Es un acto inminente de criminalización y hostigamiento por sus acciones en defensa del territorio: ejidatarios
23 octubre 2015 | Redacción | Revolución Tres Punto Cero
Ortega Luna fue acusado de motín derivado de una investigación integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), la cual conforma una denuncia penal interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros que buscan criminalizar la protesta frente a las arbitrariedades cometidas por el gobierno federal y estatal.
Ortega Luna fue acusado de motín derivado de una investigación integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), la cual conforma una denuncia penal interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros que buscan criminalizar la protesta frente a las arbitrariedades cometidas por el gobierno federal y estatal.
Según información proporcionada a Revolución TRESPUNTOCERO, por parte del Centro de Derechos Humanos Frayba, Arturo Ortega Luna, abogado del Comité Ejidal de afectados por la presa Chicoasen, en Chiapas, fue detenido hace 48 horas, pero el hecho que se dio a conocer hasta hace un par de horas. Por lo que los ejidatarios comienzan a organizarse para exigir su libertad y solicitar garantías de seguridad, para quien lleva actualmente la defensa de sus tierras.
Un par de horas antes que el día 21 de octubre llegara a su fin, el abogado Arturo Ortega Luna fue detenido por ocho policías estatales, en un retén de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, el cual conduce al municipio de San Fernando. Con explicaciones vagas y contradictorias lo trasladaron de forma inmediata al Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados Núm.14, El Amate, en el municipio de Cintalapa, en el cual frecuentemente son llevados los presos políticos.
Ortega Luna fue acusado de motín derivado de una investigación integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), la cual conforma una denuncia penal interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “y otros que buscan criminalizar la protesta frente a las arbitrariedades cometidas por el gobierno federal y estatal”, asegura Frayba.
El principal temor de los ejidatarios es que de manera arbitraria y sin apego a las leyes, se le dicte auto de formal prisión en represalia a su trabajo jurídico que ha proporcionado a los indígenas zoques opositores a la construcción de la presa Chicoasen II.
Los Ejidatarios Básicos del Comité Ejidal de Ejidatarios Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasen, afectados por la construcción de la presa Chicosen II, cuyos miembros son personas de edad avanzada, han expresado su temor a ser detenidos e inculpados de delitos que no cometieron, solamente por defender sus tierras, “del depredador gobierno estatal apoyado por el federal”, esto podría llegar a suceder, pue la PGJE ha iniciado una investigación la cual los involucra.
Los ejidatarios explican que la detención del abogado es un acto inminente de criminalización y hostigamiento por sus acciones en defensa de su territorio frente al despojo de sus tierras ejidales que de realizarse traería el desplazamiento de decenas de familias.
Luego de enterarse de la detención de Ortega Luna, los ejidatarios han exigido a Enrique Peña Nieto y a Manuel Velasco Coello, que le otorguen su libertad inmediata, pero también han solicitado a la sociedad en general, solidaridad nacional e internacional, para que envíen llamamientos en exigencia de respeto al derecho de los pueblos indígenas a defender su territorio y por la no criminalización de su lucha.
Esto sucede, en medio de la lucha que han mantenido los ejidatarios, quienes al verse afectados por la construcción de la hidroeléctrica Chicosen II, buscaron la protección jurídica para detenerla, ya que afectaría a más de 180 hectáreas de tierras ejidales de uso agrícola de los indígenas de origen zoque.
El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, el cual les otorgó la suspensión de plano provisional a pesar del cual el Consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones S.A. de C.V. continúa la obra. Quedando pendientes 52 amparos individuales en proceso, cuya asesoría legal lleva Arturo Ortega Luna.
Desde el anuncio de su construcción los ejidatarios aseguraron que la CFE está generando un conflicto social con la construcción de este tipo de hidroeléctricas, lo cual padecieron con Chicoasen l, ya que comunidades que no van serían afectadas, dieron su voto a favor a cambio de ‘beneficios’.
Explicó que con en Chicoasen l, fueron 231 ejidatarios los afectados, número que se duplicaría con la hidroeléctrica ll, en aquel momento dijeron que no estaban dispuestos a aceptar sin luchar, como lo hicieron en los años setentas. Explicando que como anteriormente sucedió, Velasco Coello relegó y marginó a los verdaderos dueños de las tierras, denunciando que el gobernador chiapaneco, paga “una miseria”, pero la energía eléctrica la cobra a altos precios, imposibles de pagar.
La construcción de la hidroeléctrica también causaría daños en tierras tabasqueñas, ya que según expertos, los municipios que integran la llamada Chontalpa Chica, serán los más afectados, por la CFE, que tiene prevista la generación de energía eléctrica y no el almacenamiento de agua, por lo que las inundaciones en la planicie tabasqueña serán más frecuentes y de mayor impacto en lo económico y social.
Prueba de ello han sido los ya constantes derrumbes, fracturas o espacios abiertos para salida de tuberías, Chicoasen ll también ha sido calificado por distintos políticos, como un jugoso negocio para unos cuantos, además que son obras de mala calidad, sin cimentación y hechas con material pésimo.
