MÉXICO, DF (apro).- Cuauhtémoc Blanco es la anécdota en una larga
crisis de seguridad en Morelos. Su primera decisión como presidente
municipal de Cuernavaca, la de rechazar el mando policial único, más que
una afrenta al gobernador Graco Ramírez, es un desafío para el gobierno
de Enrique Peña Nieto.
El reto apunta directamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable no sólo de la gobernabilidad en el país, sino de la seguridad interior. En esa doble función, una vez más, el funcionario está ausente.
Por más que el
gobernador perredista diga que la decisión del mando único es sólo
suya, la desaparición de las policiales municipales en aras de una sola
estatal es una propuesta que viene desde el sexenio pasado, cuando el
entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna,
pretendió el control policial del país.
Ante las ambiciones del
exjefe policial, la idea quedó archivada hasta que la retomó Peña Nieto,
rebasado también su gobierno por la violencia.
En medio de la
crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en
diciembre de 2014 el presidente envío al Senado una propuesta de reforma
para desaparecer las policías municipales y crear 32 policías
estatales. En su proyecto, los gobernadores y la Federación tendrán que
hacerse cargo de la seguridad en todos los territorios municipales.
Al igual que sus antecesores, Osorio ha sido incapaz de concretar la
reforma, que enfrenta obstáculos constitucionales, salvables con
operación política como en tantos otras modificaciones que han ido
contra el planteamiento original del texto constitucional.
Sin
que haya dejado en claro sus motivaciones, Cuauhtémoc Blanco entró en un
juego del que más que una derrota personal puede contribuir a la
pérdida institucional que se vive en México.
Graco Ramírez ha
dicho que detrás del munícipe está la delincuencia organizada. Una
acusación muy grave que obliga al gobierno federal a dejar de ser
espectador y al gobernador a presentar las pruebas.
No sólo la
procuradora Arely Gómez tendrá que emprender averiguaciones
ministeriales y Osorio Chong asumir su obligación de garantizar la
gobernabilidad en Morelos, parte de uno de los ejes delictivos más
importantes del país.
De no hacerlo, estaremos ante una omisión
más del gobierno federal y otra oportunidad perdida para desmantelar las
estructuras delictivas que se han amalgamado con la autoridad.
Si la acusación de Graco Ramírez es falsa, entonces el gobernador tendrá
que enfrentar, desde la propia capital del estado, a los grupos de
interés que están detrás de Cuauhtémoc Blanco.
Por lo pronto,
Graco Ramírez entró también ya en una ruta que conoce de sobra, pero en
sentido inverso. En 1998, encabezó las movilizaciones que
desestabilizaron y provocaron la caída del gobierno de Jorge Carrillo
Olea. Su estandarte fue la inseguridad en el estado. Ironía de la larga
crisis de seguridad en México.
En la disputa, los únicos que
ganan son los grupos delictivos. Lo mejor para ellos es que Morelos
vuelva a ser la residencia o refugio que fue para narcotraficantes hasta
los años noventa, contemplados por el gobierno federal y sus
funcionarios encargados del orden interior. De lograrlo, se habrá dado
un paso más hacia la “pax mafiosa”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
