La iniciativa de presupuesto federal para el año fiscal 2016 tiene una lógica que encuadra muy bien con el sostenimiento de los privilegios de la clase política en el poder para garantizar que los grandes empresarios sigan exentos de impuestos y gravámenes a su economía, pero a costa de sacrificar a la mayoría de los mexicanos. Por una lado se aumenta el presupuesto a las dos cámaras legislativas, tanto de senadores como de diputados, para que se sigan sirviendo a manos llenas de gastos a todas luces innecesarios y excesivos, como autos de lujo, servicios médicos privados, viajes y comidas caras.
En este mismo sentido, los sueldos de legisladores y funcionarios federales que son escandalosos y obscenos se quedan intactos, partamos de algunos ejemplos: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana mensualmente 563 mil 869 pesos, un Senador 160 mil 495 pesos, el Presidente de la República 249 mil 94 pesos, este último con un sueldo absoluto puesto que tiene todos sus gastos resueltos a cargo del erario público.
Por el otro lado está la mayoría de los trabajadores que tienen a cuestas el mantenimiento de sus familias, de los cuales 6 millones sobreviven con 65 pesos diarios, 11 millones con 130 pesos y 3 millones 500 mil de las puras propinas, porque de plano viven en la informalidad y no tienen ninguna seguridad laboral o médica ni acceso a la vivienda.
Uno de los sectores más afectados será el de la Educación, pese a que se ha anunciado la Reforma Educativa como la más importante del sexenio de Peña Nieto, el recorte previsto para el siguiente año equivale a 13 mil 700 millones de pesos, lo cual pone en riesgo la estabilidad de decenas de miles de trabajadores; la eliminación del 25% de plazas laborales eventuales anunciadas implicaría unos 25 mil despedidos tan sólo en secundarias, donde a nivel nacional hay 100 mil trabajadores en esa condición de trabajo precarizado eventual y temporal.
Para los estudiantes en precarias condiciones ambientales de aprendizaje el golpe será también duro, porque en el rubro de infraestructura escolar se espera un recorte de 2 mil 91 millones de pesos que agrava la situación de deterioro físico en la que se encuentran la mitad de las 150 mil escuelas del país; tal es el caso de Michoacán donde existen unos 1200 planteles que son de palitos y seguirán en esa pésima situación si el recorte se concreta.
El principal daño será para los padres y madres de familia porque a través de la autonomía de gestión que ya es constitucional desde 2013, serán hostigados para que participen con más aportaciones económicas para cualquier mejora, mantenimiento, construcción o modificación a los edificios escolares en el más óptimo de los casos, en otros tendrán que edificar las escuelas desde abajo.
La cuadratura de esta iniciativa fiscal cierra la pinza con el incremento al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional; es decir, el fortalecimiento de una política represiva como garantía de imposición de los intereses antipopulares de la clase gobernante y los empresarios a través de la militarización, del uso de la fuerza pública ante el riesgo de brotes de descontento que seguramente se darán por el hartazgo de la población cada vez más golpeada por las reformas de corte neoliberal.
