Pedro Matias - Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- El cuerpo jurídico de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) emplazó a
la Secretaría de Gobernación y al mandatario estatal Gabino Cué para
dar cumplimiento a un mandato judicial en un plazo de 24 horas, de lo
contrario, los denunciarán penalmente ante la Procuraduría General de la
República (PGR) por el delito de desacato.
La abogada de los maestros recluidos en el penal de máxima seguridad
del Altiplano Edith Santibáñez Bohórquez declaró: “vamos a darles hasta
hoy a las autoridades federales y estatales, si no a partir de mañana
estaremos interponiendo los recursos legales en contra del secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del delegado de la PGR y contra
el gobernador Gabino Cué”.
En
conferencia de prensa convocada por la Comisión Política de la Sección
22, el Comité de familiares de presos políticos y el cuerpo jurídico
desmintieron que los maestros Othón Nazariega y Efraín Picazo hayan sido
trasladados del penal del Altiplano a Oaxaca porque “físicamente no
están en ningún reclusorio de la entidad”.
Por el contrario, es la sexta ocasión que las autoridades estatales y
federales desacatan el acuerdo del juez quinto de distrito José Luis
Evaristo Villegas.
Apenas el pasado 9 de febrero, el juez emplazó a las autoridades para
que tres días trasladaran a Nazariega y Picazo. El término venció ayer y
lo que procede es denunciarlos penalmente por desacato.
Heriberto Antonio García, exombudsman del entonces gobernador Ulises
Ruiz Ortiz, ya autorizó un espacio para trasladar al maestro Roberto
Abel Jiménez García, luego de que la Sección amagó con denunciar y
exigir el cese inmediato de la juez Primero de lo Penal, Graciela
Maldonado, por violar derechos humanos y el debido proceso del acusado
por delitos del fuero común y recluido en el penal federal de máxima
seguridad del Altiplano.
Según los denunciantes, la finalidad de las autoridades es política,
pues hasta ahora los acusadores no se han presentado a ratificar sus
declaraciones. Por eso, aseguraron, pretenden mantenerlos privados de su
libertad para trabajar en este proceso electoral.
Esta situación, dijo la abogada, “provoca un caos porque están
preparados para interrogar a funcionarios de Seguridad Pública, de la
Agencia Estatal de Investigaciones, a los peritos que hicieron
inspección pero no han llegado, entonces, hacemos un llamado al fiscal
general de que si tuvieron el valor de señalar e inventar un delito, que
tengan el valor de enfrentarlo”.
