Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.
MÉXICO, DF (Apro).- Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados —los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad— y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.
Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.
APLICAN LA ORDEN
Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.
Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.
El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar "las manzanas podridas" y, obedientes al mando, "aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos", dice a Proceso un militar bajo proceso penal.
La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena.
TRASLADOS INCONSTITUCIONALES
Poco antes, la primera Sala de la SCJN había definido otros criterios respecto a la reclusión de personal de esa dependencia. En marzo de ese año, concedió un amparo a tropas acusadas de delincuencia organizada para evitar su remisión a un reclusorio de máxima seguridad, a menos de que hubiera la autorización del juez militar que instruyó la causa penal.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, los ministros resolvieron que ese tipo de traslados sólo puede hacerse con autorización de un juez castrense y no por orden del director general de Justicia Militar, que es una autoridad administrativa. Precisaron que la orden de traslado debe estar "debidamente fundada y motivada", garantizando condiciones para una adecuada defensa del procesado.
Entre los afectados, algunos tenían amparos en sus procesos, pero el argumento de la justicia castrense para cambiarlos fue que el movimiento es un acto de autoridad distinto.
La propia SCJN emitió un criterio, apenas el pasado 7 de octubre, según el cual el cambio de un centro de reclusión a otro es impugnable mediante amparo indirecto en un plazo de 15 días. Algunos oficiales ya han comenzado a impugnar su traslado.
El operativo policiaco militar del pasado 16 de octubre fue similar al realizado por el Gobierno Federal el 30 de septiembre pasado, cuando efectivos de la Marina Armada de México, también con el apoyo de fuerzas federales, ingresaron a penales federales de máxima seguridad para extraditarlos a Estados Unidos o enviarlos a otros Ceferesos, a pesar de la existencia de amparos.
CUESTIÓN DE TIEMPO
El movimiento más significativo de septiembre fue la dispersión de los narcotraficantes que compartieron con Joaquín "El Chapo" Guzmán el área de Tratamientos Especiales del Cefereso número 1 del Altiplano, y que fueron testigos de las actividades previas a la fuga del sinaloense (Proceso 2031).
Entre los encarcelados en las prisiones del Ejército por cargos de delitos contra la salud existe el temor de que también sean transferidos. Sólo podría ser cuestión de tiempo, dicen sus familiares y litigantes.
El 28 de octubre, por la mañana, incluso se reunieron en distintos puntos de la Sedena en el Campo Militar número 1 para protestar contra el operativo del día 16 de ese mes, que calificaron de inconstitucional. Los manifestantes fueron acompañados por el movimiento Yosoy26, organización dedicada al apoyo de militares presos.
En conversación con Proceso, militares presos aseguraron que el general Cienfuegos ya había manifestado su interés en que los elementos acusados de delitos contra la salud fueran separados del resto de quienes están acusados de delitos netamente castrenses, como desobediencia, deserción o abuso de autoridad.
Pero la idea de "separar a las manzanas" no toma en cuenta que muchas de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) son por consigna. "Las averiguaciones de la PGJM llegan a ser ridículas o manipuladas. Parten de dichos o sospechas, anónimos telefónicos o manuscritos en pedazos de papel. Dicen que tienen informes o sospechas de que alguien se dedica a pasar información o a la protección de narcotraficantes. Y no siempre presentan pruebas", aseguran.
