domingo, 1 de noviembre de 2015

Apagón analógico: torpezas del gobierno, soberbia de Televisa

Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.
1 noviembre 2015 | JenaroVillamil | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- Errores en la operación del "apagón analógico" en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite —el próximo 31 de diciembre—, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el "encendido digital".

Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Un estudio de la firma Nielsen-Ibope, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil sino 645 mil regiomontanos quienes se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3% como habían señalado un día antes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. El 72% de esas personas son de nivel socioeconómico "muy bajo", afirmó Roberto Vázquez, de Nielsen-Ibope, en conferencia de prensa convocada por la CIRT.

Los datos de Nielsen-Ibope fueron la señal de arranque de la intensa campaña mediática.

Azcárraga Jean afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la fecha límite para el apagón debía aplazarse unos meses para no afectar a la población de escasos recursos. "Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión", afirmó el presidente de Televisa, quien por primera vez hizo una declaración pública en sentido contrario a una política gubernamental peñanietista.

NO PODRÁN VER TELE...

Extrapolando la cifra de 16% de la población sin acceso a la señal televisiva —analógica ni digital—, Azcárraga afirmó que más de 7 millones de mexicanos no podrían ver televisión.

En sincronía con la CIRT y la propuesta de Azcárraga, el 22 de octubre los senadores Javier Lozano, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron dos iniciativas de reforma al artículo 5 transitorio en materia de telecomunicaciones para aplazar el apagón: que sea el 31 de diciembre de 2016, propuso el panista; o el 30 de junio del mismo año, dijo el perredista.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró su apoyo al aplazamiento del apagón, sin tomar en cuenta que varios legisladores de su bancada se opusieron de inmediato, principalmente Dolores Padierna, Luis Sánchez y Angélica de la Peña.

En la bancada del PAN, Javier Corral acusó a Lozano y Robledo de formar parte de un "nado sincronizado" para favorecer a las televisoras. En un memorándum dirigido a los legisladores de su bancada argumentó que modificar la reforma retrasará la competencia en televisión abierta, protegerá a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la frontera y vulnerará el proceso de licitación de la "red compartida" en la banda de 700 Mhz.

Fue más allá y acusó de mentiroso a Azcárraga. Afirmó que no es cierto que Televisa hubiera invertido para estar preparado para la transición de la tecnología analógica a la digital. Citando datos del IFT, el chihuahuense afirmó que del total de señales complementarias en televisión (846) sólo 67 operan bajo el sistema digital, 313 tienen solicitud de migración y más de 55% (466) ni siquiera han hecho esa solicitud.

Los titubeos pusieron en un predicamento a la bancada del PRI, cuyos votos son esenciales para lograr una reforma constitucional. Su líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que eran "sensibles" al reclamo de la CIRT y de Televisa, pero en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada, metió el freno y señaló que escucharían a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, encargada del reparto de televisores digitales), el IFT y la SCT antes de tomar una decisión.

EL GOBIERNO SIGUE EN LO SUYO

El 29 de octubre, tras una semana de presiones, la SCT y la Sedesol reiteraron que hay condiciones para cumplir "en tiempo y forma" la entrega de los 3.2 millones de televisores digitales faltantes antes de la fecha límite del apagón analógico. El IFT hizo pública una carta al senador Lozano en la cual le pregunta por qué había aprobado la reforma constitucional si no estaba de acuerdo con su fecha límite.

En un comunicado, la SCT afirmó que hasta el pasado 25 de octubre se habían entregado 6.5 millones de televisores digitales en todo el país y faltan 3.2 millones por repartir de aquí al 31 de diciembre. La Sedesol sostuvo que se entregarán alrededor de 50 mil televisores diarios.

Con esta posición, las dos principales dependencias responsables del reparto de televisores digitales rechazaron la propuesta de senadores del PAN y del PRD, así como de Televisa y de diputados locales del Congreso de Morelos, para aplazar el apagón analógico.

Otro ingrediente apareció en el escenario. Versiones extraoficiales del Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, advirtieron acerca de la posibilidad de que el apagón conlleve consecuencias legales, pues afectaría el plan de inversiones de la nueva cadena de televisión digital licitada por el IFT.

Este grupo pagó mil 808 millones de pesos por 123 frecuencias de televisión digital y planea invertir 10 mil millones de pesos para alcanzar en cinco años al menos 8.5% de la audiencia televisiva. Retrasar el apagón afectaría a la nueva cadena.

¿PLEITO O DESENCUENTRO?

—¿Asistimos al primer pleito público entre dos aliados, como son el gobierno de Peña Nieto y Grupo Televisa? —pregunta el reportero a los senadores y especialistas asistentes al foro "El apagón analógico. Lo que está en juego", convocado por el senador Corral el 27 de octubre.

—No creo que haya un pleito entre Peña y Televisa —sentencia Corral—. Más bien han medido en el Gobierno Federal el mensaje de incertidumbre brutal que enviarían a la inversión extranjera si modifican una reforma constitucional. Este episodio es el colapso de todo poder cuando se cree definitivo.

"Si no hay pleito, al menos hay un forcejeo intenso. La pregunta que surge tras este episodio es, ¿quién manda en México: Televisa o Peña Nieto?", reflexiona en entrevista la senadora petista Layda Sansores.

Para Manuel Bartlett, se trata de una "presión brutal de Televisa por sus intereses. Este es un asunto de poder".

La perredista Angélica de la Peña subrayó que no existían condiciones para lograr el voto de las dos terceras partes necesarias del Senado y de la Cámara de Diputados para hacer una reforma constitucional antes del 31 de diciembre de este año.

Fuente: Proceso