La Jornada - Editorial
La lamentable muerte de
ocho turistas mexicanos y las lesiones sufridas por otros seis a
consecuencia de un ataque perpetrado por fuerzas militares y policiales
cuando paseaban por un paraje desértico de Egipto, siguen sin ser
esclarecidas, a pesar de las gestiones del gobierno de México y las
promesas de las autoridades egipcias de realizar una investigación
expedita, exhaustiva y transparente, como ofreció el canciller Sameh Shoukry a su homóloga mexicana, Claudia Ruiz Massieu, quien viajó a El Cairo con los propósitos específicos de buscar una aclaración y ofrecer asistencia a las víctimas.
Para colmo, el canciller Shoukry, en una carta abierta a México,
complicó las cosas al comparar el conflicto que se desarrolla en su país
con la violencia que sufre México en el contexto del auge delictivo y
la criminalidad organizada. Tal señalamiento causó molestia en el
gobierno nacional, el cual respondió, por voz del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se trata de
dos contextos totalmente distintos.
De esta manera, además de la tragedia de la pérdida de vidas y
de las personas lesionadas, así como de la angustia e incertidumbre de
los familiares de las víctimas, se suma un indeseable roce diplomático
entre los dos gobiernos.
La circunstancia es delicada. Ciertamente, la prioridad del momento
debe ser asistir a los sobrevivientes del ataque y a los parientes de
los fallecidos en este difícil trance, pero también es necesario pugnar
por el pleno esclarecimiento y la procuración de justicia ante una
agresión injustificable que, para mayor complicación, tiene como telón
de fondo la crisis política en curso en el país árabe: el ataque, en
efecto, ocurrió un día después de la renuncia del primer ministro
Ibrahim Mehleb, quien permanece en el cargo en calidad de interino y ha
sido encargado por el presidente Abdul Fattah al-Sisi de encabezar la
investigación del episodio.
En tales condiciones, las autoridades nacionales deben operar con un
cuidadoso equilibrio entre la firmeza y la prudencia, no sólo para
aliviar la situación de los heridos y de los deudos de los fallecidos,
sino también para evitar que el ataque y sus secuelas provoquen un
perjuicio grave a las relaciones bilaterales.