cuando menos 27 millones 796 mil pesos.
La ASF concluyó: no obstante los millones invertidos, “no se fortaleció la seguridad física, al observarse la falta de uso y operación del sistema de seguridad y de seis bienes”, ni se vinculó el proyecto de seguridad de PEP con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo en su meta “México en paz.”
Sobreprecios
Lozoya Austin falló en la seguridad –el 1 de enero de 2013 la explosión en la torre de Pemex Corporativo ocurrió mientras él estaba fuera del país–, pero también en la adquisición de bienes a sobreprecios.
Rivera Castillejos habla de dos contratos para la renta de vehículos: uno lo firmó el IMSS, el otro Pemex. Y aunque son similares, el de la paraestatal es mucho más elevado que el del Instituto.
El contrato de Pemex fue adjudicado el 23 de diciembre de 2015 a las empresas Integra Arrenda, Sofom ENR y Ferbel Norte. El monto: 4 mil 738 millones 166 mil 569 pesos. El del IMSS se firmó el 19 de febrero pasado y fue por 79 millones 924 mil 965 pesos.
El IMSS pagó, por ejemplo, 4 mil 899 pesos al mes por el alquiler de un Sedán básico de cuatro cilindros; Pemex desembolsó 8 mil 450. El servicio mensual de una “Suv” de seis cilindros para siete pasajeros le costó al IMSS 11 mil 989, Pemex presuntamente pagó 17 mil 100 pesos.
El lunes 7, durante la comparecencia de González Anaya en San Lázaro, el diputado panista le exigió rescindir ese contrato –“a todas luces desventajoso para la empresa”– y le pidió investigar a quien “firmó esa licitación: el señor Antonio Leyva Hernández, y al responsable final: Emilio Lozoya Austin”.
“Estamos en proceso de detenerlo (el contrato). Esto no va a ocurrir de nuevo; se va a reponer todo el proceso dentro de los cauces de la ley”, le respondió González Anaya.
Según la agencia Bloomberg, Pemex ya rescindió el contrato aduciendo que no estuvo presente el testigo independiente.
Una de las empresas del millonario contrato de arrendamiento vehicular –Ferbel Norte– es la proveedora favorita de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la encabeza Humberto Castillejos Cervantes, según diversos contratos firmados en 2013 y en 2014 relacionados con el mantenimiento de motocicletas y equipo de protección.
En 2012 se destinaban 13 mil millones de pesos, ahora son 67 mil millones. “Tres años después, el director se lava la cara diciendo que al corporativo se le recortarán 12 mil 300 millones de pesos; debería recortar la mitad y tener vergüenza!”, sostiene Rivera Castillejos.
El legislador panista recuerda que el presupuesto que la Cámara de Diputados autorizó para este año es de 478 mil millones 300 mil pesos; con el recorte quedará en 379 mil millones 100 mil.
González Anaya o los consejeros independientes, quienes tienen entre los nuevos datos el inexplicable aumento del gasto en Pemex Corporativo, deberán responder por las irregularidades efectuadas durante la administración de Lozoya Austin, reitera Rivera Castillejos.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
