Con la reciente designación de Javier Laynez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Enrique Peña Nieto logró colocar a su segunda pieza en esa instancia del Poder Judicial. La primera fue Eduardo Medina Mora, quien llegó al cargo el pasado 10 de marzo. Al igual que entonces, y pese a las voces que advertían sobre esa maniobra del titular del Ejecutivo, el Senado votó por Laynez, que releva a Juan Silva Meza desde el jueves 10.
MÉXICO, DF (Apro).- En un juego de simulaciones, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró por lo menos un voto más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ayudará a evitar descalabros en el tribunal constitucional en la segunda mitad de su gobierno.
El jueves 10, el Senado designó al ex procurador fiscal Javier Laynez Potisek y a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández como ministros para los próximos 15 años, en un proceso en el que la idoneidad para el cargo fue lo de menos.
Como en el caso de Eduardo Medina Mora cuando el Senado lo designó ministro a propuesta de Peña Nieto en marzo pasado, la elección de Laynez Potisek fue impugnada por organizaciones no gubernamentales por el conflicto de interés en que se colocará como juez constitucional en juicios que tengan que ver con el gobierno de Peña Nieto y aún en el de su antecesor, Felipe Calderón.
Especializado en derecho fiscal y administrativo, Laynez Potisek ha sido un hombre cercano a la Presidencia de la República, tanto con el PRI como con el PAN. Desde diciembre de 1994, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, hasta abril de 2005, al final del gobierno de Vicente Fox, fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal. Calderón lo tuvo también como consejero jurídico adjunto entre enero de 2007 y febrero de 2008. Muchas de las reformas constitucionales impulsadas por esos gobiernos pasaron por sus manos.
Laynez llega a la Corte de la mano de Peña Nieto, quien apenas en abril pasado lo hizo magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego de ratificarlo al inicio de su gobierno como procurador fiscal de la Federación. El cargo lo ocupaba desde 2008, cuando fue nombrado por Calderón. Ya en este sexenio, después de la ratificación, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) contribuyó a que el gobierno de Peña Nieto armara los cargos que tienen en prisión a la ex dirigente sindical del magisterio, Elba Esther Gordillo.
En septiembre de 2013, la PFF se querelló por presunta defraudación fiscal equiparada de la ex jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por 2 millones 199 mil pesos. Gordillo también está acusada de evasión fiscal y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso de la profesora, quien en febrero próximo cumple tres años en prisión —aunque ahora está internada en un hospital—, podría llegar a la SCJN vía amparo, ya con Laynez como ministro.
Ajeno al ejercicio del derecho constitucional, Laynez se convirtió en la carta presidencial luego de que Peña no pudo sostener la candidatura del responsable jurídico de su campaña a la Presidencia en 2012 y posterior secretario jurídico del PRI, Raúl Cervantes Andrade, quien hasta pidió licencia en el Senado para cumplir con el requisito de estar alejado un año del servicio público.
Primo del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y del polémico director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, el senador vio frustrada su aspiración porque la Constitución estipula que los cargos de elección popular son irrenunciables. Raúl Cervantes tuvo que regresar a su curul.
UN MINISTRO CONTROVERTIDO
Con la designación de Laynez, quien tuvo 81 de 111 votos en el Senado, Peña mantuvo el principio de hacer ministros de la Corte a quienes han sido sus empleados. Su primera designación fue la del ex director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien también estaba a cargo de esa instancia de la Secretaría de Hacienda desde 2008.
Después, en marzo de este año, logró la designación de quien fuera su embajador en Reino Unido y en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Esa elección fue muy cuestionada incluso al interior de la Suprema Corte no sólo por su falta de formación constitucional, sino por su perfil policial: procurador general de la república, secretario de Seguridad Pública, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y uno de los negociadores de la Iniciativa Mérida con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México.
Peña Nieto decidió hacer de las designaciones de ministros para la Corte una extensión no sólo de su gobierno, sino de su antecesor. De los cuatro ministros que le han correspondido proponer, tres de ellos —Gutiérrez Ortiz Mena, Medina Mora y Laynez Potisek— han ocupado cargos de primer nivel tanto en su gobierno, como en el del panista. Los tres comparten además la característica de haber sido convertidos en jueces del tribunal constitucional sin tener experiencia en esa materia.
Laynez llega ahora al tribunal que en 2007 lo rechazó para ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuesto por Calderón. Cuatro años después, el ex presidente también lo promovió para ser juez de la Corte Penal Internacional (CPI). Pero ahí tampoco pasó. Se quedó en la primera etapa de selección. Contundente, la CPI señaló: "Este candidato es no calificado porque no tiene la experiencia necesaria, ya sea como juez, fiscal, abogado u otra función similar" (Proceso 1827).
La Corte Penal Internacional rechazó a Laynez en octubre de 2011, justo cuando estaba por presentarse ante ese tribunal de la ONU una demanda en contra de Calderón por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno como parte de la guerra que declaró al narcotráfico.
Con sede en La Haya, Holanda, la CPI surgió del Estatuto de Roma, adoptado por la ONU en 1998. Cuando se presentó como candidato a juez internacional, Laynez dijo que como asesor jurídico en la Presidencia de la República participó en la redacción y negociaciones de la reforma constitucional para que México reconociera la jurisdicción de ese tribunal, en septiembre de 2000, al final del sexenio de Ernesto Zedillo.
LOS LOGROS
Como asesor jurídico presidencial, conoció de la demanda que los familiares de Rosendo Radilla presentaron contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su desaparición forzada a manos del Ejército. La demanda fue admitida por la CIDH en octubre de 2005, medio año después de que Laynez dejara la Consejería Jurídica, pero durante su gestión, la Presidencia de la República respondió a peticiones de información de la comisión. Cuatro años después, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al final del gobierno de Vicente Fox, Laynez salió de la Consejería Adjunta del Ejecutivo Federal y fue nombrado subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, al momento en que Medina Mora era secretario de Seguridad Pública.
Con Felipe Calderón, el ahora nuevo ministro regresó como consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal, cargo que ocupó entre enero de 2007 y febrero de 2008. En ese periodo, representó al gobierno mexicano en el juicio contra Raúl Salinas, el hermano del ex presidente Carlos Salinas.
En su currículum asegura que logró la devolución de los recursos asegurados en Suiza y el Reino Unido. Lo que no informó es que de acuerdo con la sentencia del caso Salinas, se regresaron 140 millones de dólares. De esa cifra, de acuerdo con las consultas de Proceso en el Poder Judicial, 70 millones se regresaron al empresario socio de Raúl Salinas, Carlos Peralta. Los otros 74 millones de dólares ingresaron a la Tesorería de la Federación.
Según ostenta, Laynez participó en la revisión de la iniciativa de la reforma constitucional de 2008 para la implementación del sistema penal acusatorio. Asegura también haber participado en 1994 en la reforma al Poder Judicial que dio forma a la actual conformación y atribuciones de la Suprema Corte.
Al igual que la de Medina Mora, su candidatura provocó rechazo no sólo entre organizaciones no gubernamentales, sino aún entre litigantes. El abogado Mario Flores, quien se opuso en tribunales a la designación de Laynez como ministro, aseguró a la agencia de noticias de Proceso (Apro) que cuando fue procurador fiscal de la Federación, fue omiso en las denuncias por evasión fiscal que se presentaron en contra de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la llamada Casa Blanca y contratista favorito de Peña Nieto.
Según la información publicada el martes 8 por el reportero Álvaro Delgado en Apro, la PFF acreditó en 2006 que la empresa Energéticos del Centro, S.A. de C.V., que tenía como administrador único a Hinojosa Cantú, dejó de pagar al fisco 8 mil 762 millones 564 mil pesos en Impuesto sobre Producto de la Renta e Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2000 y 2001. Según Flores, las denuncias penales contra Hinojosa por evasión fiscal desaparecieron gracias a las omisiones del ahora nuevo ministro.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
