MÉXICO, D.F. (apro).- La noche del 26 de septiembre del 2014 fue
aciaga. En una acción organizada 43 estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa fueron detenidos a la fuerza por policías de los municipios
de Iguala, Cocula y Huitzuco para desaparecerlos la madrugada del 27.
A partir de entonces los familiares de cada uno de ellos ha
peregrinado por el mundo exigiendo que aparezcan vivos y el gobierno de
Enrique Peña Nieto, por su parte, únicamente ha dado traspiés en sus
investigaciones ahondando su peor crisis de credibilidad cuando apenas
está a la mitad de su gobierno.
Desde el principio nadie creyó en la versión gubernamental sobre la
incineración de los cuerpos de los jóvenes a manos del crimen organizado
y también se cuestionó la veracidad de los testimonios presentados y la
evasión de indagar la participación del 27 batallón de infantería
instalado en el cuartel militar de Iguala, así como de la policía
federal. Fue también evidente que ocultó pruebas importantes que ahora
han salido a flote con el informe de los peritos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Tras un año de fracasos escandalosos en su intento de justificar lo
ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa como un asunto meramente
policiaco y de ajuste de cuentas entre el narcotráfico, la opacidad en
las investigaciones del gobierno peñista sólo han evidenciado la
colusión y simbiosis entre distintos niveles de gobierno y el crimen
organizado.
La confirmación de la existencia del narco Estado o el narcogobierno y
la prueba de qué pudiera estar detrás de la desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa es lo que más preocupa al gobierno de Peña
Nieto. Es más que claro que hubo contubernio entre las policías
municipales, estatal, federal y el Ejército en la acción coordinada para
desaparecer a los 43 jóvenes.
El quinto autobús que tomaron equivocadamente los estudiantes y que
presumiblemente estaba cargado de heroína, habría sido una de las causas
por las que se ensañaron con los normalistas. Hasta que la comisión de
expertos de la CIDH puso acento en la existencia de esa línea de
investigación que la PGR quiso hacer a un lado, es que el gobierno
mexicano puso atención a este punto que puede explicar mucho de lo
acontecido la noche del 26 de septiembre.
No se trata, como algunos han dicho y escrito, de la corroboración de
que algunos de los estudiantes estaban con un grupo criminal, Los
Rojos, y que sus adversarios Los Guerreros Unidos, actuaron
violentamente para atacar a sus contrarios.
Se trata más bien de la confirmación de que la línea de autobuses de
la que lamentablemente tomaron una unidad los estudiantes, es parte de
las rutas del tráfico de goma de opio de los carteles de Guerrero hacia
los Estados Unidos y que las autoridades mexicanas al parecer no querían
que se revelara porque podría haber autoridades políticas y militares
metidas en el negocio.
Un año después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en
Iguala, el grito desesperado de los familiares exigiendo su aparición
vivos sigue siendo una demanda incumplida. Ese fue el verdadero grito
que se escuchó en el zócalo la pasada noche del 15 de septiembre
mientras en el balcón presidencial Enrique Peña Nieto se vestía de
oropel ondeando una bandera que le queda muy grande.
Fuente: Proceso