MÉXICO, D.F. (apro).- El recorte de 221 mil millones de pesos en el
presupuesto “base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la
que el Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de
millones de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime,
directora de la organización México Evalúa.
“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que
en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un
presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios
del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por
aprovechamientos.
De acuerdo con la directora de México Evalúa,
se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que
se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos
de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88
mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades
hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de
manera sistemática.
Gracias a este “presupuesto extra”, el
Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como
es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) señala cada año, explicó Jaime.
Por ejemplo, en 2013 México
Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos
al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas
definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado
33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.
“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años
estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta
a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego
considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre
el “presupuesto paralelo”.
La directora de la organización
insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para
reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues
recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y
2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros
dos años de la presente administración.
De acuerdo con Mauricio
Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres
razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce
la pobreza y la desigualdad.
Primero, sostuvo, el presupuesto
público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de
“negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos
intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que
resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con
objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.
Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para
redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De
acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus
objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.
Y cuando
existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que
los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos
vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los
padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la
prioridad del Estado”, sentenció.
José Woldenberg, académico y
expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que
en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las
riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de
los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no
progresivos, como el IVA.
En cambio, protege a las grandes
fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y
capital.
En consecuencia, después de la redistribución del dinero
recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre
otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.
Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso
político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues
“existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las
“grandes fortunas heredadas”.
Por su parte, el economista Enrique
Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de
operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el
Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían
aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos
productivos.
Provencio señaló que la inversión pública –alrededor
de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de
los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte
presupuestario y mal uso del gasto”.
El líder sindical Francisco
Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza
en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo
para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la
cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.
Ricardo
Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición
Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas
de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los
trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en
México sea el más bajo entre los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Con este salario,
la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para
luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a
cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo
que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
