Zósimo Camacho - Contralinea
Los
mexicanos que se encuentran en prisión por su participación en
actividades políticas no son famosos líderes partidistas ni son
patrocinados por grandes medios de comunicación o sectores
empresariales. Son generalmente activistas que no tuvieron otra opción
que la de oponerse al despojo de su ejido, su agua o sus derechos
laborales. Posiblemente el listado más completo es el que lleva el
Comité Cerezo (www.vientodelibertad.org/spip.php?mot4). Suma
197 casos. La recopilación de información es un esfuerzo importante en
el que, además del nombre, se proporciona una pequeña ficha de cada
persona en la que se indica la organización a la que pertenece, los
motivos formales de la detención y las actividades políticas que
realizaba.
Con todo, el listado es una aproximación a la realidad, pues otros casos conocidos no se encuentran en dicho registro, como el de los anarquistas, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o los integrantes de las autodefensas y policías comunitarias de Michoacán, por ejemplo. Un caso destaca dentro de estos últimos: el de Cemeí Verdía Zepeda, un muchacho nahua de la costa michoacana.
El Estado mexicano sólo
pudo detenerlo mediante un complejo operativo militar en el que
participaron los batallones 65, 82 y 30 del Ejército Mexicano, dos
unidades de combate de Infantería de Marina de la Armada de México con
helicópteros artillados, fuerzas especiales de la Policía Federal y
elementos de la Fuerza Ciudadana de Michoacán. Se trató de un despliegue
táctico militar de alrededor de 3 mil 500 efectivos en toda la región
para contener a las comunidades nahuas.
A
sus 35 años, Cemeí Verdía es el comandante de las Autodefensas de la
Costa-Sierra Nahua de Michoacán. Y también es el comandante de la
Guardia Comunal de Santa María Ostula: una tenencia (cabecera) con 23
encargaturas (pequeños poblados o rancherías). Esta comunidad nahua
formalmente pertenece al municipio de Aquila, sin embargo ha mantenido
formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con
relativa autonomía desde la época de la Colonia. Cuenta con un
territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas
de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas:
playas apacibles y montes húmedos y abigarrados. La máxima autoridad es
la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros
enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por
prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas.
Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y
religiosas.
La Guardia Comunal de
Ostula es anterior al movimiento de las autodefensas en la región. Se
reactivó en 2009 cuando la comunidad se enfrentó al narcotráfico y a los
pequeños propietarios que le habían arrebatado ilegalmente varios
parajes, entre ellos el denominado Xayacalan. Hasta antes de haber sido
recuperado por la comunidad, en ese predio ocurrían asesinatos y
desembarques ilícitos; además estaba habilitado como bodega para guardar
drogas y armas. Cuando los habitantes de Ostula ya no pudieron más y
decidieron que tenían que defenderse del crimen organizado, sabían que
la confrontación con los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y
Los Zetas sería directa. Lo asumieron. Lo que no sabían es que también
recibirían el acoso de las policías estatal y federal y del Ejército y
la Armada. Casi 2 decenas de comuneros, entre asesinados y
desaparecidos, ha sido el costo para este pueblo.
A Ceme
(como le dicen sus compañeros) se lo llevaron marinos el 19 de julio
pasado. El gobernador Silvano Aureoles le había pedido que acudiera a la
comunidad mestiza de La Placita para que le revisaran armas y vehículos
de las autodefensas. A su llegada, Cemeí incluso invitó a comer a los
militares con los que dialogó. Después de la comida los efectivos lo
detuvieron y lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social 4,
El Rincón, Nayarit. Desde entonces está preso. El primer cargo fue el de
posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, algo que
inmediatamente se vino abajo pues las armas que portaba habían sido
proporcionadas por las propias autoridades en el marco del
reconocimiento y legalización de las autodefensas. No lo dejaron libre
porque entonces lo acusaron de delitos electorales. Tampoco prosperó la
imputación y luego le achacaron robo y homicidio calificados.
Formalmente está preso por este último delito.
Lo
cierto es que lo que le preocupa al gobierno federal y al estatal es el
proyecto autonómico de la comunidad nahua de Ostula (y de sus vecinas,
también nahuas, El Coire y Pomaro). La organización indígena ha frenado
no sólo al narcotráfico: también a los megaproyectos turísticos y
mineros que amenazan su territorio.
Antes
de su detención, las autoridades querían “negociar” con él. El
narcotráfico, expulsado de la región por la Guardia Comunal y las
autodefensas, incursionaba intermitentemente para intentar asesinarlo.
Fue emboscado en dos ocasiones, de las que salió con vida. Finalmente lo
que ocurrió fue que lo aprehendieron.
“Yo
no sé si sea preso político, lo que sí sé es que estoy aquí por
represalias”, dice Cemeí Verdía desde el penal de Mil Cumbres,
Michoacán. Se escucha jovial y optimista, a pesar del encierro.
“Sí
–dice–, nos levantamos en armas porque ya no teníamos de otra. Esto fue
por nuestra comunidad y nuestro estado. No entré a esto por querer ser
policía”, aclara.
Confía en que Ostula, con su Guardia Comunal, y las autodefensas sigan manteniendo a raya
a la delincuencia organizada para que ésta no regrese a la región. Se
muestra impaciente “por regresar con mi gente” y seguir construyendo un
proyecto “tipo Cherán” (otra comunidad indígena michoacana, ésta
purépecha, que ha recuperado su tranquilidad, ha expulsado a talamontes y narcotraficantes, ha desarrollado instituciones propias de educación y salud y que avanza en su proyecto autonómico).
Su comunidad, una esposa y dos hijos lo esperan en casa.
El
de Cemeí, sólo un caso. La imposición de las reformas estructurales
deja una estela de violencia, despojo y encarcelamientos. El actual
régimen ha sido reprobado internacionalmente por sus violaciones a los
derechos humanos. No faltará mucho para que la comunidad internacional
tenga que pronunciarse por las decenas –acaso cientos– de presos
políticos.
Zósimo Camacho*, @zosimo_contra
*Periodista
Contralínea 462 / del 09 al 15 de Noviembre 2015