11 octubre 2015 | Flor Goche | Desinformémonos
En junio de 2009, elementos castrenses torturaron a cuatro hombres (Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez) en Baja California. Casi seis años después, el 4 de agosto de 2015, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, durante su 55º período de sesiones, condenó al Estado mexicano por los hechos. Se trata de una sentencia emblemática pues es la primera decisión sobre un caso individual contra México que emite este órgano.
A través de un comunicado fechado el pasado 9 de octubre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Organización Mundial Contra la Tortura, y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste apuntan que el fallo del organismo internacional “evidencia el conjunto de malas prácticas que ha sido el caldo de cultivo para un uso endémico y generalizado de la tortura en México durante muchos años”.
A decir de José Antonio Guevara, director Ejecutivo de la CMDPDH, “la decisión también constituye una victoria importante en el combate contra la tortura y por el reconocimiento de las víctimas en México”.
El 15 de marzo de 2012, las organizaciones civiles arriba citadas presentaron una comunicación contra el Estado mexicano, la N° 500/2012, relativa a este caso. El Comité determinó, finalmente, que el Estado sí es responsable de la tortura que sufrieron estas cuatro personas; de no haber tomado medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante su detención y arraigo en instalaciones militares; de haber omitido una investigación de oficio, inmediata e imparcial sobre los hechos de tortura; de no haber reparado a las víctimas y sus familiares de los daños que se les ocasionó; y de dictar el auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
Por tanto, el Comité instó a México a iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura; a procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de las violaciones cometidas; a determinar la inmediata liberación de las víctimas de tortura; y a conceder la plena reparación.
Asimismo, el Comité reiteró a las autoridades del país la necesidad de eliminar la figura del arraigo, así como de ajustar el Código de Justicia Militar para asegurar que toda violación a los derechos humanos cometida por elementos castrenses sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.
El 16 de junio de 2009, Ramiro, Rodrigo, Orlando y Ramiro fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, Baja California, como los principales sospechosos de un secuestro. Durante su aprehensión, traslado y arraigo en las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, fueron sometidos a actos de tortura y malos tratos (golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte) para que se autoinculparan de los delitos de secuestro y posesión de armas.
A la fecha, estos cuatro hombres se encuentran en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro “Noroeste”, en Tepic, Nayarit, con graves problemas de salud a raíz de la tortura y la ausencia de atención médica adecuada.
En diciembre de 2014, Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU, dijo que la “tortura es generalizada en México” y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria.
Como consta en los Informes de Actividades Anuales y en el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2001 a mayo de 2015, el organismo autónomo recibió 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos crueles.
En el mismo periodo, la CNDH emitió 973 recomendaciones por diversos hechos violatorios de derechos humanos, dentro de los cuales se documentan 240 de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son las instancias más acusadas de cometer tortura. La primera con 30 señalamientos en las recomendaciones de la CNDH; la segunda, con 18.
Fuente: Desinformémonos.org
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