CUERNAVACA, Mor. (apro).- Integrantes de organizaciones civiles de
Morelos presentaron ante el Congreso del estado una demanda formal de
juicio político contra el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, por
presuntos desvíos de recursos públicos.
Luego de realizar una manifestación, unas 300 personas de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos se apostaron en la entrada del recinto legislativo y designaron a una comisión para entregar la demanda formal a los legisladores.
Gerardo Becerra Chávez de Hita, vocero de los
inconformes, explicó que la demanda fue acompañada de documentos que
presuntamente prueban los desvíos de recursos de un crédito de más de 2
mil 806 millones de pesos, aprobado desde 2013 al gobierno de Morelos
para construir obra pública.
Al presentar el expediente a la
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso,
explicó que contiene “no menos de 50 pruebas que son indubitables para
que el Congreso actúe”.
El crédito, dijo, se aprobó para
invertirse en obra pública con fines productivos. Sin embargo, de ahí se
pagaron sueldos y salarios del Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos (IEBEM), así como deuda del 2008 al 2013; lo que hace
un total de mil 800 millones de pesos desviados.
Además,
continuó, las obras construidas con ese dinero no fueron licitadas, sino
asignadas directamente, “lo que constituye violaciones a la ley de
deuda pública”.
Diputados prometen apegarse a derecho
Los coordinadores de las fuerzas políticas al interior del Congreso se
pronunciaron por dar un trámite apegado a derecho y sin tintes
partidistas a la solicitud de juicio político contra el gobernador.
El líder de la bancada de Nueva Alianza Francisco Santillán Arredondo
dijo saber que la demanda “trae elementos válidos para su análisis”.
Aseguró que existe un compromiso de todos los diputados de darle un
análisis individual escrupuloso: “Vamos a analizarlo a fondo, vamos a un
proceso jurídico y no político”.
Desde el grupo parlamentario
del PRI, su coordinador Alberto Martínez González expresó la “abierta
disposición” de los diputados priistas para impulsar la solicitud hasta
sus últimas consecuencias, siempre y cuando los elementos que lo
soportan sean contundentes.
Para Edwin Brito Brito, coordinador
parlamentario del PT, el juicio político es un tema prioritario, pues
refleja una inconformidad y reclamo ciudadano contra el titular del
Poder Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que “es un tema que debemos
analizar con toda responsabilidad por las implicaciones que tiene”.
El líder de Movimiento Ciudadano Jaime Álvarez Cisneros se pronunció
por evitar que el trámite de la solicitud se convierta en un instrumento
de golpeteo político.
La Secretaría de Servicios Legislativos y
Parlamentarios deberá dar cuenta al Pleno Legislativo en la próxima
sesión ordinaria de la recepción de la solicitud. A su vez, la Mesa
Directiva del Congreso deberá turnarla a la Junta Política y de
Gobierno. Ahí, los coordinadores parlamentarios la analizarán y
determinarán si reúne los requisitos jurídicos necesarios para su
procedencia.
De considerarla fundada y motivada, la remitirán a
la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, encargada de desahogar su
procedimiento.
Los desvíos de Graco
El
pasado 22 de octubre, la secretaria de Hacienda Adriana Flores Garza
confirmó al Congreso del Estado que el gobierno de Graco Ramírez aplicó
más de 309 millones de pesos al pago de nómina, bonos navideños y
compensaciones a trabajadores del IEBEM. También pagó obras ejecutadas
en 2012 con recursos del crédito que la Legislatura anterior le autorizó
contratar al titular del Poder Ejecutivo en octubre de 2013.
El
presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de Morelos Alberto Mojica Linares informó que como producto de
la comparecencia de Flores Garza, recibieron documentos oficiales que
comprueban que “una gran cantidad” de los recursos del crédito de 2 mil
806 millones de pesos contratado por el gobierno de “Nueva Visión”, se
utilizó indebidamente para el pago de gasto corriente en múltiples
rubros.
El legislador destacó que en el informe presentado por la
secretaria de Hacienda se pudieron detectar “rubros diversos que van
desde el pago de nómina al IEBEM y otras instancias, por más de 200
millones de pesos que se utilizaron para gasto corriente”.
Sin
embargo, en una revisión detallada del documento “Obras y Acciones
Aprobadas Crédito”, se comprueba que fueron más de 309 millones de pesos
utilizados para tapar “huecos financieros” de la nómina del Instituto
en el año 2012, aun cuando el crédito fue autorizado el 10 de octubre de
2013.
La carpeta documenta el uso de los recursos del crédito
por más de 177 millones de pesos clasificados bajo los rubros de
“Remanentes de quincenas” del IEBEM y “Provisiones Salariales al Sector
Educativo”, correspondientes a junio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2012.
Otros 20 millones 448 mil pesos se
destinaron al “Pago por Bono Navideño para Jubilados Federalizados”,
107 millones 737 mil pesos para el “Pago Anual de Compensación por
Fortalecimiento Temporal Compactado 2013” y 3 millones 500 mil pesos
para el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la
Ejecución del Programa de Tecnologías Educativas de la Información para
el Magisterio de Educación Básica del Estado de Morelos (Foapermor).
En suma, fueron más de 309 millones equivalentes a 78.6% del total
financiero agrupado en el “Eje temático Educación” del informe “Destino
de los recursos de los créditos por tema”. Éste documenta un monto total
de 393 millones de pesos aplicado en 94 obras o demás acciones
realizadas.
La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos
interpuso al menos dos denuncias por los supuestos desvíos del
presupuesto público contra el gobernador Graco Ramírez y otros
funcionarios de su gabinete. Las denuncias fueron interpuestas desde el
año pasado y se encuentran en la Procuraduría General de la República
(PGR) en estado de integración.
Gerardo Becerra Chávez de Hita,
vocero de los inconformes, ha promovido dos amparos para que la PGR le
entregue copia de las denuncias. Sin embargo, por el momento en el que
están las denuncias, ambos recursos han sido sobreseídos en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso